Emilio Lozoya señaló “que en su momento” su cliente denunciará los delitos cometidos por “un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”, y que puntualizará de “manera muy clara y contundente sus nombres, cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados” para la comisión de los hechos relacionados con el Caso Odebrecht.
Al cerrar los debates de la audiencia inicial y estar a la espera de la resolución judicial, nuevamente Emilio “L” decidió no refutar las imputaciones realizadas por las autoridades mexicanas, en las cuales se señala al ex funcionario como responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, al haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos por parte de la empresa Odebrecht.
Los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda expusieron que la postura de no argumentar en contra de las imputaciones lo hace su cliente “con la finalidad de no violentar la edificación del criterio de oportunidad que Emilio “L” ha solicitado a la FGR en un ánimo directo, claro y contundente de colaboración con esa autoridad y el Estado mexicano y sus instituciones”.
Ya que sus “manifestaciones las hará con el único propósito de que se sepa la verdad, de que se procure y se imparta justicia” en el Caso Odebrecht.
