El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez coincidieron con organizaciones civiles y activistas en rechazar las pretensiones de legisladores y del gobierno de Enrique Peña Nieto de perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, a través de iniciativas como la Ley de Seguridad Interior.
Durante el foro “Seguridad y derechos humanos”, los participantes reconocieron la labor que soldados y marinos han desempeñado en los últimos diez años de “guerra contra el crimen organizado” y aclararon que no piden el retorno inmediato a los cuarteles, pero resaltaron que la naturaleza de su preparación no corresponde a las labores de seguridad pública.
En el acto también estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los académicos e integrantes del colectivo “Seguridad sin Guerra”, Maité Azuela y Ernesto López Portillo, en tanto que el exrelator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, transmitió un mensaje videograbado.
En concordancia con la CNDH y las organizaciones civiles, Jan Jarab consideró que “se necesita una discusión mucho más amplia, profunda e inclusiva sobre el modelo de la seguridad que México necesita”, así como analizar las experiencias propias durante los últimos diez años y lo que ha ocurrido en otros países.
También advirtió que tratar de “fortalecer el paradigma militar y el uso de la fuerza”, a través de la ley de seguridad interior, “va a contribuir a petrificar este paradigma, va a ser un retroceso”.
Para el funcionario de la ONU, el diseño de un modelo de seguridad para el país debería ir acompañado de “un diagnóstico integral”, en tanto que deben fortalecerse las corporaciones policiales, “porque no se puede aceptar que existan para defender algunos intereses y reciban un cheque en blanco de la impunidad”, así como las medidas preventivas.
Al señalar que sin discusiones amplias “va a ser muy peligroso adoptar una ley que deje la actuación de las fuerzas armadas” en tareas de seguridad, “aun con salvaguardas”, Jarab señaló que si a pesar de todo el Estado mexicano insiste en promover una legislación “para respaldar las fuerzas armadas”, propuso como “Plan B (…) por lo menos fortalecer las salvaguardas, eso es algo que nos parece se puede evitar, si se puede impulsar una discusión más amplia sobre el modelo de seguridad”.
Mientras se siguen postergando discusiones como las leyes generales contra la desaparición y la tortura, el representante de la ONU recordó que en el plano internacional el modelo de seguridad interior ha sido considerado por órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “un concepto propio de regímenes autoritarios”.
Jarab, quien ha participado ampliamente en diversos foros para advertir los riesgos de la militarización de la seguridad pública, señaló que entre las preocupaciones que tiene su oficina destaca en que por la forma en que están redactadas las cuatro iniciativas sobre ley de seguridad interior, las fuerzas armadas puedan ser usadas “contra la protesta social”, sin contar con que ya existe experiencia empírica del incremento de violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a ellas, ante un “continuo debilitamiento” de las autoridades civiles.
Al señalar que si bien los mexicanos confían más en las fuerzas armadas que en las policías, el funcionario de la ONU destacó que también la presencia militar no ha significado una mayor seguridad, de ahí que insistió en una discusión amplia que incluya “no sólo a la organizaciones de la sociedad civil y defensores, sino a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
Antes, el ombudsman Luis Raúl González Pérez destacó que a 10 años de estar al frente de la lucha contra el narcotráfico, “no podemos ignorar que, con independencia de los resultados concretos que la participación de las Fuerzas Armadas han producido en el ámbito de la seguridad de las personas, los cuales se tendrán que analizar y valorar detalladamente, dichas acciones han tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas por parte de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generan condiciones que propician que se puedan cometer las mismas”.
Al destacar que las graves violaciones a derechos humanos como “ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y abusos de migrantes, entre otros, tienen como contexto la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción”, González Pérez puntualizó que lo que se requiere para enfrentar esos problemas es “una visión integral, esencialmente preventiva”, y no una reacción coyuntural.
“No creo que aún en el contexto difícil, complejo de incertidumbre, de inseguridad y violencia que vive el país, las decisiones coyunturales no deben ser la solución que requerimos los mexicanos y mexicanas, sino legislaciones bien pensadas que den certeza jurídica a la ciudadanía”, dijo el presidente de la CNDH.
Al coincidir en que en apego a la Constitución y a los tratados internacionales la seguridad “debe estar a cargo de instituciones de carácter civil”, González Pérez consideró que las Fuerzas Armadas deben volver, “cuando las condiciones así lo permitan, a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable”.
También insistió en que las tareas que se les ha encomendado a las tropas castrenses, “en acciones de seguridad de las personas, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”.
