Más de 12 años después de que el gobierno del presidente George W. Bush envió a los primeros prisioneros a la base militar de Guantánamo, Cuba, están aumentando las tensiones en torno a si Barack Obama podrá cerrar la prisión antes de dejar el poder. Según The New York Times, Barack Obama todavía quiere cumplir su promesa de cerrar la prisión que ha sido señalada de violar los derechos humanos de los detenidos.
En una sofocante tarde en agosto, un avión de transporte militar Boeing C-17 llegó a la base naval de Estados Unidos aquí. Había venido a llevarse a seis detenidos de bajo nivel para que emprendan nuevas vidas en Uruguay tras 12 años de encarcelamiento.
Días antes, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, había llamado al presidente uruguayo, José Mujica, presionándolo para reubicar a los hombres. El mandatario extranjero había ofrecido aceptar a los detenidos en enero pasado, pero para cuando Estados Unidos estuvo listo para transferirlos este verano, a Mujica le preocupaba que fuera políticamente riesgoso, según funcionarios del gobierno del Presidente Barack Obama.
Después de cuatro días de negociaciones frenéticas entre los dos gobiernos, el C-17 se fue sin los pasajeros que había venido a buscar.
Aunque el Presidente Obama prometió el año pasado revivir sus esfuerzos para cerrar Guantánamo, su gobierno se las ha ingeniado para liberar a solo un prisionero de bajo nivel este año, dejando a 79 que tienen la aprobación para ser transferidos a otros países. Tampoco ha convencido al Congreso de levantar su prohibición sobre el traslado de los restantes 70 detenidos de nivel más alto a una prisión dentro de Estados Unidos.
“Falta mucho camino por recorrer hasta que sea cerrada”, dijo el general John F. Kelly, líder del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa a la Fuerza de Trabajo Conjunto de Guantánamo.
Más de 12 años después de que el gobierno del Presidente George W. Bush envió a los primeros prisioneros aquí, están aumentando las tensiones en torno a si Obama podrá cerrar la prisión antes de dejar el poder, según entrevistas con dos docenas de funcionarios gubernamentales, congresales y militares.
También están aumentando las presiones legales conforme la guerra en Afganistán se acerca a su fin oficial, y el sistema judicial se siente cada vez más incómodo con la práctica de los militares de alimentar por la fuerza a quienes se declaran en huelga de hambre. Y los funcionarios militares aquí, enfrentados con la infraestructura decadente y presos que envejecen, están adoptando medidas que dicen son necesarias para mantener en operación a Guantánamo; pero también podrían ayudar a institucionalizarlo.
Obama ha argumentado que Guantánamo debería cerrar debido a sus altos costos, casi 3 millones de dólares por detenido anualmente, y porque pone en peligro la seguridad nacional; se ha convertido en un símbolo antiestadounidense de la tortura y otros abusos contra los detenidos.
“Cada mes cuenta”, dijo Cliff Sloan, el enviado del Departamento de Estado para tratar las transferencias de los detenidos. “El periodo de aquí a fin de año es crítico porque el camino hacia el cierre demanda un avance sustancial en el traslado de personas desde Guantánamo”.
Las instalaciones carcelarias en medio de este paisaje áspero de sol, matorrales y polvo se han extendido, aun cuando la población de detenidos ha disminuido. En 2003, unos 680 prisioneros llenaban el Campamento Delta, un extenso complejo con tres unidades de celdas al aire libre y otra área comunal de catres.
Hoy, los 149 detenidos restantes viven en edificios más nuevos, y el Campamento Delta está vacío. Oculto en las colinas a aproximadamente un kilómetro de la costa se ubica el Campamento 7, un centro de operaciones de espionaje donde está encarcelado un grupo de sospechosos de terrorismo de alto nivel, como Khalid Sheikh Mohammed, el autoproclamado autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre.
El año pasado, el Comando Sur solicitó unos 200 millones de dólares para reconstruir esa estructura; para mejorar la vivienda para las 2 mil tropas que participan en la fuerza de tarea de la prisión; y para reemplazar o reparar otros edificios, argumentando que el recinto no estaba diseñado para su uso a largo plazo y arreglar varios edificios ya no era adecuado.
El Pentágono rechazó la solicitud, pero el Congreso quizá apruebe unos 23 millones de dólares para dos renglones de esa lista: reemplazar el edificio de la cocina y trasladar a la clínica médica más cerca de los Campamentos 5 y 6, las estructuras de paredes de cemento donde ahora vive la mayoría de los detenidos.
En los Campamentos 5 y 6, los detenidos son albergados según su comportamiento, no si han sido designados para su liberación o encarcelamiento continuo. Quienes cumplen con las reglas de la prisión podrían vivir de manera comunal, comiendo y orando juntos. Hasta 20 viven en cada bloque de celdas, donde las puertas permanecen abiertas la mayor parte del día, permitiendo a los prisioneros convivir en torno de una mesa o afuera en un patio recreativo.
