El 7 de septiembre elementos de PGR notificaron al abogado de Infraiber, Paulo Díez, que era requerido como testigo en un juicio iniciado por OHL, pero durante el operativo un elemento de la policía ministerial “sembró” un arma de fuego en el vehículo del litigante, como reveló un video publicado por Aristegui Noticias .
Díez fue liberado el miércoles 9 de septiembre, luego de pagar una fianza de 68 mil pesos, pero fue hasta el día siguiente, el jueves 10 de septiembre, que OHL notificó a sus inversionistas que había emprendido acciones legales contra Infraiber.
El comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) está fechado el 10 de septiembre, lleva el asunto de “evento relevante” e indica que el proceso legal es “por la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la Compañía y que ha causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la misma”.
El Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) indica que un “evento relevante” es aquel que influya o pueda influir en el precio de un valor.
El artículo 105 de la Ley de Mercado de Valores de México establece que las empresas están obligadas a revelar los eventos relevantes a la bolsa para su difusión inmediata al público y el artículo 383 señala una pena de hasta 10 años de prisión para las personas que oculten u omitan los eventos relevantes.
Este ordenamiento garantiza que todos los jugadores en el mercado de valores tengan información suficiente para decidir qué hacer con su dinero; por ejemplo, cualquier inversionista tiene derecho a saber si la empresa a la que comprará acciones está en problemas legales o no puede pagar sus deudas.
La propia empresa española notificó a sus accionistas que la denuncia presentada el 10 de septiembre era un “evento relevante”. PGR actuó en consecuencia y exactamente un día después, el viernes 11 de septiembre, cateó las oficinas de Infraiber.
OHL ocultó a sus inversionistas la primera denuncia que llevó a la detención del abogado Paulo Díez, aunque el presidente de la empresa, Juan-Miguel Villar Mir, tuvo una reunión con accionistas el lunes 7 de septiembre en Madrid, España.
En una conferencia de prensa, antes de entrar a la Junta General de Accionistas de OHL, Villar Mir dijo a los reporteros que el dueño de Infraiber ya había huido de México por “el delito de escuchas telefónicas” y que “está abierto un proceso de responsabilidad civiles y penales”.
Sin embargo, esta información no se comunicó a los inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Paulo Díez dijo a Aristegui Noticias que no saben cuántas denuncias ha presentado OHL ante PGR, aunque sí destaca la celeridad con que han actuado.
Audios difundidos en YouTube en mayo de 2015 dejaron entrever un posible fraude entre directivos de OHL para aumentar las tarifas del Circuito Exterior. El escándalo provocó una caída de 22 por ciento en el valor de las acciones en la bolsa de España.
En los últimos seis meses la compañía perdió 38.98 por ciento de su valor, según el servicio de Bolsas y Mercados de El País.
OHL es una empresa de origen español que construyó y tiene la concesión del Circuito Exterior Mexiquense. Infraiber es una empresa mexicana que originalmente tenía un contrato para medir cuántos vehículos usaban el Circuito Exterior.
El gobierno del Estado de México canceló el contrato de Infraiber, argumentando que era un servicio muy caro, aunque en realidad los automovilistas que usan esta autopistas sí están pagando por este concepto.
Audios difundidos en YouTube muestran conversaciones entre los directivos de OHL y altos funcionarios del gobierno del Estado de México (Apolinar Mena, ex secretario de comunicaciones y Transportes) y de gobierno federal (Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT), al parecer, acordando arreglos e intercambios de favores fuera de la ley. Los aludidos han dicho en todo momento que las grabaciones están adulteradas.
Infraiber denuncia que los arreglos fuera de la ley permitieron a OHL extender la concesión del Circuito Exterior hasta el año 2051 y aumentar las tarifas 50 por ciento sin argumento alguno.
OHL argumenta que las escuchas telefónicas son ilegales, buscan afectar a la empresa y al gobierno mexicano, además de que sus cuentas han sido auditadas por expertos independientes.
Paulo Díez es el principal abogado de Infraiber y ha denunciado que el gobierno mexicano no es imparcial en este caso. El 7 de septiembre fue detenido por elementos de PGR acusado de portación ilegal de arma, aunque un video apunta que el arma fue “sembrada” por la propia PGR.
Fuente: Aristegui Noticias
