El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, hizo un llamado al Poder Judicial a descartar las pruebas obtenidas bajo tortura para procesar a al menos 34 personas en el caso Ayotzinapa y emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) a esclarecer efectivamente las denuncias e identificar a los responsables de los hechos.
En conferencia de prensa para presentar el reporte “Doble injustica. Informe sobre violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, advirtió que la oficina de la ONU-DH no se erige como defensora de los procesados en cuyos casos se basa el informe, sino que “defiende el Estado de Derecho”, bajo la premisa de que “no se obtiene verdad ni justicia con confesiones bajo tortura”.
Al llamar al Poder Judicial a excluir las pruebas obtenidas bajo tortura y admitir los resultados de dictámenes del Protocolo de Estambul realizados por organismos independientes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jan Jarab consideró que en este caso “si no hay otros elementos probatorios que las confesiones viciadas, (los procesados) sí deberían salir libres”.
Agregó: “No podemos creer que una persona pueda ser sentenciada por una confesión bajo tortura. No estamos en ningún sentido cambiando lo que debería ser el desarrollo del proceso penal en un Estado de Derecho, estamos instando a que se respete el Estado de Derecho”.
El documento de 65 cuartillas hace una revisión del caso Ayotzinapa y se centra en 34 casos en los que la ONU-DH tuvo elementos de convicción de que los procesados fueron sometidos a torturas para arrancarles confesiones autoinculpatorias.
Entre los casos analizados, de los 63 a los que, en total, tuvo acceso el organismo, se encuentran los implicados supuestamente con la desaparición de los estudiantes en el basurero de Cocula y el río San Juan, base de la “verdad histórica”.
Prudente en sus declaraciones, el comisionado señaló que el documento basado en la revisión de expedientes, entrevistas a inculpados y testigos de su detención y autoridades, “no establece una teoría del caso, no valora las teorías del caso existentes, no es una investigación paralela”, ni expresa opiniones sobre la culpabilidad o inocencia individual de los presuntos responsables.
Lo que mueve la publicidad del documento, puntualizó, es “contribuir con la verdad y la justicia, a la lucha contra la impunidad en las desapariciones y la tortura en México; la tortura debe ser rechazada cualquiera que sea el delito, no significa estar a favor de los delincuentes”.
Jan Jarab sostuvo que entre los principales hallazgos que se cuentan son las coincidencias y un mismo modus operandi en las torturas, además de que estas fueron cometidas por efectivos de la PGR, entre ellos, policías adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que era dirigida por Tomás Zerón de Lucio, así como de la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Marina (Semar).
Impunidad y doble injusticia
Pese a los señalamientos y la existencia de investigaciones penales, el comisionado de la ONU-DH advirtió que hasta ahora los casos están impunes, ningún servidor público ha sido castigado, como tampoco ocurre por la muerte de Emanuel Blas Patiño, quien falleció por la tortura a la que fue sometido por marinos en octubre de 2014 en Cuernavaca.
Jan Jarab insistió en que el caso Ayotzinapa reviste una doble injusticia porque los procesados han sido víctimas de diversos abusos, entre ellos la tortura, mientras que también lo son los familiares que buscan a sus seres queridos, “pero obteniendo confesiones bajo tortura no se obtiene verdad ni justicia”.
Desde Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, consideró en un comunicado que “las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso Ayotzinapa”.
Lo anterior, agregó, “no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”.
Para el funcionario de la ONU, el “caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Durante tres años y medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus familiares”.
Al Hussein hizo un llamado “a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”.
Fuente: Apro
