La población vulnerable rural o en los suburbios de las ciudades es la más afectada por estas prácticas y sobre todo las mujeres, porque los programas sociales pasan por ellas. En este sentido, Teresa Pérez, del Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, denunció la utilización de indígenas “como botín para atraer votos”.
Partidos que hacen compra masiva de votos en comunidades enteras y amenazan a sus habitantes con perder todos los apoyos sociales si un sólo sufragio va a otro contendiente. Candidatos que denuncian que el crimen organizado ya les ha dicho quién será el ganador pero que ellos deben “aparentar” estar en campaña. Mujeres indígenas usadas como “botín” electoral para sumar apoyos.
Estos son algunos de los focos rojos detectados por las 28 ONGs que participan en la Red Ciudadana de Observación Electoral, una iniciativa apadrinada por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo en México que presentó el martes algunos resultados preliminares sobre la vigilancia que llevan a cabo estos colectivos del actual proceso electoral.
El trabajo de todas estas ONGs representa un esfuerzo de observación “más integral, diversificado y profundo” que nunca del antes, durante y después de los comicios del 1 de julio, indicó la coordinadora de la iniciativa, la académica Irma Méndez. Y todo a pesar de que en este año el programa contaba con menos financiación.
La compra de votos es una práctica tradicional en México desde el siglo pasado pero el mayor problema es que ahora “se ha elevado descomunalmente” porque se han relajado las reglas para acceder a seis mil 434 programas sociales que están vigentes en México, explicó Beatriz Camacho, del colectivo Alianza Cívica Nuevo León.
Condicionar el voto de esta manera se ha convertido en una forma de relación consentida entre políticos y ciudadanía “que no tiene caminos transparentes de rendición de cuentas”, agregó.
Camacho puso como ejemplo la “compra masiva de comunidades completas” que su organización ha detectado en lugares de Chiapas y en concreto, con la elección para Gobernador.
“Cuando llegamos a las comunidades nos decían: ‘aquí ya nos amenazaron que si hay uno, dos o tres votos para otro candidato que no sea el partido verde o el PRI no va a haber proyectos productivos para nosotros en los siguientes seis años’”, explica. Ante esa situación, la comunidad se reúne y determina por quién votarán todos sus integrantes y como son pueblos pequeños, hay todo un mecanismo para, además de darles la despensa y el programa social, llevarlos a votar.
Alianza Cívica ha recibido 350 reportes de 30 estados que incluyen también el pago de dinero en efectivo, la entrega de tarjetas con promesas de pago diferido, el acopio de credenciales de elector a cambio de algún producto o el permiso para trabajar en un tianguis o una licencia de taxi si garantizas el voto.
“Todos los partidos están denunciados por este tipo de prácticas”, asegura Camacho, pero quien más quejas tiene es el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), “porque es quien tiene el poder”.
La población vulnerable rural o en los suburbios de las ciudades es la más afectada por estas prácticas y sobre todo las mujeres, porque los programas sociales pasan por ellas. En este sentido, Teresa Pérez, del Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, denunció la utilización de indígenas “como botín para atraer votos”.
Sin embargo, Pérez también puso de manifiesto cómo los partidos ejercen también violencia sobre sus propias mujeres candidatas, cuando existen, ya que hay casos en los que en sus listas no incluyen a ninguna.
Para Beatriz Camacho este tipo de prácticas enraizadas en la sociedad se unen al cada vez mayor flujo de dinero procedente del narcotráfico o de la corrupción política, unos fondos que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede fiscalizar y genera “hoyos de impunidad”.
En otros puntos del país, el problema más grave radica en cómo miembros del crimen intimidan o directamente asesinan a los políticos.
Este lunes tuvo lugar el último asesinato de un candidato a un cargo popular, el número 19 de este proceso. Emigdio López Avendaño, aspirante a Diputado estatal en el sureño estado de Oaxaca, fue emboscado por hombres armados cuando viajaba con otras cuatro personas. López Avendaño era de Morena, el movimiento del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, pero han matado a aspirantes de todos los colores políticos, incluidos otros 29 precandidatos.
Manuel Carrillo, miembro del INE, quiso limitar el problema de la violencia que, a su juicio, se debe más a la situación de inseguridad generalizada que se vive en el país que a una “violencia electoral”.
Pero los ejemplos dados por los colectivos no parecen coincidir. Y no todo se denuncia a las autoridades. Camacho aseguró que su colectivo pudo constatar la coacción directa del crimen organizado en varios estados como Sinaloa o Tamaulipas. En Ciudad Victoria, dijo, “algunos candidatos nos están señalando que un cártel ya ha decidido quién es el candidato que va a ganar y solamente se les pide que aparenten una campaña electoral”.
