Después de dos años en prisión, un juez federal concedió al contador Javier Nava Soria el beneficio de llevar en libertad y con brazalete electrónico el proceso por presuntamente estar implicado en la constitución de empresas utilizadas para los desvíos millonarios de Javier Duarte.
Juan Carlos Ramírez Benítez, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la libertad provisional, al estimar que Nava tiene arraigo en Atizapán, Estado de México, y no existe riesgo de fuga.
El viernes, en una audiencia que duró un poco más de seis horas, el juzgador también impuso a Nava el uso del brazalete electrónico, las prohibiciones de salir del país y acercarse a los testigos del proceso, la entrega de su pasaporte y la presentación periódica a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares.
“Se diligenciaron dos testimoniales y cinco pruebas documentales, más la evaluación de riesgos que había salido positiva en diciembre de 2018. Se determinó en esa evaluación de riesgos, que es lo fuerte que tomó en cuenta el juez de control, que Javier Nava Soria no presentaba un riesgo de sustracción de la justicia porque tenía arraigo familiar y laboral”, dijo Israel Trujillo, abogado del procesado.
“El argumento fue que ya no subsistían las condiciones por las cuales en su momento le habían dictado la prisión preventiva justificada”.
Trujillo explicó que ahora sólo resta que, como defensa, suscriba un contrato de arrendamiento con una empresa especializada en geolocalizadores, para colocarle el brazalete y finalmente pueda abandonar el Reclusorio Norte, lo que estimó que ocurrirá la próxima semana.
Nava fue encarcelado en el Reclusorio Norte el 20 de febrero de 2018, tras ser deportado de España, y a la fecha se encuentra a la espera de que le fijen fecha de audiencia para la apertura de un juicio por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Es acusado de participar en la trama de desvíos de Javier Duarte al haber sido el apoderado legal de Consorcio Brades, una empresa facturera que mediante triangulaciones recibió recursos del Gobierno de Veracruz y luego empleó 223 millones 800 mil 963 pesos para adquirir unos predios en Campeche cuyo valor era 18 mil veces menor al pagado.
Esta operación inmobiliaria es considerada por la Fiscalía General de la República como una simulación para triangular recursos del erario a los principales testaferros de Duarte, quienes eran los propietarios de los terrenos adquiridos por Brades.
Con la inminente liberación de Nava Soria, Javier Duarte será el único de los imputados que permanece en la cárcel por el expediente federal que fue judicializado por los desvíos y lavado de recursos públicos durante su Gubernatura.
Fuente: Reforma
