Por considerar que se trata de “capítulos oscuros” de la historia reciente del país que deben conocerse, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a dar conocer versión pública de las declaraciones ministeriales del ex presidente Luis Echeverría y los funcionarios, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos, contenidas en la averiguación previa AP PGR/FEMOSPP/02/2002, relacionada con la denominada Guerra Sucia.
De acuerdo a la resolución del INAI, en la versión pública, únicamente podrán testar el nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, ocupación, trayectoria laboral, CURP, RFC, números telefónicos, religión, instrucción escolar, en su caso, rasgos fisonómicos y todos aquellos que identifiquen o hagan identificables a las personas en su calidad de testigos, víctimas e inculpados.
En consideración del comisionado ponente, Joel Salas “el derecho de acceso a la información pública permite a la población conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir o reescribir la historia política reciente de nuestro país desde distintas perspectivas y con distintas miradas. Sin la información de esos documentos, esto no será posible, entender el pasado para cambiar el presente y redefinir el rumbo del futuro”.
En este contexto, Salas aludió a la iniciativa de Ley General de Archivos que está en el Congreso, la cual, dijo, debe salvaguardar el derecho de acceso a la información contenida en los archivos históricos.
“La información pública de los archivos nos ayudará a construir la verdad de hechos como la Guerra Sucia y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971 de forma plural e incluyente. Es nuestro derecho y la clave para que nunca más sucedan atrocidades en nuestro país. Combatir la impunidad del pasado es combatir la impunidad del presente”.
Sobre el tema en particular, en su respuesta, la PGR pretendía entregar copias simples de una versión en la que nos se identificara al funcionario que estaba declarando, lo cual para el INAI se consideró improcedente en virtud de tratarse de personas que ejercieron una función púbica, por lo que deberá entregarse una versión pública identificando lo declarado por cada funcionario.
Fuente: La Jornada