Los detenidos comunales tienen contacto mínimo con los guardias, pero están bajo constante vigilancia a través de un cristal bidireccional y cámaras de seguridad. Durante una visita reciente de un reportero, varios hombres con barbas largas y cabello corto, que usaban el traje carcelario blanco y café, estaban de pie hablando en un espacio abierto. Otros dormían la siesta en sus celdas.
Algunos hombres estaban sentados en el exterior en sillas de jardín de plástico blancas, viendo un televisor. Algunos bloques de celdas están designados a quienes quieren ver la televisión y DVDs occidentales, mientras que otros son para quienes quieren evitar ver mujeres que no están cubiertas.
Posteriormente, varios prisioneros colocaron tapetes sobre el piso y oraron en dirección a La Meca.
Mohammed y otros cuatro acusados de ayudar a los ataques del 11 de septiembre han estado participando en prolongadas audiencias previas a juicio en el sistema de comisión militar. Su fiscal en jefe, general brigadier Mark S. Martins, extendió recientemente su mandato por tres años en un intento por ver la conclusión del caso, dijeron funcionarios.
Pero alrededor de la mitad de los reos que están detenidos, según un informe de 2010 de un grupo de revisión integrado por varias agencias, probablemente sólo eran soldados rasos que ayudaron al Talibán a combatir a las milicias afganas del norte. Este grupo no violó ninguna ley y conforma el grueso de los 79 reos con recomendación para ser transferidos si se pueden satisfacer las condiciones de seguridad. Pero en general provienen de países demasiado inestables para las restricciones de transferencia del Congreso.
Este verano, un nuevo alcalde, el coronel David Heath, asumió la jefatura de la fuerza de guardia aquí. Concedió a los detenidos que se comportaban relativamente bien pero no eran elegibles para las condiciones comunales – se necesitan 90 días consecutivos de buen comportamiento- ocho horas de tiempo de recreación al día, en lugar de dos.
“Fue un cambio que hice tras el Ramadán, sólo para demostrarles que hay un nuevo comandante del campamento aquí, y que hago las cosas un poco diferente”, dijo.
El predecesor de Heath encabezó un periodo de mayor turbulencia. Después de una etapa de calma de dos años en el cual ningún prisionero de bajo nivel fue liberado, los detenidos empezaron a principios de 2013 una extensa huelga de hambre.
La protesta provocó que Obama reviviera su esfuerzo por cerrar la prisión. Designó a Sloan, un ex abogado corporativo y asesor legal de la Casa Blanca, y a otro enviado para negociar los acuerdos de transferencia.
Por ley, el secretario de Defensa tiene la última palabra sobre si es suficientemente seguro liberar a un detenido. Leon Panetta, el ex secretario de Defensa, no aprobó ninguna transferencia de bajo nivel, pero su sucesor, Chuck Hagel, aprobó 10 antes de diciembre y otra a principios de este año.
De los 83 detenidos transferidos bajo el gobierno de Obama, cinco han participado en actividad terrorista o insurgente después, y otros dos son sospechosos de hacerlo, según la Oficina del Director de Espionaje Nacional.
El contraalmirante John F. Kirby, vocero de Hagel, dijo que “apoya por completo” el cierre de Guantánamo pero quiere alcanzar el equilibrio perfecto entre los beneficios de las transferencias y las garantías de seguridad de parte de las naciones anfitrionas.
Hagel finalmente notificó al Congreso a principios de julio que había aprobado el acuerdo con Uruguay, activando un periodo de espera de 30 días bajo las restricciones de transferencia. Eso llevó a la llamada de Biden y al vuelo del C-17 a Guantánamo, para que estuviera listo si Mujica daba el visto bueno. Pero en vez de ello, postergó el acuerdo.
El gobierno estadounidense no cumplió con el periodo de espera en mayo, cuando envió a cinco detenidos del Taliban de alto nivel a Qatar en un intercambio de prisioneros por el sargento Bowe Bergdahl, el único prisionero de guerra estadounidense en el conflicto de Afganistán. Hagel dijo que se sentía satisfecho con las garantías de seguridad de los qataríes, pero argumentó que retrasar la transferencia habría puesto en riesgo la vida de Bergdahl.
Congresistas republicanos se desquitaron votando para prohibir la transferencia de cualquier detenido de Guantánamo a cualquier parte, aunque eso pudiera no convertirse en ley. Persisten las tensiones.
Heath, el nuevo alcalde, pretende mantener la rutina para todos los detenidos para que los días sigan transcurriendo en paz.
“No dedico mucho tiempo a pensar en quién pudiera ser liberado o no”, dijo. “Intento tratarlos lo más igualitariamente posible; ‘justa y consistentemente’ es lo que predico a todos mis muchachos, porque notan las variaciones. Han estado aquí mucho tiempo”.
Fuente: The New York Times
