La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó al sindicato minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, a repartir 54 millones 84 mil 470 dólares a miles de trabajadores que laboraron para la empresa Minera Cananea.
De acuerdo con Reforma, luego de siete años de litigio, la JFCA resolvió favorablemente las demandas presentadas por varios grupos de trabajadores, que alegaron que el sindicato nunca les entregó los recursos que habían sido depositados para su beneficio por el consorcio Grupo México en un fideicomiso, mismos que quedaron bajo control del gremio a partir de marzo de 2005.
El presunto manejo indebido de estos recursos es el que ha llevado a acusaciones por fraude y lavado de dinero contra Gómez Urrutia, exiliado en Vancouver, Canadá, desde hace siete años.
“Se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana a hacer efectivo en favor de los actores el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional y equitativa de la cantidad de 54 millones 84 mil 470 dólares, que el extinto fideicomiso 10964526 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005, pagadera en moneda de curso legal”, dice el laudo dictado por la Junta Especial Número Diez de la JFCA.
Según Reforma, si bien la resolución menciona a unos 800 trabajadores, el fallo agrega que se deberá abrir un incidente de liquidación para conocer el total afiliados de la Sección 65 del Sindicato que en 1990 laboraban para Cananea y que, por tanto, tienen derecho a este beneficio, de tal manera que se pueda hacer la repartición equitativa del dinero.
También está previsto que el pago final a los trabajadores incluya los intereses que hubieran podido acumularse por la inversión de este capital en los últimos ocho años.
Si bien el laudo fue dictado desde el pasado 26 de octubre, fuentes cercanas al caso informaron que la JFCA comenzó a notificarlo a los trabajadores a finales de enero, y que es probable que el sindicato también ya fue notificado.
El sindicato tiene derecho a promover un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, que tendrá la última palabra sobre el caso.
El origen de este asunto se remonta a 1990, cuando Grupo México compró a Mexicana de Cananea, que estaba en suspensión de pagos, y se comprometió a darle al sindicato una participación accionaria de 5 por ciento, de acuerdo con Reforma.
Fueron necesarios 14 años de negociaciones entre el sindicato y la empresa para llegar al acuerdo, en octubre de 2004, de transferir 55 millones de dólares al fideicomiso en Scotiabank, de los que se restó un millón de dólares por los gastos del gremio durante dichas negociaciones. Posteriormente, el sindicato y el banco acordaron extinguir el fideicomiso.
“La obligación que asumió el sindicato por la extinción del fideicomiso no fue la de distribuir a su arbitrio el capital revertido, sino distribuir proporcionalmente dicho capital entre los trabajadores”, agrega el laudo de la JFCA, que consideró que no está probado que se hubieran realizado dichos pagos.
