Una investigación basada en los documentos y declaraciones ministeriales del testigo protegido Jennifer apunta a que la exprocuradora Marisela Morales fue la responsable de las falsas declaraciones ministeriales contra el que fuera zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano. Este semanario tuvo acceso a información pormenorizada –y verificada– de su historial como informante a modo.
Por Anabel Hernández/ Proceso
A Roberto López Nájera le falta un dedo, contactó al FBI a través de internet y tiene asignada la clave de testigo protegido Jennifer, que ahora nombra el desastre que fue el sexenio de Felipe Calderón en materia de procuración de justicia y combate al narcotráfico.
López Nájera se decía abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y colaborador de Arturo Beltrán Leyva. Sergio Villarreal Barragán, El Grande, operador de los Beltrán Leyva, afirmó en una declaración ministerial que López Nájera era conocido en la organización como El 19 y afirmaba estar casado con una hija del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Y uno de los acusados en la Operación Limpieza, que nunca fue detenido, reveló que López Nájera era un abogado de Acapulco, Guerrero, bajo de estatura y moreno, al que contractó tras un ataque sexual contra un familiar.
La historia del polémico acusador y la del titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, se empezaron a entrecruzar en 2007.
El 20 de septiembre de ese año el procurador general Eduardo Medina Mora y Ramírez Mandujano fueron advertidos de que los Beltrán Leyva habían infiltrado a la SIEDO cuando se encontraban en la XIX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Jiutepec, Morelos.
Por entonces otra protagonista del escándalo, Marisela Morales, estaba fuera de la PGR. Su último cargo era el de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, que desempeñó de mayo a diciembre de 2005, en el sexenio de Vicente Fox.
A Morales se le vinculaba con el exprocurador Rafael Macedo de la Concha, con quien incluso se afirma que procreó un hijo. El general De la Concha renunció en abril de 2005 y fue enviado como agregado a la embajada de México en Italia.
Pero en aquel septiembre de 2007 un agente del programa Resolución 6 del FBI, adscrito a la agencia antidrogas estadunidense DEA en la embajada de su país en México y quien usaba el nombre de “Juan de Jesús”, buscó a Mario Alzave Trujillo, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO. Le dijo que se había comunicado por internet con un informante relacionado con los Beltrán Leyva, en aquel tiempo socios de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Era Roberto López Nájera.
El hombre del FBI dijo que si la SIEDO le mandaba fotos de su personal, dicho informante podía reconocer a los exmilitares y exgafes (miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE) que estaban pasándole información a los narcos.
Arzate le transmitió la propuesta a Ramírez Mandujano y éste pidió que el estadunidense se la planteara directamente a Medina Mora. Sin indagar más, el procurador ordenó que las fotografías se enviaran enseguida.
Ramírez Mandujano le encargó la tarea al ingeniero Miguel Ángel Colorado González, coordinador técnico de la SIEDO. Minutos después, el agente del FBI recibió las fotos del personal de la Dirección General Adjunta de la Coordinación Técnica de la SIEDO, encabezada por el capitán Fernando Rivera Hernández.
En respuesta, López Nájera dijo reconocer plenamente al propio Rivera Hernández, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez como los que informaban a los Beltrán Leyva de los operativos en su contra. Añadió que en los días siguientes se reunirían con Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos. Medina Mora ordenó que el ingeniero Colorado González espiara a los tres elementos señalados para corroborar el señalamiento.
Aunque Colorado era el jefe del capitán Rivera Hernández, éste no se le subordinaba ni le informaba nada; argumentaba que él era el enlace de la PGR con el grupo de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que la información podía fugarse.
Medina Mora se quejaba con sus subordinados de que no podía cambiar esa forma de operar, ya que estaba enfrentado con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y si también chocaba con la Sedena, “entre ambos lo harían pedazos”.
El procurador tuvo que pedir la autorización del general Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa, para investigar a los militares imputados. El secretario dijo que si se comprobaba el dicho del informante, se actuaría conforme a derecho.
Sin embargo, el capitán Rivera Hernández se dio cuenta de que lo seguían y utilizó a la guardia para amenazar al personal de Colorado. Esto se le informó a Medina Mora.
Ramírez Mandujano le pidió al procurador que cambiara de área a los militares sospechosos para que dejaran de filtrar información mientras se les investigaba. Medina Mora le prometió trasladarlos al área de trata de personas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia (Cenapi), donde no tendrían información relacionada con el narcotráfico, pero ese cambio nunca se realizó.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1903, ya en circulación)
