Daniel Aguilar Treviño, asesino material del exsecretario General del PRI Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994, recibió un amparo de un tribunal federal mediante el que se ordena reponer el proceso en su contra y abre la posibilidad de reducir su sentencia establecida originalmente en 50 años.
Ruiz Massieu junto a Carlos Salinas de Gortari
Con el beneficio legal otorgado por el Tercer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México debido a que no recibió una “adecuada defensa”, además la Procuraduría General de la República (PGR) y la de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) deberán investigar si fue víctima de tortura como él argumentó.
Según los magistrados existió un “conflicto de interés” debido a que en las declaraciones preparatorias el abogado defensor era el mismo que el de los otros acusados por el crimen y las declaraciones de cada uno afectaban al otro.
Desde su captura, Proceso ha documentado las diferentes hipótesis sobre el asesinato de Ruiz Massieu ocurrido la mañana del 28 de septiembre de 1994. Ese día fue atacado por Aguilar Treviño, de origen tamaulipeco, al abordar su automóvil, un Buick de cuatro puertas con placas de circulación 972 GCS.
El homicida le disparó al priista a la altura del cuello con una pistola nueve milímetros. Según confesó en su momento Aguilar Treviño, trató de realizar un segundo disparo pues no sabía si había logrado su objetivo pero se le encasquilló la pistola y decidió huir pero fue capturado minutos después.
Ruiz Massieu fue atendido en el Hospital Español, donde murió casi media hora después. Hasta ahora, las autoridades no han procesado a ninguno de los autores intelectuales de su homicidio.
De las razones que tuvo para asesinar al esxecretario General del PRI, Aguilar Treviño dio distintas y hasta contradictorias versiones. Tras su captura dijo que era un hombre iletrado que no había ido a la escuela y que era originaro de Guerrero.
Ya en la cárcel, en una ocasión recibió al periodista de Proceso Álvaro Delgado a quien le propuso contarle toda la verdad del complot orquestado por Fernando Rodríguez González y el entonces diputado Manuel Muñoz Rocha, de quien no se sabe nada hasta hoy. En aquella ocasión ofreció contar al reportero “toda la verdad” del caso a cambio de un pago pues necesitaba pagar protección en la cárcel.
El pago fue negado pero el periodista confirmó con el asesino confeso un dato que había publicado El Universal.
—¿Es cierto lo que le dijiste a El Universal? ¿Fuiste paracaidista y entrenado en Estados Unidos? ¿No eres analfabeto?—le preguntó.
—Claro que es cierto. Y tengo contactados a los senadores Alfredo Ling Altamirano y Norberto Corella para que me ayuden. Ojalá me ayudes a contactar a Manuel Camacho, a Cuauhtémoc Cárdenas y a López Obrador—le dijo.
Según la versión de Álvarez Treviño, se trató de un complot para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, en el que Raúl Salinas de Gortari quedaba como una más de las múltiples piezas de una conspiración macropolítica, fraguada por el propio Carlos Salinas de Gortari con el auxilio de José Córdoba Montoya.
Ruiz Massieu al lado de Colosio, también asesinado
En enero de 1997, Proceso publicó una entrevista con Fernando Rodríguez González, uno de los autores intelectuales del asesinato de Ruiz Massieu, sentenciado a 50 años de prisión pero en diciembre de 1996 logró reducir su pena a 37 años.
En aquella ocasión se quejó de que sólo se habían desprendido condenas para “colaboradores menores” y que Muñoz Rocha, probablemente estaría vivo “y en muy buenas condiciones”.
Molesto, sostuvo en esa ocasión su versión de que el crimen de Ruiz Massieu surgió a raíz de una reunión celebrada en marzo de 1993, en la que la familia Salinas —con el padre, Raúl Salinas Lozano, y los hermanos Raúl, Carlos y Adriana— dispuso deshacerse de los políticos “que ponían en riesgo el proyecto salinista”.
Este objetivo, insistió, fue compartido por algunos dirigentes priistas que con antelación estuvieron enterados de los planes. Entre ellos, señaló al secretario privado del expresidente, Justo Ceja, y a Hugo Andrés Araujo, Jaime de la Mora, Ignacio Ovalle y María de los Ángeles Moreno.
Como resultado de las declaraciones que Rodríguez González hizo en febrero de 1995 ante Pablo Chapa Bezanilla, Raúl Salinas fue encarcelado en el penal de Alta Seguridad de Almoloya, bajo la acusación de ser autor intelectual del homicidio.
Carlos Salinas de Gortari, en tanto, se vio obligado a abandonar el país y nadie más de la familia Salinas ha sido llevado a la cárcel, pese a los señalamientos directos de Rodríguez González.
