En el contexto de refrendar la política de protección a las empresas públicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a Estados Unidos que México no ampliará los permisos de explotación en el sector energético. Al explicar la parte medular de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, puntualizó:
“No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria, lo que se busca es rescatar a Pemex y CFE por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Queremos evitar situaciones como las crisis que vivió Texas en 2021 debido a una tormenta invernal o la que vive ahora España, con un gran impacto para su población”, se indica en el documento base de la conversación del jueves en Palacio Nacional con la delegación de funcionarios y empresarios estadounidenses.
Igualmente se comprometió por escrito a respetar los permisos de cinco petroleras para introducir a México el combustible, siempre que sean prácticas legales y justas. Incluso ofrecieron, como gesto de buena voluntad, retirar denuncias y levantar clausuras existentes.
Los anteriores son los dos primeros puntos de un decálogo contenido en el texto “Puntos básicos para la reunión con el Sr. John Kerry, el embajador Ken Salazar y empresarios de Estados Unidos, relacionados con el sector energético”.
Aquí los diez puntos:
- Se respetarán los permisos de importación de cinco petroleras para introducir combustible, bajo condiciones de precios justos y legalidad; es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando (ExxonMobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro). Las mismas condiciones aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación e inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes, como gesto de buena voluntad. No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol, al contrabando y al mal uso del permiso se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso. En los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas, solo podrá ofrecerse como opción el que Pemex, previo avalúo y en caso de necesidad, adquiera dichas instalaciones.
- Aclaramos que las nuevas solicitudes o los permisos en trámite no se otorgarán porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la CFE; es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación.
- Pedimos a las empresas petroleras de Estados Unidos, que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México, que inviertan, pues, con la Reforma Energética se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo, y solo están invirtiendo dos empresas y ninguna de Estados Unidos, es decir, Talos, Fieldwood, ExxonMobil, Murphy Sur, Chevron, Verdad y Roma Energy. Se añade que aún así no se han revocado contratos y se han otorgado las prórrogas solicitadas.
- Que el yacimiento Zama, compartido por Pemex y Talos Energy, inicie sus operaciones de exploración y perforación de acuerdo con la definición que ya se tiene por parte de las autoridades mexicanas, porque cuenta con petróleo de buena calidad, existe el acuerdo del Consejo de Pemex y solo se requiere inversión, la cual puede aportar Talos, otras empresas o algún fondo de inversión. En caso de que Talos se desista del arbitraje, la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría resolver rápidamente para iniciar los trabajos y tener producción en esta administración. El volumen recuperable estimado del yacimiento es de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es decir, un valor presente neto estimado de 4,835 millones de dólares después de impuestos, con una tasa interna de retorno del 49.6%.
- En materia de generación de energía eléctrica, hemos propuesto un sistema mixto en el cual la CFE genere el 54% de la electricidad y el sector privado el 46% restante. El 46% del mercado eléctrico mexicano representa un volumen de generación superior al de todos los países de América Latina con excepción de Brasil y en ese porcentaje se incorpora toda la inversión en generación de las empresas privadas. El crecimiento de la demanda estimada es de cuando menos 4% anual, lo que duplicaría los ingresos potenciales para el sector privado en menos de veinte años. No se consideraría en este 46% a la generación de electricidad que se haya logrado con vehículos ilegales o no debidamente autorizados, de acuerdo con la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 25 de abril de 2002 (Controversia Constitucional 22/2001), así como diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria, lo que se busca es rescatar a Pemex y CFE por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Queremos evitar situaciones como las crisis que vivió Texas en 2021 debido a una tormenta invernal o la que vive ahora España, con un gran impacto para su población.
- Las empresas como Sempra y otras que tienen acuerdos con la CFE y contratos de transporte en gasoductos podrían invertir en Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde se tienen terrenos y puertos para construir tres plantas de licuefacción y exportar gas a países de Asia, América y Europa. Las empresas interesadas deberán llegar a acuerdos con la CFE a más tardar en un mes.
- Pueden suscribirse acuerdos conjuntos para la producción de energía con la modernización de turbinas, equipamiento de presas existentes, e instalación de celdas fotovoltaicas flotantes en los embalses de las presas. Estas inversiones estarían garantizadas con la compra de la energía que produzcan por parte de la CFE.
- Los invitamos, además, a que inviertan en el parque fotovoltaico más grande de América Latina (1,000 MW), ubicado en Puerto Peñasco, Sonora.
- La política del actual gobierno no apuesta a la contaminación, sino por el contrario, tiene, en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Se les informa que el presente gobierno adquiere un compromiso de Estado de impulsar la transición energética, a través de una política de desarrollo científico y tecnológico.
Acciones concretas realizadas por el Gobierno de México:
a) Se aplica el programa de reforestación más importante del mundo: Sembrando Vida (1,500 millones de dólares este año).
b) Pemex extrae petróleo de manera racional, sin rebasar los 2millones de barriles diarios, a pesar de contar con reservas adicionales que permitirían aumentar nuestra producción.
c) No se ha autorizado el fracking.
d) Se están modernizando seis refinerías, se adquirió la refinería Deer Park en Texas; está por inaugurarse la nueva refinería de Dos Bocas; y se construirán dos coquizadoras, una en Tula, ya en proceso, y otra en Salina Cruz, todo lo cual va a significar la reducción sustancial de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y, de manera muy relevante, eliminará prácticamente la producción de combustóleo en nuestro país.
e) México solo cuenta con tres plantas carboeléctricas (dos en el estado de Coahuila y una en Guerrero) que funcionan actualmente al 50% de su capacidad. Lo anterior significa que producimos el 0.35% de lo que se produce de energía con carbón en China y el 2.1% de lo que se produce de energía con carbón en Estados Unidos. No se planea construir ninguna nueva planta de generación a base de carbón.
f) Estamos en condición de apoyar a la transición energética de industria automotriz norteamericana en México, aportándole la energía limpia que requiera. Destaca como parte de este esfuerzo la fabricación nacional de vehículos eléctricos con lo que se reducirá el mayor contaminante que es el transporte.
10.Estamos dispuestos a atender a las empresas del sector energético de Estados Unidos, sin actuar de manera injusta y arbitraria. Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país, porque consideramos que es imprescindible y benéfica la integración económica y comercial entre las dos naciones con respeto a nuestras soberanías y sin permitir actos ilegales, influyentismo y corrupción.
Fuente: La Jornada
