Diversas organizaciones especializadas en temas de transparencia y rendición de cuentas llamaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a aclarar el despido de la directora general de auditorías forenses, Muna Dora Buchahin, y alertaron que es preocupante la falta de información sobre el supuesto conflicto de intereses del que se le acusa a la funcionaria.
A través de un comunicado conjunto –firmado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Oxfam y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, entre otros–, los colectivos destacaron en primer lugar que Buchahin fue una de las encargadas de documentar la existencia de “presuntas redes de corrupción por cerca de 7 mil millones de pesos”.
De igual forma, advierten que esta remoción “se da en un contexto de otros cambios relevantes al interior de la institución, como son la destitución del titular de la Unidad de Gasto Federalizado, Salim A. Orci Magaña, y del Auditor de Cumplimiento Financiero, Javier Pérez Savedra, ex auditor interino, cambios de los que se tiene conocimiento sin que se hayan dado a conocer a la opinión pública las razones que los motivaron”.
Luego de recordar que la remoción de Buchahin fue explicada por la propia ASF como resultado de un supuesto conflicto de intereses de la funcionaria, las organizaciones resaltaron que la Auditoría debería informar también si inició una investigación al respecto y si encontró alguna irregularidad bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente.
“No es un asunto menor y debe quedar claro si se consumó o no un potencial conflicto de intereses. Preocupa que, hasta ahora, no se cuenten con elementos del conocimiento de la opinión pública y de los legisladores que permitan fundar y motivar las remociones que se han realizado al interior de la ASF”, indicaron las organizaciones en su pronunciamiento.
Asimismo, destacaron que “es fundamental la certidumbre jurídica en este rubro para evitar especulaciones que mermen la labor de la Auditoría como integrante clave de los esfuerzos institucionales del Estado mexicano contra la corrupción”.
Por ello, dijeron, “insistimos en la relevancia de aclarar, con la mayor precisión posible y respetando el debido proceso, cualquier acusación hecha a funcionarios de la ASF. Es fundamental, en caso de que se presenten las denuncias respectivas ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que esta procese, de manera clara y apegada a derecho, todas las investigaciones que permitan determinar si existen o no responsabilidades de esta ex funcionaria u otros servidores públicos en su labor dentro de la ASF y que se informe oportunamente a la sociedad”.
Unos minutos más tarde, la Auditoría respondió al anterior señalamiento a través de un comunicado en el cual manifestó que con la llegada de su nuevo titular, David Colmenares Páramo, la institución eligió un proyecto que “requiere de innovación institucional”.
Los dos objetivos principales de dicho proyecto de “reestructuración”, dijo el organismo, son “aumentar su impacto” en el Sistema Nacional Anticorrupción y que sus funcionarios “no tengan negocios relacionados con las actividades que desempeñan”.
Añadió que “está prevista la creación de un área de control de calidad y seguimiento de auditorías; la conformación de equipos multidisciplinarios para la revisión de temas relevantes, así como la emisión de informes integrales que incorporen diversos enfoques de auditoría sobre temas de interés público”.
De igual manera, destacó que el organismo llevará a cabo las mil 591 auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017. “Ninguna revisión se verá afectada por la renovación de cuadros”, puntualizó.
La ex directora general de auditorías forenses indagaba desvíos en Sedesol y Sedatu por más de siete mil millones de pesos.
Fuente: La Jornada
