El dirigente del PRI negó que su liquidación fuera irregular y aseguró que se apegó a la normativa de la empresa, pero los oficios de la CFE obtenidos por Proceso, desmienten a Ochoa Reza.
Enrique Ochoa Reza y Francisco Javier García López comparten algo más que su militancia priista: ambos fueron “trabajadores de mando” en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –el primero como director general, el segundo como gerente de Desarrollo Social– y los dos renunciaron a sus cargos antes de cumplir tres años.
Sin embargo Karime Slim Ruíz, directora del Área de Dictámenes de la CFE desde hace siete años, les dio a ambos un trato distinto:
El pasado 13 de mayo, negó a García López un dictamen que le permitiera cobrar una liquidación casi millonaria. Argumentó que no tenía derecho a ello debido a que renunció a su cargo y laboró menos de tres años en la CFE.
Cuatro meses más tarde, la misma funcionaria firmó el dictamen que otorgó a Ochoa Reza su liquidación de un millón 206 mil 271 pesos, pese que su situación laboral era idéntica a la de García López.
La liquidación que cobró Ochoa Reza al renunciar a la CFE fue cinco veces mayor a la que le correspondía, revelaron a Apro y los demás integrantes de la alianza Méxicoleaks el pasado 25 de septiembre, en una investigación realizada con base en documentos obtenidos a través de su plataforma digital.
El actual presidente del PRI negó que su liquidación fuera irregular, aseguró que se apegó a la normativa de la empresa. Pero los oficios con los que García López fue dado de baja en la CFE, obtenidos por este semanario, desmienten a Ochoa Reza.
Idénticos
Ochoa Reza laboró dos años con 155 días en la empresa productiva del Estado y presentó a Enrique Peña Nieto su renuncia el pasado 7 de julio para postularse a la presidencia del PRI.
García López trabajó dos años con 29 días en la gerencia de Desarrollo Social de la CFE y el pasado 1 de abril entregó una carta de renuncia con carácter irrevocable “por así convenir a mis intereses”.
La renuncia de García López.Karime Slim Ruiz realizó los trámites para dar de baja a García López, los cuales quedaron plasmados en dos oficios de una cuartilla cada uno. En el segundo –número 232.1 –KSR- 0847, fechado el 13 de mayo pasado–, planteó: “observándose que por la antigüedad que generó (2 años 29 días), no ha (sic) lugar a la emisión de dictamen alguno, por lo que únicamente se deberá proceder al pago de las prestaciones devengadas a la fecha de su renuncia, misma con la que debe operar su baja”.
El día anterior, la funcionaria redactó el “Aviso de baja de Personal Público de Mando” número 232.21-KSR-0844. En el apartado “Causa de Baja”, Slim Ruíz anotó: “Renuncia (no procede dictamen)”.
La renuncia de García López.Mes y medio después, el 8 de julio, la misma Slim Ruíz firmó el dictamen T.L. 49/2016, que determinó la liquidación de Ochoa Reza en un millón 206 mil 271 pesos netos, equivalente a 253 salarios diarios, pese que éste había renunciado a la dirección general de manera voluntaria, e incluso pública, pues subió en Twitter su carta de renuncia dirigida a Peña Nieto.
El dictamen precisó que la liquidación “se otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza” y representa “una gratificación especial por los servicios prestados, equivalente a la más alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando vigente”.
La CFE calculó el monto del finiquito de Ochoa Reza con base en la fracción segunda del artículo 33 de este manual –que refiere a los casos de liquidación–, pero en realidad le debió aplicar la fracción primera del mismo artículo, el cual trata de los casos de separación voluntaria.
De acuerdo con esta fracción primera, la CFE debe 20 salarios diarios por cada año trabajado al funcionario que se separa del cargo de manera voluntaria. La fracción también establece pagos extras por antigüedad, siempre y cuando el servidor público cumplió más de tres años en su cargo, lo que no fue el caso de Ochoa Reza.
La fracción segunda, por su parte, garantiza al funcionario que fue separado de su cargo una liquidación de 120 salarios diarios, más 55 salarios diarios por año trabajado.
Al aplicarse la fracción primera, el finiquito de Ochoa Reza hubiera alcanzado 231 mil 118 pesos netos, equivalentes a 48.49 salarios diarios. Gracias a la fracción segunda, la CFE le pagó una liquidación equivalente a 253 salarios diarios.
El pasado jueves 23 septiembre, integrantes de la alianza Méxicoleaks cuestionaron a Ochoa Reza y a dos abogados de la CFE –Héctor de la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa, respectivos director de Administración y encargado de la Oficina del Abogado General– sobre la regularidad de la liquidación.
Los abogados afirmaron que el proceso de liquidación fue legal y apegado al manual. Insistieron que las fracciones primera y segunda del artículo 33 no se excluyen e incluso se complementan.
Pero los oficios de Karime Slim Ruiz demuestran que el manual no permite la interpretación de los abogados. La funcionaria sostuvo que, por renunciar a su cargo, el caso de García López no ameritaba dictamen alguno.
Ochoa Reza reconoció durante la entrevista que su renuncia fue una separación voluntaria. Añadió que él solo fue un “sujeto pasivo” en el proceso de liquidación.
Planteó: “Es una normatividad que se aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los funcionarios de mando desde tiempos que me preceden y que sigue vigente para los funcionarios que continúen teniendo esa honrosa responsabilidad (…) En ese sentido, yo no tuve ningún trato preferencial”.
El mismo día que se publicó la investigación, denunció una campaña mediática dirigida en su contra y aseveró que los reportajes en los distintos medios fueron “historias falsas”.
Reviro
Enrique Humberto Jiménez Vázquez y Jaime Castelán Olguín, respectivos gerente y subgerente de Relaciones Laborales de la CFE, ignoraron los oficios de Slim Ruiz: el 16 de mayo, apenas tres días después que la funcionaria negara la emisión de un dictamen de liquidación en beneficio de García López, redactaron el dictamen T.L. 75/2016 S.P.M.
Jiménez y Castelán otorgaron a García López una liquidación de 908 mil 289 pesos brutos–alrededor de 635 mil pesos netos–, con base en la fracción segunda del artículo 33. Por renunciar, según la fracción primera, le correspondían 112 mil 825 pesos netos; seis veces menos de lo que la CFE le pagó.
El 16 de agosto, Castelán integró un nuevo “Aviso de baja de personal permanente” de García López –con número 232.21 –KSR- 1475–, el cual resultó prácticamente idéntico al que había elaborado Slim Ruiz cuatro meses antes.
Sin embargo, en el apartado “Causa de baja” del nuevo oficio, Castelán sustituyó “Renuncia (no procede dictamen)” por “Terminación de la relación laboral No 75/2016 S.P.M.”.
Fuente: Proceso
