La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como víctimas de la masacre de San Fernando a familiares de dos salvadoreños y obligó a la PGR a darles acceso a los expedientes, en una decisión que sentó precedentes para otras víctimas de la violencia en México.
La Primera Sala amparó a la mamá y hermana de dos salvadoreños asesinados en ese municipio de Tamaulipas a manos del cártel de Los Zetas, en 2011, cuyos restos fueron encontrados después de otra matanza registrada en ese mismo lugar un año antes.
Por unanimidad, los cinco ministros de la Sala otorgaron el amparo a Bertila Parada de Osorio, madre de Carlos Alberto Osorio, y a Alma Yesenia Realegeño Alvarado, hermana de Manuel Antonio, quienes habían salido de El Salvador en marzo de 2011, por separado, en su intento de emigrar a Estados Unidos.
En esa condición de víctimas, la PGR está obligada a darles acceso a la averiguación previa que integró por la masacre, sin necesidad de que les haga una prueba de ADN para demostrar el parentesco.
Ana Lorea Delgadillo, directora de la organización no gubernamental Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que patrocinó a las familias salvadoreñas, consideró que la resolución no sólo favorece directamente a esas víctimas salvadoreñas, sino también a familias de mexicanos que han sido víctimas de desaparición.
Que los ministros hayan resuelto que las familias tienen derecho a tener copia del expediente es una batalla que favorece a todas las víctimas, incluidas desde luego las familias de mexicanos, declaró la activista a Apro.
Delgadillo consideró positivo que el caso haya llegado a las más altas instancias de la justicia en México porque las familias enfrentan una victimización más por el trato de las autoridades.
“Lo positivo también es que hubo una buena reacción de cuatro ministros que pidieron modificar el proyecto para que se amplíe la visión de protección de los derechos de la señora Bertila como víctima. No sabemos cuál será el alcance, pero se tomaron el tiempo de que es un caso que requiere perfeccionarse, incluso en el tema de la incineración de los restos, como lo propuso el ministro José Ramón Cossío”, añadió.
La integración final del expediente está a cargo del ministro Arturo Zaldívar.
“Esperaríamos que el caso se mire como grave violaciones a los derechos humanos, porque las matanzas de San Fernando no fueron hechos aislados, sino que ocurrieron en un contexto de secuestro, desaparición y ejecución de migrantes”, dijo la abogada activista.
Fuente: Apro
