El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a entregarles los peritajes de la investigación sobre la ejecución de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Al tratarse de violaciones a los derechos humanos, el IFAI ordenó liberar todos los datos de la masacre. La PGR, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y el Gobernador del Estado de México Erivuel Ávila Villegas habían ordenado congelar la información por un periodo de 12 años.
En la primera solicitud de información, la PGR argumentó que los datos se encontraban reservados por ese periodo. No obstante, el solicitante presentó un recurso de revisión.
El enfrentamiento fue el 30 de junio pasado. Organizaciones civiles y testigos acusan a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas las de una menor de edad.
El particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI, al argumentar que esos documentos se deben dar a conocer porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos.
De acuerdo con el último párrafo del Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), ese tipo de información no puede reservarse.
La PGR reiteró su respuesta inicial y agregó que la averiguación previa que contiene los peritajes objeto de la presente solicitud fue iniciada por la probable comisión del delito de homicidio y no por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, el comisionado ponente Francisco Javier Acuña Llamas determinó que según las circunstancias del caso y los elementos de los que se allegó el instituto para su análisis, los hechos cometidos en la comunidad de San Pedro Limón deben darse a conocer porque están relacionados con violaciones graves de derechos fundamentales.
Aunado a ello, destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mediante de un comunicado emitido el 13 de enero pasado, dio a conocer que modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya.
Es decir, reclasificó el caso como investigación de “violaciones graves” de derechos humanos, con el fin de que las autoridades tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la Recomendación 51/2014.
No obstante, dijo, se deben proteger los datos personales contenidos en dichos documentos, por tratarse de información de carácter confidencial.
Fuente: Sin Embargo
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