Nadie, obviamente, negó la importancia de luchar a favor de los derechos humanos. El problema del debate fue cómo financiar a las relatorías y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a través de los años, se ha ganado algunos enemigos en América Latina.
El canciller argentino Héctor Timerman habló con franqueza el viernes, durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Washington.
“Veo que hay más países que se alejan de la Comisión, en lugar de acercarse. Lamento eso. No le echo la culpa a nadie”, dijo Timerman. “Es importante fortalecer un organismo como la CIDH. Ahora estamos en democracia pero si alguna vez hay alguna dictadura va a ser importante tenerla”.
Tras cinco horas de debate, la OEA aún negociaba cómo adoptar una resolución final de siete puntos, resultado de largos meses de negociación para llevar a cabo la reforma de la CIDH. La Comisión emite medidas cautelares para prevenir daños irreparables a personas en situaciones de gravedad y urgencia.
Activistas y grupos de derechos humanos ven detrás de los esfuerzos de reforma y cambios de financiamiento un intento de debilitar a la CIDH y las relatorías, sobre todo la de la Libertad de Expresión, que depende de fondos externos. La resolución de siete puntos promueve, entre otras cosas, que sean los estados miembros de la OEA los que financien a la CIDH y las relatorías. Hasta que eso ocurra, se permite que estados observadores y otras instituciones fuera de la OEA continúen financiando los organismos “preferentemente sin fines específicos”.
Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela alargaron el debate.
Pidieron el viernes proseguir con la reforma de la CIDH, luego que el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño declaró en un agresivo discurso que el sistema está en crisis, dominado por la presión de los medios de comunicación y enfocado en favorecer a la relatoría de la libertad de expresión.
El embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, también fue crítico, al decir que “estamos en rebelión contra este corrupto y pusilánime Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela propusieron continuar hablando sobre la reforma en la asamblea general ordinaria de la OEA que se realizará en Guatemala en junio o hacerlo más adelante este año.
“No compartiremos ahora una resolución de esta naturaleza, que no dice absolutamente nada”, afirmó Patiño.
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua critican que la CIDH se financie con fondos externos y acusan a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de contar con demasiados privilegios en relación a otras relatorías. Otros países, además de grupos sin ánimo de lucro y organizaciones de derechos humanos, consideran estas críticas como intentos de ahogar financieramente a la relatoría y a la CIDH.
Estados Unidos dejó clara su posición.
“Restringir las contribuciones o eliminar la posibilidad de financiar actividades específicas de la Comisión viola nuestra promesa de lograr un sistema más fuerte”, dijo William Burns, vicesecretario de Estado estadounidense. “La mayoría de estados miembro concentrados en perfeccionar nuestro sistema de derechos humanos deben proteger a la Comisión de los pocos que intentan debilitarla”.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó el viernes la necesidad de defender a “toda costa” la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También admitió que muchas de las reformas que se proponen significarían un alto costo que “la organización no está en condiciones de asumir con sus actuales recursos”.
“Este es un tema que no podrá ser concluido en esta asamblea, pero creo que existe un consenso valioso en cuanto a la necesidad de que, en un tiempo a determinar, sean los estados miembros de la OEA quienes financien la totalidad o al menos los aspectos esenciales del sistema”, dijo Insulza.
Ecuador ha acusado a la OEA de atravesar una crisis de legitimidad. El fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez fustigó repetidamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que eran contrarios a su país.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa habló recientemente a favor de mudar la sede de la CIDH de Washington a Argentina, promover el financiamiento del organismo por parte de los estados y que sus integrantes sean ciudadanos de países que se han adherido a ese instrumento.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión cuenta con la dirección de la relatora Catalina Botero y tiene más fondos que otras porque pide dinero externo. Estados como Ecuador, Venezuela, Bolivia o Nicaragua piden que fondos externos a la OEA no financien más a relatorías como ésta, lo que provocaría su eliminación. La relatoría ha sido en el pasado crítica con estos países.
La resolución que se debate el viernes propone considerar a todas las relatorías como especiales, igualando así sus presupuestos “sobre la base de un financiamiento adecuado”. Insulza dijo el viernes que el necesario fortalecimiento de unas relatorías no puede significar el debilitamiento de otras.
La sede de la CIDH fue otro tema de discusión.
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela piden que la sede de la CIDH deje de estar en Estados Unidos, ya que este país no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. El canciller de Guatemala, Fernando Carrera, habló a favor el viernes de que la sede se traslade a Costa Rica, sede actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También pidió que los estados aumenten los fondos que destinan a las relatorías si realmente los miembros de la OEA quieren financiar los organismos.
La canciller colombiana María Angela Holguín habló a favor de la resolución de siete puntos que tiene frente a sí la OEA y señaló que espera que al final de día todos los miembros de la OEA logren un consenso y firmen una declaración conjunta.
Miembros de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en las Américas leyeron una declaración antes de que empezara la reunión de la OEA en la que expresaron “mucha preocupación” si el proceso de reflexión para reformar la CIDH se alarga más allá de la Asamblea General Extraordinaria del viernes.
“El proceso no ha resultado en un aumento del financiamiento de la Comisión y de la Corte. Por el contrario, los estados, por medio de la OEA, sólo proveen el 55% del presupuesto de la CIDH, y además varios estados quieren limitar a la CIDH en su capacidad de recibir fondos externos”, dijo Tirza Flores, miembro de la coalición, a los periodistas. “Esto implicaría que casi todas las relatorías y la propia CIDH perderían cerca del 45% de su financiamiento, el cual proviene de fuentes externas”.
Fuente: AP
