Una decisión reciente del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa abrió una oportunidad para esclarecer una parte del espionaje ilegal a periodistas y activistas que operó el gobierno de Enrique Peña Nieto con el malware espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, indicó hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Al acatarse la decisión, derivada del juicio de amparo 591/2018, la Procuraduría General de la República (PGR) debería revelar los nombres, cargos y firmas de las personas que participaron en la adquisición de Pegasus; las especificaciones técnicas del equipo y los procedimientos relacionados con su operatividad, pero también los documentos que sirvieron de base para la celebración del contrato, tales como estudios de mercado, facturas, entre otros.
En su sentencia, el juez desechó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que autorizaba la PGR a reservar información en los contratos relativos a la compra del malware –bajo el pretexto de “seguridad nacional” –.
El Citizen Lab reveló que agencias gubernamentales mexicanas usaron Pegasus para espiar a periodistas y activistas –incluso los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)–, lo que detonó el escándalo conocido como #GobiernoEspía. La PGR lanzó una investigación, pero según los abogados que siguieron el caso –entre ellos R3D–, ésta fue una simulación.
La PGR es una de las instancias que compró el programa, por 32 millones 16 mil dólares, a la empresa Grupo Tech Bull, una filial de Balam Seguridad Privada, fundada por dos jóvenes: un israelí y Rodrigo Ruiz Treviño, un mexicano de 35 años quien es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, funcionario de Peña Nieto y amigo cercano del senador priista Emilio Gamboa Patrón.
El polémico Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), firmó el contrato para la compra del equipo. El mismo Zerón fue el arquitecto del sistema de espionaje durante el gobierno de Peña Nieto, y el interlocutor de las empresas que desarrollan estos programas, como lo reveló Proceso.
Fuente: Apro
