Ordenan detener a 10 implicados en caso de Gómez Mont

0
Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, publica El Universal.

Fuentes federales confirmaron que el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Entre las personas que serán buscadas por las autoridades, se encuentran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; así como Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales del organismo.

También se espera detener a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico; y a Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Haban son las otras cinco personas contra las que ya hay órdenes de aprehensión, pues son señaladas por su presunta participación en las empresas utilizadas para desviar los recursos provenientes de contratos otorgados por OADPRS

La FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.

Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.

En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.

Fuente: El Universal/ SinEmbargo

Comments are closed.