El máximo órgano judicial desesetima que tenga que someterse también a votación en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. ¿Podrá May satisfacer a una Cámara de los Comunes que se oponía al Brexit?
La decisión del Tribunal Supremo británico de otorgar al Parlamento la potestad de activar el Brexit supone un severo golpe para el Gobierno. A pesar de que trabajaba ya sobre la base de que perdería la apelación, Theresa May está ahora obligada a resolver un complejo galimatías: cómo satisfacer a una Cámara de los Comunes dominada por diputados que se oponían a la salida de la Unión Europea, sin provocar retrasos en el objetivo que se ha marcado de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa antes de final de marzo.
Si bien los parlamentarios habían garantizado ya mediante una votación que no intentarán bloquear el divorcio, el veredicto del Supremo les concede legitimidad para modelar la ruptura e impedir los más polémicos aspectos avanzados por la primera ministra en su intervención de la semana pasada.
De momento, la oposición laborista ha advertido de que su prioridad es evitar que el proceso convierta a Reino Unido en un paraíso fiscal y los liberal-demócratas han condicionado su apoyo al artículo 50 a la convocatoria de un referéndum sobre el acuerdo que May obtenga para la salida, a priori en un plazo de dos años.
En consecuencia, la estrategia de los diputados conservadores pro-Bruselas será clave para aumentar la presión sobre un Ejecutivo que, hasta ahora, había trabajado sobre la base de una legislación breve, de apenas líneas, que se limitase a autorizar al Gobierno a activar el Brexit. Su intención es lógica: cuanta menos información contenga el texto, menos margen abriría para la presentación de enmiendas que podrían retrasar un proceso al que se le acaba el tiempo.
La votación en Westminster, ¿mero trámite?
Sin embargo, el apoyo incontestable del Supremo al protagonismo del Parlamento, refrendado por ocho de los once jueces implicados, todos los que actualmente integran el tribunal, cuestiona la idoneidad de convertir la votación en Westminster en un mero trámite. En principio la ley se espera para esta misma semana, puesto que el Gobierno tenía preparados ya diferentes textos, en función de los diversos escenarios que afrontaba.
El problema es que una táctica de limitación de daños, fundamentada en restringir los detalles al máximo, podría dejarlo expuesto a nuevas apelaciones, un escenario que le interesa tanto evitar como el de trasladar una imagen de aislacionismo dictatorial, en el que la guardia pretoriana de May se parapeta tras los muros del Número 10 por temor a la fiscalización del Parlamento.
No en vano, más allá de las connotaciones políticas, el de hoy representa un desafío constitucional prácticamente sin precedentes, puesto que contiene ingredientes nunca combinados a la vez en la historia británica moderna. Se trata de una dialéctica entre la prerrogativa real que el Gobierno reivindica, contra la soberanía del Parlamento; constituye una pugna entre la Justicia y el Ejecutivo, implica a los conceptos de soberanía británica y su interacción con los legislativos de Escocia, Irlanda del Norte y Gales e, indudablemente, atañe al debate sobre la jerarquía de los tratados comunitarios sobre las leyes estatales.
Fuente: El Economista
