Cercano a Enrique Peña Nieto desde sus tiempos en el Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes ha sido uno de sus “apagafuegos”. Sin embargo, el nuevo comisionado es un personaje oscuro. ‘Su desempeño no tiene que ver con su capacidad como funcionario, sino con la amistad. Él trabaja para el jefe, no para la sociedad’, advierte Luis Sánchez, ex procurador mexiquense
Por Jenaro Villamil/ Proceso
“Tú debes buscar a una niña muerta, no a una niña desaparecida”, le advirtió Luis Cárdenas Palomino —segundo hombre fuerte de Genaro García Luna en el sexenio calderonista— a su amigo Alfredo Castillo Cervantes en marzo de 2010.
En esa época Castillo Cervantes era subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y responsable de la investigación de la niña Paulette Gebara Farah, desaparecida entre el 21 y 22 de ese mes en Huixquilucan.
Hoy Castillo es comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. En privado admite que la recomendación de Cárdenas Palomino fue determinante para la solución de aquel caso, uno de los más escandalosos en los tiempos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Y así fue. Castillo “salvó” de la peor crisis mediática al gobierno peñanietista, pese a que muchos consideraron fantasiosa y poco creíble la versión de que la menor murió accidentalmente en su propia cama. Decenas de agentes, reporteros y familiares estuvieron en el mismo cuarto donde después apareció el cuerpo de Paulette, en el llamado “colchón asesino”.
Castillo le dio carpetazo al asunto. Semanas después, en mayo de 2010, sustituyó a su amigo Alberto Bazbaz Sacal como titular de la Procuraduría mexiquense; éste había lanzado en cadena nacional de televisión la versión de que no había duda de que “se trató de un homicidio”.
Meteórica carrera
En menos de un lustro, el joven licenciado en derecho por la UAM y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Iberoamericana ha tenido una meteórica carrera: fue procurador mexiquense hasta el primer año de la administración de Eruviel Ávila, con quien tuvo roces constantes por su “protagonismo mediático”; responsable del área de Justicia en el equipo de transición de Peña Nieto.
El 1 de diciembre de 2012 asumió como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la PGR, con línea directa con el Primer Mandatario; en mayo de 2013 sustituyó a Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tras el escándalo conocido como “Lady Profeco” y el pasado miércoles 15 un decreto presidencial lo convirtió en el “hombre fuerte” de Peña Nieto en Michoacán.
Como operador personal de Peña Nieto y “apagafuegos” de crisis con alto impacto mediático, Castillo Cervantes jugó un papel clave en la investigación y el expediente de la explosión de la Torre B2 de Pemex el 31 de enero de 2013, y en detallar las operaciones ilícitas que condujeron a la detención de la profesora Elba Esther Gordillo, ex aliada de Peña Nieto, en febrero del mismo año. El elbazo es considerado el “golpe espectacular” más importante de la administración peñanietista.
‘Igual de mala’
Con estos antecedentes, Castillo Cervantes sustituyó a Humberto Benítez Treviño en la Profeco, luego del escándalo de su hija Andrea Benítez, quien mandó a cerrar un restaurante de la colonia Roma en el Distrito Federal porque, dijo, no fue atendida a su gusto.
El escándalo #LadyProfeco —el hashtag de Twitter duró 20 días—, como antes el de Paulette, afectó mediáticamente a Peña Nieto y provocó una disminución en los índices de popularidad del mexiquense. En ambos estuvo Castillo Cervantes para revertir los escándalos.
Pocos recuerdan que su ascenso a la Procuraduría mexiquense se dio el 25 de mayo de 2010, al día siguiente de que María de las Heras, de la empresa Demotecnia, publicó una encuesta en el diario español El País, donde consignó una fuerte caída en la popularidad de Peña Nieto por el caso Paulette.
