La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Presidencia de la República retirar el video de la conferencia matutina del pasado 7 de marzo cuando el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, hablaron de logros de gobierno.
De igual forma rechazó que el dirigente de Morena, Mario Delgado, haya incurrido en violaciones a la veda electoral por un evento encabezado con la militancia del partido en el estado de México.
Al otorgar las medidas cautelares solicitadas por el PRI y el PAN aprobadas por unanimidad, descartaron conceder la tutela preventiva. Sin embargo, los integrantes de la comisión coincidieron en demandar que los servidores públicos acaten las restricciones constitucionales durante el proceso de revocación de mandato.
La consejera, Claudia Zavala aseveró que “no puede ser que en una democracia, quienes protestaron cumplir la constitución no se sometan a la Constitución. Es algo muy peligroso en la democracia, podemos no estar de acuerdo en decisiones y leyes, pero cuando son vigentes se cumplen. Estamos obligados a hacerlo”.
Destacó que todas las medidas cautelares que ha dictado la Comisión han sido confirmadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificando la violación a las leyes. Sin embargo, se han reiterado las conductas “no por desconocimiento, sino con pleno conocimiento”, “se ha dado la reiteración de las conductas que vulneran la ley”.
A su vez, la consejera Adriana Favela sostuvo que las determinaciones de la Comisión se realizan para que se aplique la Constitución vigente que señala que en este periodo no se puede difundir propaganda gubernamental. Recordó que las medidas cautelares han involucrado al presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores, senadores que respaldan la Cuarta Transformación.
El consejero Ciro Murayama aseveró que con ésta se han dictado ya 13 medidas cautelares por violaciones a la legislación vigente por parte de servidores públicos. Estas acciones son precautorias para que no se afecte el proceso de revocación de mandato y haya daños irreparables porque puede haber un impacto a la credibilidad y legalidad del proceso por parte de servidores públicos.
Fuente: La Jornada
