Por Luis Javier Valero
Sin duda que el conjunto de reformas impulsadas por el grupo gobernante implican cambios progresivos, los menos, y otros regresivos, los más, pero de entre las aprobadas recientemente (pendiente, aún, la energética) la política, especialmente en el apartado de la reelección inmediata de legisladores y diputados es la de peores consecuencias y la que encontrará innumerables críticas en la medida que se aplique y cuyos efectos sean resentidos por los gobernados.
No nos bastarán los años transcurridos para dolernos del tremendo atraco a un pueblo que le había apostado a la vía electoral la resolución de sus problemas.
No planteo que con ello se haya agotado tal recurso, pero sí que ante el desánimo y desilusión popular hacia los procesos electorales y sus actores –la clase política– la aprobación de la reelección continua constituirá uno de los principales reclamos a los gobernantes.
No hay una sola encuesta o sondeo que muestre la necesidad, o la aprobación hacia tal medida; en todos ellos la reprobación, o el rechazo, supera los dos tercios de los consultados.
Basta asomarse a cualquier red social para darse una “ligera” idea de los elevados grados de rechazo a la clase política y a sus excesos.
Hoy estamos ante el peor. Duelen más, quizá, sus argumentaciones, y entre éstas, el trasfondo de la aprobación de la reforma política: El chantaje del panismo a los priistas al condicionar las modificaciones electorales a la aprobación de la energética. No tiene nombre semejante postura.
Es la política, dirán cínicamente casi todos, se trata de la negociación como eje central de la actividad política. Sí, pero en lo que están haciendo no hay, ni siquiera, un mínimo de ética.
Aun resuenan las frases de Ernesto Cordero (por mencionar solamente uno de ellos) en su reciente gira por Chihuahua, cuando sostuvo que el país requería, antes de la reforma energética, un marco democrático para efectuarla. Que se necesitaba una profunda reforma política que le dotara al país de los instrumentos democráticos para detener la corrupción en Pemex y en la explotación de los energéticos.
Bueno, pues los priistas ya les obsequiaron el marco legal “democrático” que necesitaban: La reelección inmediata de legisladores y alcaldes, la práctica desaparición de los órganos electorales locales, con la creación del Instituto Nacional de Elecciones.
Justo premio para sus requerimientos menores. Los integrantes de las cúpulas partidarias que hoy cambian radicalmente el esquema político del país podrán repartirse generosamente las posiciones que derivarán de estos cambios.
Y para que duela más, la aprobación de semejante engendro lo hacen justamente cuando su tren de vida, excesos, privilegios y desprecio por la sociedad se hacen más contrastantes con el pago de aguinaldos y demás prestaciones entre ellos y el resto de la población.
¿De dónde sacan que nos regresaron el derecho a calificar su gestión? ¿Que no se acuerdan que nuestro pasado inmediato, en lo político y en lo demás, es un régimen autoritario –en muchas formas, despótico– de partido único, pletórico de muy cruentas luchas por, siquiera, establecer un régimen electoral que desterrara los privilegios de quienes nos habían gobernado hasta entonces?
Nuestro pasado ubica a un partido político que actuaba como la secretaría electoral del gobierno y que simulaba la realización de elecciones para aparentar, ante el mundo y la sociedad, que aquí había un régimen democrático, con elecciones periódicas regulares que legitimaban a los gobiernos emanados de la “Revolución”, pero cuya realización dependía del uso patrimonialista de los recursos públicos.
El tesoro público servía para que el gobernante en turno lo derrochara simulando la mejor de las contiendas electorales, de ahí el titipuchal de candados creados en la legislación electoral, precisamente para prevenir tal conducta, y ahora no solamente contra los excesos del priismo, no, en los años recientes era para defendernos de los excesos de todos los partidos políticos; para evitar, fundamentalmente, la utilización de los recursos públicos para mantenerse en el poder.
Ahora todo ha sido eliminado. ¿Se imaginan a los alcaldes en funciones buscando la reelección? ¿O a los legisladores, de todos los partidos, de todas las entidades, aprovechando todos los recursos públicos puestos a su disposición para buscar la continuidad en el puesto?
¿Se necesita poner ejemplos de sus conductas?
¿Los diputados y senadores son los únicos funcionarios públicos que no deben justificar un monto importante de recursos públicos gastados por ellos que, además, están exentos de la fiscalización?
¿Y las noticias recientes de los chantajes o “mordidas” exigidas por algunos diputados a los alcaldes para que éstos accedan a más recursos, o incluso a algunas partidas presupuestadas de antemano?
Los legisladores federales argumentaron que la creación del Instituto Nacional de Elecciones, en sustitución del IFE, era para quitarles a los gobernadores la injerencia en los procesos electorales locales ¿Se imaginan a éstos ejerciendo los presupuestos estatales para favorecer la reelección continua de los diputados que surgieron bajo su control? ¿Y la de los alcaldes, la mayor parte de ellos emergidos de la más cercanía de sus afectos, o complicidades?
¡Ah, pero ya no tendrán control sobre los consejeros electorales de sus estados! No, ahora lo tendrá el presidente de la república.
¿En qué país vivimos? ¿Que hicimos mal para que la transición democrática se abortara de tal manera? ¡Ah, pero sostiene Manlio Fabio Beltrones, líder de los diputados priistas, que este es un paso más en la transición! Cuán diferente es su visión respecto de la mayoría de sus gobernados.
No es la única regresión fundamental, otra es la desaparición del IFE y la creación del INE, cuya elección partidista se incrementará con el mecanismo aprobado.
Luego de que un “Comité de Evaluación” (3 de la Cámara de Diputados, 2 de la CNDH y 2 del IFAI) seleccione a 5 aspirantes por cada puesto, esa lista será presentada al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y éste hará la designación que se presentará al Pleno de la Cámara para ser aprobados los consejeros por mayoría calificada.
Es decir, habrá otros dos momentos más para ejercer la cuota partidaria de consejeros.
El INE efectuará, además de las facultades ahora reservadas al ámbito federal, el diseño y determinación de los distritos electorales locales (facultad constitucional de Chihuahua, hasta ahora), la ubicación de las casillas y nombramiento de los funcionarios de cada una de ellas en las elecciones locales; la impresión de las boletas electorales; la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y candidatos.
Además, podrá conducir los procesos electorales, pero si 8 consejeros del INE lo acuerdan podrá asumir todas las funciones de los órganos locales. Además, al INE le corresponde la designación y remoción de los consejeros locales. ¡Ay nomás!
La cereza en el pastel: La anulación de un proceso electoral solo procederá en el caso (entre otras causales) si se excede “el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado”. ¡Híjole! ¿Y si lo rebasa en un 10% no procede?
Peor aún, las otras causales de anulación (adquisición de tiempo en radio y televisión y recepción de recursos de procedencia ilícita o públicos), sólo se considerarán “determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5 por ciento”. Igual que lo anterior, si la diferencia es de 5.001, entonces ya no es determinante.
Otra. Permanece en la reforma el mecanismo de reparto de votos entre los partidos coaligados, que sustituye la vigente hasta ahora en el ámbito federal, lo que es un verdadero retroceso, pues ahora podrán, en todas las elecciones, federales y locales, repartirse los votos de manera anticipada para dar vida artificial a los partidos seleccionados.
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