A la pregunta de “¿Después de ver cómo manejó la Procuraduría estatal el asunto de la niña Paulette, su opinión sobre el gobernador Enrique Peña Nieto es mejor o peor?”, 45% contestó que peor y 12% “igual de mala”.
Las encuestas internas elaboradas por Ipsos Public Affaire y Buendía & Laredo para el Gobierno mexiquense consignaron también una fuerte afectación en la percepción pública sobre el trabajo de Peña Nieto y peor para su procurador Bazbaz.
En contraste, la detención de Elba Esther Gordillo, operada en absoluta confidencialidad por Castillo Cervantes, le otorgó a Peña Nieto los más altos índices de aceptación en el arranque de su gobierno federal.
¿Comisionado o Virrey?
Como en las crisis anteriores, la decisión de emprender un operativo militar y de seguridad en Michoacán se tomó en el gobierno de Peña Nieto tras una fuerte presión externa, diplomática y mediática.
El jueves 9 el Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta para que sus ciudadanos evitaran viajar a Michoacán y Guerrero porque grupos de autodefensas operan independientemente del gobierno en muchos casos. “Aunque no son considerados hostiles a extranjeros o turistas, desconfían de extraños y deben ser considerados volátiles o impredecibles”, aconsejó.
En paralelo, las notas de los principales periódicos y medios anglosajones como The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, Boston Journal, así como las cadenas televisivas BBC y CNN destacaron la lamentable situación de inseguridad y la confusión de la estrategia gubernamental frente a los grupos de autodefensa.
Ante esta situación, el miércoles 15 Peña Nieto emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación para crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán con atribuciones que rebasan las de otras figuras similares, como la Comisión para la Concordia y Pacificación en Chiapas, creada en enero de 1994 por Carlos Salinas de Gortari, a raíz de la irrupción del EZLN.
LAS FUNCIONES
El titular de esa comisión, Alfredo Castillo Cervantes, tendrá entre sus funciones las siguientes:
–Coordinar a las autoridades federales “para el restablecimiento del orden y la seguridad” en Michoacán y “su desarrollo integral” que abarque “todos los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública”.
–”Formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientados a la prevención del delito, fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.”
–Promover la coordinación de las autoridades locales y municipales de Michoacán con las federales.
–Establecer mecanismos de coordinación entre el Procurador general de la república y el procurador de Michoacán.
–”Disponer, ordenar y coordinar” las acciones de apoyo y auxilio social de la fuerza pública federal.
–”Solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas, en términos de disposiciones aplicables, a fin de dar cumplimiento al decreto.”
–”Solicitar a la Secretaría de Gobernación la remoción o designación de servidores públicos federales” en Michoacán.
Frente a estas atribuciones, el senador Luis Sánchez, vicecoordinador de la bancada del PRD y ex líder de su partido en el Estado de México, advierte: “Es una forma de decretar la desaparición de poderes en Michoacán”.
—¿Es una violación a la ley? —se le pregunta.
“Es una forma sutil de saltar las leyes. En la práctica y en la realidad, Peña Nieto está nombrando un virrey”.
Conocedor de las maneras y estilos de gobernar de los priístas en el Estado de México, el vicecoordinador compara esta decisión con lo ocurrido en 2009, cuando el tricolor recuperó el llamado “corredor azul-amarillo” en los municipios conurbados de la entidad con el Distrito Federal que antes gobernaban el PAN y el PRD: Ecatepec, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Ciudad Neza, Chimalhuacán y Huixquilucan, entre otros.
“Peña nombró directamente o a través del secretario general de Gobierno (Luis Enrique Miranda Nava) o del titular de la Agencia de Seguridad Estatal (David Garay Maldonado) a los jefes de las policías municipales, a los delegados del Ministerio Público y en varios casos hasta los tesoreros. Era el control total”, abunda Sánchez.
Proceso solicitó una entrevista con el nuevo comisionado de Michoacán para abundar sobre sus atribuciones, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Fuente: Proceso
