Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad, aclaró que él como integrante del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, no participó en la operación entre Ahma y Pemex, a la empresa de Altos Hornos de México, y no obstante se encuentra disponible para que la autoridad conozca su postura.
“Yo no participé en el órgano que aprobó esa compra, pero lo que nosotros tenemos que dejar muy claro es que el procedimiento que se sigue hacia adelante, debe de cumplir con dos elementos esenciales: primero, que se respete el debido proceso legal, y segundo, es que se respete la presunción de inocencia de todas las personas que han sido señaladas.
“Por supuesto que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de revisar a través de la Fiscalía General de la República cualquier acto que pueda ser investigado y someterlo a la decisión libre del Poder Judicial de la Federal. Cualquier persona que reciba un señalamiento judicial, tiene el derecho a defenderse conforme lo establecen sus garantías constitucionales. En consecuencia, el proceso debe de cumplirse con respeto irrestricto al debido proceso legal, y el segundo, el respeto a la presunción de inocencia para todas las partes involucradas.”
-¿Encuentra indicios de politización en el proceso Lozoya-Ancira? –se le preguntó.
-Nunca hay que politizar a la justicia. Creo que la Fiscalía General de la República merece el beneficio de la duda, y en consecuencia evaluar su desempeño en función no de un calendario, sino de las actuaciones jurídicas puntuales que lleve a cabo el respeto al debido proceso legal y a partir de las pruebas que presente ante la autoridad judicial correspondiente.
– ¿Cómo fue que no participó, si usted formaba parte del Consejo de Administración?
-Ya lo han señalado varios medios de comunicación, que no fue el Consejo de Administración el que revisó ese caso, y por otro lado, hay que señalar puntualmente que todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República, en el caso de cualquier ciudadano que sea señalado, hay una obligación de la ciudadanía de contribuir con las investigaciones, y en consecuencia, cuando la Fiscalía actúe, cuando la Fiscalía señale, habrá que valorar en función de los argumentos jurídicos su comportamiento y su desempeño.
-Usted podría ser llamado a declarar –se le insistió.
-En cualquier momento que cualquier fiscalía, autoridad haga un pronunciamiento sobre cualquier ciudadano, es la obligación de los ciudadanos estar presentes y acudir, y por supuesto que en el caso acudiré con mucho gusto.
– ¿Pero en su caso no habría inconveniente en comparecer?
-De ninguna manera, al contrario, aquí estoy presente en la Comisión de Energía contribuyendo al desarrollo de los trabajos habituales de la Comisión.
– ¿Pero sí formaba parte del Consejo de Administración en ese año, en 2014?
-Formé parte del Consejo de Administración de diciembre del 2012 a enero del 2014.
-Entonces dice usted que no le tocó esa decisión- se le insistió.
-No fue en el Consejo de Administración donde se tomó esa decisión.
– ¿No están temiendo una cacería de brujas, toda vez que la Fiscalía ha acreditado que se compró chatarra?
-Esos son los elementos que tiene que mostrar la Fiscalía General de la República, y ese procedimiento se tiene que llevar a cabo respetando el debido proceso legal. Una vez que se presenten los elementos probatorios ante autoridad judicial, las partes señaladas tendrán el derecho de poder presentar sus argumentos técnicos para acreditar por qué llevaron a cabo una compra en el precio señalado y bajo las circunstancias indicadas por la autoridad.
Fuente: La Jornada
