Por Antonio Gershenson
Vamos a analizar más en detalle la Propuesta de reformas que acompaña el proyecto de cambios de los artículos 27 y 28 que vimos el pasado domingo en este espacio.
“Autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo federal, la participación de terceros en refinación, transporte” y otros.
Quiero recordar la historia de las refinerías en 2008, especialmente a fines. El gobierno panista quería que las refinerías fueran de empresas trasnacionales. Pero no sólo los legisladores de izquierda querían que siguieran siendo de Pemex. Los legisladores del PRI emitieron una declaración diciendo, entre otras cosas, que las refinerías debían ser de, y ser construidas, por Pemex.
Ahora la posición enviada por el gobierno del PRI dice lo contrario.
El resultado de la Consulta Nacional sobre las Reformas Fiscal y Energética, en la pregunta sobre si sólo Pemex fuera quien invierta en construir refinerías y otras, fue favorable en 86 por ciento.
También escriben los del gobierno: Eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos. Al eliminar esta parte, si lo logran, estarían eliminando las violaciones cotidianas que están cometiendo. Clásicos son casos como los de Burgos, contratos de 15 años o de 20 años para sacar gas en los que las trasnacionales hacen y deshacen a voluntad y son casi dueños de grandes extensiones cada una.
No está de más recordar que este mismo ejemplo echa abajo todos los discursos sobre la eficiencia y productividad en favor de estas medidas y cambios legales: mil 515 millones de pies cúbicos producidos en 2009, y en 2012 se producen sólo mil 206 mmpcd, una cuarta parte menos que tres años antes. Un caso similar es el de Veracruz, con una baja a la mitad en cuatro años, de 2008 a 2012.
Tenemos ahora un caso de aceite (crudo) en Chicontepec, el gastadero para los monopolios. Su producción en lo que va del año estaba programada para subir de 79 a 95 mil barriles diarios. La realidad fue, según información oficial, de una baja de 75 a 63 mil barriles. En vez de una alza de 17 por ciento proclamada por los jefazos, hay una baja de 16 por ciento de caída en los mismos ocho meses. ¿No que los cambios planteados van a mejorar a Pemex? Los casos de transnacionales los han empeorado.
Ahora, nos ocupamos del sector eléctrico.
El escrito oficial dice: Creación de un mercado competitivo de generación, administrado por el Estado y a través de un operador independiente.
“Las mejores prácticas internacionales destacan la importancia de una entidad independiente que realice la planeación y la operación de la red de transmisión así como el despacho de energía, es decir, que controle la operación del sistema eléctrico nacional”.
¿Quién es, o quién nombra, a esa entidad independiente? ¿El gobierno? ¿Las trasnacionales? ¿Los enviados de otro gobierno? ¿Una combinación de éstos?
¿Independiente de quién? ¿De los empresarios? ¿De las trasnacionales? ¿De cuántos más? ¿De qué funcionario del gobierno? En general, esto no suena como a una planeación que podría darle racionalidad al asunto, y que no es congruente con el resto del proyecto oficial.
Se habla de entidades independientes, pero ya existen y son las empresas que tienen una o más plantas generadoras para vender electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Y ganan un dineral. Se les paga el gas natural, de una u otra manera. Se les pagan todos los gastos de operación, de mantenimiento y en general lo gastado. Y, por supuesto, se les paga la energía eléctrica entregada a la CFE para la red eléctrica. ¿Tendrán algo que ver estas empresas independientes con la entidad independiente de la que habla el gobierno?
Y, ¿se les seguirá pagando durante los 20 años por los que se firmó su contrato? Se supone que se va a establecer una estructura nueva. ¿O va a haber una especie de doble pago?
Estos elementos, y los del domingo pasado, sobre los artículos 27 y 28, y sus derivaciones, pueden ser útiles para la unión anunciada de López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y otros, y sus discusiones.
Finalmente, hay un error al final del artículo del domingo pasado en este espacio, que dice: “¿Qué se va a hacer, si se va a dar parte del botín de Pemex a empresas, con los ya entregados, a 40, 35 o 30 años, por suelos ya ‘maduros’ por no decir agotados?” Los años están mal y deben decir 30, 25 o 20 años.
Fuente: La Jornada
