El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará su primer gran reto en materia de derechos humanos: cumplir el mandato judicial que instruye al Ejército a que abra los cuarteles donde presuntamente ocurrió en 2007 la “desaparición forzada” de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La orden de la juez María Dolores Núñez Solorio, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, surge en medio del proceso de conformación de la Guardia Nacional, que a finales de este año tiene programado reclutar a 50 mil elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF).
El documento publicado el jueves 9 por el Consejo de la Judicatura Federal, que podrá ser apelado en un lapso de 10 días, insta al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, a que ordene la apertura de los cuarteles y permita que los soldados y oficiales sean interrogados.
“El secretario de la Defensa Nacional, por conducto de todos los integrantes del Ejército, deberá prestar las facilidades necesarias al fiscal federal encargado de la integración de la investigación de origen, así como a cualquier autoridad que tenga la encomienda de dar con el paradero de los directos quejosos”, detalla la sentencia al juicio de amparo 942/2013.
El documento añade que la Sedena debe “permitir la entrada a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad, para buscar a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, o bien sus restos mortales”.
Coordinadora del Comité Hasta Encontrarlos e hija de Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado considera que es posible que una comisión especial de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas ingrese a los cuarteles. Destaca que eso sentará un precedente para que más familiares se amparen y busquen a sus familiares ahí.
“Esperamos que el presidente cumpla sus promesas de campaña en materia de desaparición forzada”, dice en entrevista con Proceso después de conocer la sentencia, que calificó de histórica.
“Esperamos que tenga la voluntad política e instruya al secretario de la Defensa para que no apele la sentencia o no entren en desacato”, agrega.
Para Héctor Cerezo Contreras, quien fue señalado por el gobierno como uno de los hijos de Cruz Sánchez y permaneció encarcelado durante ocho años, el caso “no estará sujeto a la voluntad política del presidente” –como sí lo está la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa– y él podrá comprobar ante la opinión pública si es su padre o no.
Cerezo Contreras destaca que se trata de una resolución judicial con varios alcances porque reconoce la desaparición forzada por motivos políticos y la participación de las Fuerzas Armadas en esos delitos, y porque “crea condiciones para que otros familiares de desaparecidos hagan lo mismo y no exijan menos de lo que se está dando en esta resolución”.
En octubre de 2018, tras anunciar la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, López Obrador explicó su posición en favor de que sean investigados los elementos del Ejército por la desaparición de los normalistas en Guerrero.
“Cuidar al Ejército significa conocer toda la verdad sobre lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. No se cuida al Ejército, no se protege a una institución ocultando la verdad; el que nada debe nada teme. Entonces, sí va la comisión de la verdad”, dijo el mandatario.
Antecedente
Según la recomendación 7/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron detenidos entre el 24 y el 25 de mayo de 2007 en un hotel en el centro de la ciudad de Oaxaca, durante un operativo en el que participaron 70 elementos “pertenecientes a fuerzas de reacción”.
En el documento firmado por el entonces ómbudsman nacional, José Luis Soberanes, se expone que “cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada al interior de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca”.
Meses después de la desaparición de sus dos militantes (Proceso 1602), el EPR hizo explotar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala. Fueron ataques con los que reivindicó su reclamo y denunció que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón organizaba una campaña de contrainsurgencia.
El grupo armado emitió el 2 de junio de 2007 un comunicado en el que afirmó que sus compañeros fueron secuestrados “en una acción fortuita de la policía” y que militares miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y “agentes norteamericanos” los torturaron en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).
A partir de esas acusaciones, recuerda Reyes Maldonado, el Comité Hasta Encontrarlos –que actualmente dirige– comenzó un proceso judicial para que se reconociera, primero, la desaparición forzada de los militantes eperristas y, segundo, que las autoridades cumplan con las sentencias judiciales del caso.
Agrega que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México (queja 33/2014) ordenó en abril de 2014 a las autoridades responsables la búsqueda de los eperristas en instalaciones militares; dispuso que fueran interrogados agentes de la PGR y de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, y que se revisaran los expedientes sobre inhumación de cuerpos.
“Sin embargo, el mandato nunca se cumplió”, lamenta Reyes Maldonado. La activista menciona que tras 12 años de procesos judiciales espera que cada vez más personas utilicen las nuevas herramientas jurídicas de búsqueda de desaparecidos por la vía del amparo.
–El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que su gobierno será respetuoso de los derechos humanos. ¿Qué es lo que esperan de este gobierno?
–Que esa voluntad discursiva se concrete en hechos. Esto significaría que cumplan con esta sentencia y que, en el plano de 10 días que fijó la juez para recibir impugnaciones, no presenten alegatos en contra o la Sedena se abstenga de aplazar su ejecución.
“El delito de desaparición forzada no prescribe. Si decidieran incumplir, aunque Gabriel y mi papá no hayan desaparecido en este gobierno, el actual sería también culpable porque representa al Estado mexicano.”
La resolución 942/2013 suscrita por la juez María Dolores Núñez Solorio advierte que la Sedena estará obligada a publicar la sentencia en un diario de circulación nacional, como reconocimiento simbólico y personal a la desaparición forzada de los eperristas.
Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tendrá que entregar una compensación a los familiares de las víctimas. Instruye a la Fiscalía General de la República (FGR) a tomar la comparecencia de mandos militares respecto de su participación en el caso e, incluso, formar una comisión especial para dar seguimiento al asunto.
Una vez integrada la comisión, se le ordena asegurar los cuarteles militares para la búsqueda de los militantes eperristas y agotar todas las líneas de investigación, cuyos resultados deberán ser publicados cada 10 días en su página de internet, sin que se puedan testar los nombres de las autoridades involucradas.
Escepticismo
El jueves 2, el EPR emitió un comunicado en el que hizo pública su desconfianza sobre la nueva administración federal.
“A pesar de presentarse como parte del pueblo y para el pueblo, en esencia es otra de las juntas administrativas de la burguesía”, expuso el grupo armado que salió a la luz pública en 1996, un año después de la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero.
La anterior no fue la única descalificación del EPR al gobierno del tabasqueño; El Insurgente, órgano de difusión del grupo clandestino, criticó en abril último la conformación de la Guardia Nacional. Cuestionó asimismo el papel del general Luis Rodríguez Bucio, designado comandante del nuevo cuerpo de seguridad, porque “pone de manifiesto el carácter militar y contrainsurgente de dicho cuerpo especializado en tareas de ‘seguridad nacional’ y ‘pacificación del país’. El perfil de este general devela los planes contrainsurgentes que encierra dicho proyecto que trasciende al sexenio de este gobierno”.
Aunque el EPR ha desactivado las acciones militares que ejerció cuando salió a la luz hace más de dos décadas, no ha depuesto las armas.
Fuente: Apro
