La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar en versión pública la investigación que realizó por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como las declaraciones de 36 militares que fueron entrevistados sobre los hechos.
Consistente con las resoluciones que sobre el tema ha emitido con anterioridad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó que la reserva invocada por la PGR en el sentido de que se trata de información reservada por tratarse de una averiguación previa no es procedente, ya que se trata de sucesos en los que se puede presumir que hubo violaciones graves a los derechos humanos.
La comisionada ponente, Areli Cano, expuso en la sesión pública que el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aún vigente, establece como excepción a la reserva de las investigaciones criminales el hecho de que se esté ante la presunción de la existencia de violaciones a las garantía fundamentales.
“Al tratarse de una averiguación previa que se encuentra en trámite resulta aplicable la causal de reserva contemplada en el artículo 14, sin embargo, existe una excepción prevista en el último párrafo del precepto referido, la cual señala que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de una investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”, apuntó.
Sobre los acontecimientos, resaltó Cano, no sólo el INAI ha considerado que se está ante sucesos que pueden constituirse como vulneraciones graves, también otras instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han pronunciado en el mismo sentido.
En su argumentación para negar la entrega de la información, refirió el comisionado Joel Salas, la PGR señaló que dentro de su investigación no había demostrado que se tratara de violaciones graves a los derechos humanos, sino que se trata de otros ilícitos diversos, como el de delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud.
“Evidentemente nosotros, a través del proyecto que nos propone la comisionada Cano y como hemos resuelto en otros muchos recursos sobre los sucesos de Ayotzinapa, hacemos esta interpretación a primera vista de que sí hay violaciones graves”, indicó.
En los documentos que deberán ser entregados, aclaró Cano, sólo se podrá testar aquella que sea confidencial referente a los datos relativos a la identidad de víctimas, testigos y funcionarios que participaron en la investigación, sin que se pueda omitir el nombre de los declarantes.
Fuente: Reforma
