Coahuila (en manos del PRI), Guerrero (del PRD), Puebla (del PAN) y Tamaulipas (del PRI) simplemente ocultan todo lo que gastan sus gobernadores en publicidad. Estado de México, Colima y Michoacán, que antes mostraban alguna información sobre el destino del dinero público para medios (prensa, radio, televisión, internet y otros), ahora han transitado hacia la opacidad.
Ese es el resultado, nada alentador, que arroja la tercera edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas que realizan Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El estudio revela entre otras cosas la ausencia de información detallada sobre el gasto que realizan los gobiernos locales en esa materia.
El informe realizado por ambas organizaciones indica, en resumen, que en 2012, 26 entidades federativas ejercieron 5,377 millones de pesos en publicidad oficial y no se conoce el destino del 53% de este gasto; que la opacidad en la repartición de la publicidad debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político.
Y, sobre todo, que en el marco de la Reforma Electoral, los legisladores se comprometieron a regular el uso de la publicidad oficial. Tienen hasta el 30 de abril para cumplir con su mandato, es decir, apenas un mes.
De acuerdo con la información encontrada por ambas organizaciones, en general, las entidades federativas han mejorado las condiciones de acceso a la información a lo largo de las tres ediciones del índice.
De hecho, catorce estados aumentaron su puntuación entre 2011 y 2013; destacan los estados de Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí, que pasaron de cero estrellas en 2011 a tres y cuatro en 2013. Pero en el mismo periodo, solo tres entidades retrocedieron: el Estado de México, Colima y Michoacán.
Artículo 19 y Fundar lanzaron una “preocupación particular” por la opacidad en Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas; entidades que durante las tres ediciones de este ejercicio han obtenido 0 estrellas. ¿Qué significa sacar 0 (cero) estrellas? Que los gobiernos estatales no dan acceso al presupuesto aprobado y ejercido para publicidad; que no detallan cuántos montos destinaron a cada tipo de medios; que no dan nombres de quiénes se beneficiaron con el gasto y tampoco montos del destino de cada concepto o campaña.
Ambas organizaciones hablan de una “lentitud” de los gobiernos estatales hacia un cambio. Quince estados no modificaron sus resultados entre 2011 y 2013.
Tendencia a la opacidad
El estudio concluye que a tres años de la elaboración del Índice se advierte “que si bien existe una evolución favorable en cuanto al nivel de la información obtenida a través de las solicitudes de información, aún, la publicidad oficial es un nicho de opacidad importante.
“Así, por un lado, encontramos entidades que no entregan información o entregan solamente las cifras generales sin que sea posible identificar el destino de los recursos en la mitad de ellas; y por otro lado, encontramos entidades que han incrementado considerablemente el gasto en este concepto sin justificación aparente”, señalan las organizaciones.
“El estudio nos muestra un despilfarro indiscriminado de recursos que se ejercen sin control y que año con año se incrementa sin justificación alguna. El crecimiento acelerado de los montos asignados a este rubro permite afirmar que la relación financiera entre los medios de comunicación y los gobiernos locales sugiere una inmediata regulación. Los funcionarios públicos deben dejar de utilizar la publicidad oficial como un instrumento para la propaganda y deben rendir cuentas sobre el uso que le dan a estos recursos públicos. Aún falta un largo camino por recorrer”, agrega el estudio.
También advierte que las lagunas legales continúan permitiendo que todos los niveles de gobierno influencien en la línea editorial de los medios a través de la asignación de publicidad oficial. Las audiencias por tanto están sujetas a la información que el gobierno autoriza se publique.
“Actualmente estamos a la espera de una regulación definitiva del uso de estos recursos. Después de una serie de iniciativas y de la promesa del Presidente Enrique Peña Nieta, el artículo tercero transitorio de la reforma política aprobada al inicio del año 2014 incluyó la obligación de legisladores de regular la publicidad oficial antes del 30 de abril de este mismo año. El tiempo corre y quedan 30 días para que se cumpla esta promesa”, dicen las organizaciones.
“La transparencia en el uso de recursos públicos es una obligación constitucional que es flagrantemente soslayada por los gobiernos locales. Necesitamos reglas que aseguren la independencia de los medios del poder público, que garanticen la libertad de expresión, el derecho a la información de las audiencias y procuren la pluralidad de medios. Sin esto, será imposible hablar de una sociedad verdaderamente democrática en México”, resumen.
Fuente: Artículo 19 y Fundar, con base en las respuestas de diecinueve entidades a las solicitudes de información elaboradas en 2013 y los cumplimientos a los recursos bajo revisión.
Un mar de recursos
El diagnóstico documenta que 26 entidades gastaron 5,377 millones de pesos en publicidad oficial en 2012, lo que equivale a 20 veces el presupuesto de 2012 del sector salud para combatir la mortandad materna (255.34 millones de pesos) o dos veces el presupuesto que los tres órdenes de gobierno invirtieron en 2012 en la infraestructura de la educación media superior de todo país (2,054 millones de pesos con la cual se efectuaron obras en beneficio de 1,759 centros escolares).
“Sin embargo, de este monto millonario gastado por 26 entidades es imposible conocer el destino del 53% (que representa 2,833 millones de pesos). Solamente 19 entidades entregaron información sobre el detalle del gasto y en muchos de estos casos el monto es inconsistente con aquel que se reportó como total ejercido”, dijeron las organizaciones.
El Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial tiene como objetivo evaluar la transparencia y el cumplimiento del mandato constitucional (artículo 6 y 134) para los gastos en publicidad oficial. Se evaluó la primera respuesta a tres solicitudes de información relacionadas al gasto en 2010 y 2011 en publicidad realizadas a las 32 entidades federativas: presupuesto aprobado y ejercido, así como el desglose del gasto por tipo de medio, proveedor, campaña y concepto.
El ejercicio de los recursos públicos es información pública y debe ser accesible y encontrarse a disposición del ciudadano; sin embargo, la opacidad en torno a la asignación de publicidad oficial favorece la sospecha de favoritismo político.
De acuerdo con Fundar y Artículo 19, la ausencia de escrutinio público alienta un uso equivocado de estos recursos en lugar de fomentar una verdadera rendición de cuentas. El uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales. Se distribuye principalmente conforme a criterios políticos e intereses privados y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios; una práctica definida como censura sutil o indirecta.
En el transitorio tercero de la reforma electoral aprobada al inicio de año, los legisladores se comprometieron a regular el párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el uso de la propaganda gubernamental.
Además de la importancia de que nuestros diputados y senadores cumplan a tiempo con su mandato, la reforma deberá ser amplia, integral y abarcar todas las aristas del problema del uso irregular de la publicidad oficial para que la regulación del artículo 134 no sea una simulación.
Fuente: Sin Embargo
