La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un laudo “inválido” y que no atiende al fallo de un Tribunal Colegiado, con el que pretender adjudicar al líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, un presunto adeudo por 54 millones de dólares a trabajadores, afirmaron integrantes de dicho gremio.
Abogados de la agrupación sindical acusaron que la presidenta de la Junta Federal, María Eugenio Navarrete, actúa bajo presión de Grupo México, en complicidad con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien, junto con su padre, el abogado Arturo Alcalde, promovieron a Navarrete para este cargo.
Tras difundirse que por medio de un tercer laudo se ordenó al dirigente del sindicato Minero dicho pago, Mario Muñoz, abogado del sindicato, indicó que la resolución no sólo no es definitoria, ya que la Junta salta lo señalado por el Tribunal colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
“Lo que llama la atención es que la Junta actúa en forma bastante ilegal y corrupta por varios motivos”, afirmó el litigante.
Uno de los motivos, dijo, es que el caso consta de 25 expedientes acumulados por lo que la autoridad tiene la obligación de dictar un laudo respecto a los 25 expediente, no obstante, lo hizo con base sólo en 21.
En los cuatro expedientes que no fueron tomados en cuenta obran constancias sobre que el sindicato, “sin tener la obligación de ello, ya pagó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores. ¿Cuál era la intención de la Junta?, dictar un laudo con la cifra de 54 millones no obstante que ya quedó acreditado el pago”.
Además, dijo, en esos expedientes se agrupan más de diez sentencias en materia penal de diversos tribunales colegiados que indican que los recursos son rectoría del sindicato, no de trabajadores. A la vez que se define que es “cosa juzgada”, por lo que otra autoridad no puede dictar sentencia en otro sentido.
Los expedientes excluidos por la Junta contemplan, además, dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los que también se definió que el recurso está bajo la rectoría del gremio.
“Llama la atención que aún en la época que la Junta estaba controlada por el PRI y por el PAN, donde Grupo México ejercía una gran presión contra los funcionarios y en consecuencia contra el sindicato, no acusaron directamente al dirigente sindical. Mientras que ahora la presidenta de la Junta, controlada por Grupo México, se atreve a dictar este laudo en contra del Senador”.
La Junta, afirmó Muñoz, parte de una “premisa infantil”, para establece que el también Senador Gómez Urrutia, en su carácter de Secretario General, tenía la obligación que el Sindicato entregara el dinero y “es responsable solidario”. Al personalizar el proceso en contra del dirigente sindical, dejan de lado la personalidad jurídica de la agrupación gremial, agregó.
Atribuyó la embestida al impulso de Gómez Urrutia a la reforma para regular la subcontratación y terminar con una contratación ilegal, ya que varias empresas, entre ellas, Grupo México, “están muy enojados porque se va a acabar el gran negocio de la evasión fiscal”.
Recordó que, a la par, hace dos años, el Sindicato Minero por medio de dos juicios obligó a Grupo México a pagar más de 400 millones de pesos respecto a utilidades de Cananea y Unidad San Martín.
Muñoz confió que el Tribunal Colegiado dará revés al laudo y dijo que cuenta con un amparo para que se tome en cuenta los 25 expedientes y no sólo los 21 con los que basa su decisión la Junta, ya que “hay pruebas más que suficientes para lograr que se revierta en su totalidad el laudo y que se dicte uno nuevo en un lapso de mes a mes y medio”.
El coordinador del departamento jurídico del Sindicato, Nahir Velasco, afirmó que no se tomaron en cuenta los 25 expedientes por “venganza” y los laudos tienen tintes similares a los que se emitieron en los periodos del panismo en el poder.
Por su parte, Oascar Alzaga, otro de los abogados del sindicato, apuntó que la presidenta de la Junta llegó a este cargo por recomendación de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de su padre, el abogado laboral Arturo Alcalde, por lo que adujo que “hay complicidad” con el actuar de la Junta ya que hubo reuniones previas con la titular de la STPS para exponer el caso de fondo.
Alzaga detalló que la controversia inició desde la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que el 5 por ciento de las acciones se debían otorgar a los trabajadores. Luego de negarse a pagar German Larrea, propietario de Grupo México, los trabajadores iniciaron una huelga con el sindicato Minero en 2004, y 15 años después se alcanzó un acuerdo en el que se definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato, lo cual se informó al Poder Legislativo y el gobierno federal. Al definirse de esta forma, aseguró que ya están saldados y corroborados el destino de la totalidad de los recursos.
Fuente: La Jornada
