Por Carlos Murillo Gonzáles
Ante los signos de tristeza y enojo de la sociedad mexicana frente a la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa por su desaparición forzada el 26 de septiembre, pasa desapercibido el otoño, esa época del año donde suceden los grandes cambios en este país. De todos los sucesos deplorables de injusticia en México, ¿cómo es que éste en particular cala tan hondo y despierta las múltiples protestas incluso más allá de nuestras fronteras poniendo a temblar al Estado mexicano?
Ni los estudiantes asesinados en Villas de Salvárcar (enero del 2010) ni los bebés calcinados de la Guardería ABC de Sonora (junio del 2009) ni los excesos de San Salvador Atenco (mayo del 2006) o los más recientes del fusilamiento de 22 supuestos “narcos” en Tlatlaya por el ejército (junio del 2014) tan sólo para mencionar algunos de los más notables, han despertado tanta movilización social. No se trata de minimizar ningún hecho en sí, sino de observar que ninguno de ellos u otros más antiguos como las masacres de Acteal (diciembre de 1997) o Aguas Blancas (junio de 1995) han indignado tanto al mexicano(a) al grado de poner al sistema político en jaque.
El gran problema del pueblo mexicano es su clase gobernante, corruptible hasta el tuétano. La historia política de México es la sucesión de esfuerzos (sociales) por combatir esa plaga y hacer una nación más justa y equitativa. País rico y empobrecido, por alguna razón todavía desconocida, es durante el otoño cuando hace posible los cambios de régimen, aunque a base de grandes esfuerzos y sacrificios en periodos más bien largos, como es notable en la Guerra de Independencia (1810-1821) y la Revolución Mexicana (1910-1917) ambas iniciadas en el otoño (septiembre y noviembre, respectivamente).
Hoy hemos retrocedido un siglo con las “reformas” del retornado Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en contubernio con el resto de los partidos políticos (burgueses) han vendido al país despojando al pueblo de sus riquezas y derechos ganados a sangre y fuego. El PRI actual no tiene nada de revolucionario y sí mucho de conservador y retrógrada. Con el neoliberalismo como bandera económica y el entreguismo como política servilista, principalmente hacia Estados Unidos y las grandes firmas transnacionales, México no está muy lejos de desaparecer como nación (balcanización) sumida desde hace años en un caos de violencia, próxima a ser repartidas sus riquezas naturales, principalmente el petróleo, entre intereses particulares favorables a Washington.
El Estado mexicano no podrá mantenerse tal cual por largo tiempo. Es mucho el enojo y varias las “zonas calientes” del país. De Guerrero a Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua o Michoacán, hay “focos rojos” de alerta por la violencia desatada y son más bien pocos los estados que pueden presumir cierta estabilidad política-económica y sobre todo, pacífica. los constantes asesinatos, ataques y amenazas a activistas y periodistas éticos son un síntoma agudo y visible del deterioro del Estado, de la misma manera que los medios deshonestos como los de Televisa o Milenio y los grupos paramilitares del narco o de las fuerzas armadas estatales son percibidas vivamente al servicio político de gobernantes y empresarios en ese engendro llamado “terrorismo de Estado”.
En el estado de Chihuahua vivimos todavía y pese al hipócrita discurso oficial repetido por políticos y empresarios de “haber recuperado la paz”, una violencia exacerbante e inmerecida. Aunque los grandes medios televisivos, radiales e impresos callen o se autocensuren con lo que está sucediendo en la Sierra Tarahumara o no mencionen palabras como “ejecutado” o “narco” (ya se sabe las grandes cantidades de dinero que les destina el gobernador para publicidad) es imposible ocultar las matanzas constantes en Guachochi o Parral, las desapariciones forzadas en Cuauhtémoc o los crímenes de alto impacto en Ciudad Juárez.
Chihuahua también es escenario de gran indignación social: los accidentes mortales sin justicia del Aeroshow y la fábrica Blueberry en 2013, los despilfarros cínicos del gobernador César Duarte, su agenda receptiva hacia el posible próximo advenimiento en el estado del fracking (técnica ecocida para extraer del subsuelo gas no convencional) y no menos importante, las acusaciones legales hechas por el activista Jaime García Chávez a Duarte y parte de su gabinete por peculado, son elementos que se suman al dominio público y exigen respuestas. La pesadilla de los corruptos apenas comienza.
A más de cinco semanas de la desaparición de los 43 normalistas, las protestas no han cesado ni disminuido. La economía va mal, las violaciones a derechos humanos no cesan y la clase política, como mafia, busca protegerse a sí misma guardando un bajo perfil y haciendo acuerdos entre ellos, pues no saben cómo salir del embrollo. La polarización social es por demás evidente entre la mayoría de las y los excluidos del régimen y la élite beneficiaria del mismo. Si la dialéctica no falla (materialismo) este otoño estamos entrando a un ciclo de cambios trascendentales para México.
