El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, todos ellos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acordaron que se debe “investigar a todos los funcionarios que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinpa”.
Los integrantes de la ONU alentaron, mediante un posicionamiento público, a que el gobierno de México implemente todas las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), el cual ha desmentido la “verdad histórica” sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
El grupo de expertos de la ONU resaltó la convicción de que “los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, como se dijo en la versión oficial de los hechos. Además, coincidieron con la afirmación del GIEI de que debe haber un “replanteamiento general” de la investigación “a partir de los déficits que se refieren en su informe en aspectos tales como la búsqueda de los estudiantes, la dispersión de las investigaciones, la calificación de los hechos y las alegaciones de malos tratos y torturas”.
Dijeron que “a la luz de los nuevos hallazgos, […] la investigación sobre los hechos debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que por acción o por omisión estuvieron involucradas en lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como en el desarrollo de las investigaciones y actuaciones realizadas con posterioridad”.
En este sentido, los expertos concordaron en que se debe “investigar a todos los funcionarios que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinpa”. Además alentaron al Estado mexicano a implementar todas las recomendaciones del GIEI.
”Su pronta y diligente implementación favorecerá la adecuada investigación y sanción de los responsables, el esclarecimiento de los hechos, así como la búsqueda, reparación y atención a las víctimas”, dijeron los expertos en el posicionamiento hecho público este día.
Los expertos dijeron que las recomendaciones del GIEI son relevantes no sólo para el caso de los estudiantes normalistas, sino también “para los grandes retos que el Estado mexicano enfrenta en materia de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones, tal y como lo refirieron en sus respectivos informes de misión” luego de sus recientes visitas al país.
Por lo anterior, reiteraron su ofrecimiento de cooperación y asistencia técnicas al Estado mexicano.
LOS INFORMES DE LA ONU
En marzo del presente año, el Relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, concluyó en su informe sobre México, que la tortura es generaliza en el país y ocurre en un contexto de impunidad.
“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, dijo Méndez en su informe.
Ante esta situación, el Relator recomendó a México “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.
Además, urgió a México a tomar todas las medidas para prevenir y castigar seriamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.
El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, emitió un informe en 2014, tras una misión a México, en donde dijo que los riesgos que para el derecho a la vida supone utilizar el “paradigma militar” en tareas de seguridad y recordó la obligación del Estado de asegurar que las acciones de sus fuerzas de seguridad, incluyendo aquellas realizadas por las Fuerzas Armadas, respeten los estándares internacionales.
En tanto, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) visitó México del 18 al 31 de marzo de 2011 tras lo cual alertó que la impunidad es un elemento frecuente en los casos de desapariciones forzadas, y dijo que muchos casos que podrían encuadrarse bajo este delito son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos.
Fuente: Sin Embargo