El ombudsman nacional enlistó “un decálogo mínimo” de lineamientos que los legisladores deberían tomar en cuenta antes de decirse por impulsar tal legislación, entre los que destacan consideraciones constitucionales, así como “prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y manifestación”; además considerar “mecanismos de control institucional, claros y de colaboración ente autoridades”, y evitar que las fuerzas armadas “participen en la prevención e investigación de los delitos”.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, dijo que ante el escenario nacional, en vez de discutir “un modelo que dé certezas, entre comillas, jurídicas al Ejército”, lo que los legisladores deberían buscar es “cómo fortalecer las instituciones civiles de seguridad, encaminadas a la ruta de un modelo de seguridad de corte ciudadano”.
Al reconocer que “hay zonas y regiones en el país donde el Ejército juega una función preponderante para la ciudadanía”, el defensor insistió en que los participantes del foro coinciden en demandar “un programa de retiro programático de las Fuerzas Armadas que pasa justo por el fortalecimiento de las instituciones civiles o la democratización de las policías”.
Igual resaltó que a más de 10 años de lanzar a marinos y soldados a las calles, no es aceptable insistir en “formalizar esa política excepcional” sin que exista al menos “una evaluación o un diagnóstico”.
Por lo pronto, Patrón Sánchez recordó que los datos duros y oficiales evidencian que de 2006 a 2015 ocurrieron 186 mil homicidios, y que entre 2007 y 2011 “la tasa de homicidios pasó de 8.1 a 23.7” por cada 100 mil habitantes, “con marcados incrementos en las entidades donde se implementaron operativos conjuntos y la confianza en el Ejército a la baja en estos mismos lugares”.
Al insistir en que las iniciativas conocidas de Ley de Seguridad Interior no son compatibles con la Constitución, ni con los tratados internacionales ni mucho con las recomendaciones de la ONU y la CIDH, el director del Centro Prodh puntualizó que esas propuestas legislativas “permitirán que las violaciones a derechos humanos sigan aumentando y no responden a cuestiones de efectividad, pues la información disponible muestra que esta estrategia ha fracasado”.
Ernesto López Portillo, exdirector del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), apuntó que si pese a la experiencia empírica, los legisladores se obstinan en militarizar la seguridad, lo que estaría detrás no es un auténtico interés en buscar soluciones a la inseguridad en el país.
“Podríamos estar asistiendo a un fenómeno de modificación en la relación cívico- militar, entre el poder civil y el poder militar en México, y si fuera este el caso, entonces la evidencia no importa, pues estamos hablando de un reacomodo político donde la ley es un síntoma de un reacomodo político”, advirtió el experto e integrante del colectivo “Seguridad sin Guerra”.
López Portillo señaló que de insistirse en impulsar un modelo de seguridad militarizado, los legisladores deberían “estar pensando en modificar la Constitución y dar marcha atrás a los avances en materia de derechos humanos”, como la reforma al artículo primero constitucional.
El especialista apuntó que no existe justificación o evidencia que avale la militarización de la seguridad, más allá de que “se trata de una propuesta que puede ser electoralmente rentable, y que implique la capitulación de las autoridades civiles ante los militares”.
El investigador agregó que México está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de las naciones que padecen “violencia endémica”, pese a que desde hace 10 años la seguridad del país ha estado en manos castrenses, en contra de todas las recomendaciones de organismos internacionales, y de la experiencia empírica en el país y en otras naciones.
La académica y periodista Maité Azuela presentó una serie de datos reportados por organizaciones de derechos humanos e investigaciones académicas que reforzarían la hipótesis del fracaso de la política de seguridad en los últimos diez años.
Incluso retomó información recabada por la Red de los Derechos de la Infancia (Redim), sobre las muertes de mil 846 menores de entre 0 y 17 años de edad, de diciembre de 2006 a mayo de 2016, en el contexto de la “guerra contra el crimen organizado”.
Igual destacó cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), que revelan el incremento de 331% en la compra de armas, de 2000 a 2015, por parte del Estado mexicano, así como la asignación de cero recursos a la prevención del delito; en tanto que de acuerdo con una encuesta de Parametría, seis de cada 10 mexicanos respaldaban la presencia del Ejército en las calles.
Durante el evento se transmitió una participación grabada del exrelator de la ONU, Chirstof Heyns, experto en derecho internacional y catedrático de la Universidad de Pretoria.
Heyns recordó que en su informe sobre la situación del país tras visita en 2013, advirtió de los riesgos que significaba para México el mantener la seguridad en las calles en manos de las Fuerzas Armadas, que por su formación “ven a los ciudadanos como enemigos”.
Al considerar que casos como el de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron bajo el fuego militar, son efecto de la política de seguridad militarizada, sin controles civiles, Heyns advirtió que de insistir en dar “garantías jurídicas” a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se puede provocar “una escalada de situaciones similares en lugar de detenerlas”.
Fuente: Proceso
