Más de una veintena de organizaciones civiles internacionales se pronunciaron por el esclarecimiento del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte, Ciudad de México, en el que perdieron la vida la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete y el fotoperiodista Rubén Espinosa Bonilla.
El comunicado está firmado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), AWID, Articulación Feminista Mercosur, CALALA – Fondo de Mujeres, CLADEM, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, Consorcio Oaxaca, Cotidiano Mujer, Elige – Red de Jóvenes por los Derechos Sexules y Reproductiuvos, Fondo Centroamericano de Mujeres, Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, FRIDA | The Young Feminist Fund y Front Line Defenders.
Además de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos JASS – Asociadas por lo Justo, Justice for Iran (JFI), Nazra for Feminist Studies, Egypt, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
Para las organizaciones los gobiernos de México, de Veracruz, DF y federal, no han respondido a su obligación de proteger y garantizar un entorno para el trabajo seguro para los defensores de los derechos humanos y aseguran que “los índices de impunidad en los casos de agresiones y asesinatos de personas defensoras son alarmantes”.
En el caso concreto de Nadia Vera, quien era activista, las organizaciones no gubernamentales dijeron que su muerte pudo haberse evitado, sin embargo el gobierno “no atendió de manera oportuna las muchas amenazas y agresiones que sufrió en Veracruz”.
Recordaron que en nuestro país entre los años 2010 y 2015, 34 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas.
Ante esta “grave situación”, las ONGs exhortaron al gobierno federal a esclarecer el multihomicidio ocurrido el pasado 31 de julio, asegurar la protección de las familias, testigos y toda persona u organización vinculada al caso; que en la investigación se tomen en cuenta la labor de las víctimas personas; se cite a todos los funcionarios de Veracruz que pudieran estar involucrados y evitar que se filtre información a medios de comunicación sobre el caso.
Al gobierno de Veracruz, piden establecer medidas inmediatas que frenen la agresiones contra defensoras y periodistas y realizar un acto público en el que se reconozca el aporte de la labor de las defensoras de derechos humanos y periodistas para la construcción de la democracia en México.
Fuente: Sin Embargo
