Por Darío Ramírez
Durante 2015, siete periodistas han sido asesinados. Desconozco por qué historias como las de Rubén Espinosa y Moisés Sánchez han recibido una amplia cobertura y las de Abel Bautista, Raymundo Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Filadelfo Sánchez y Juan Mendoza prácticamente no han sido cubiertas por la prensa nacional. Todas esas historias —sin importar la cobertura que han tenido— son evidencia clara de que la libertad de expresión en México sufre una violencia sistemática y generalizada.
Los libros clásicos sobre teoría de la libertad de expresión están errados. Esta parte de un paradigma supremo que dice: “No hay democracia sin libertad de expresión”. La realidad en México nos muestra que ambos elementos pueden coexistir en su nivel más bajo —casi imperceptible en la realidad— y no ceñirse al paradigma señalado. Es decir, en México hay una incipiente democracia con una paupérrima libertad de expresión, una combinación que deriva en que tanto la democracia como la libertad de expresión estén agonizando en nuestro país.
El valor democrático de la libertad de expresión se lo tendría que conferir (y perdón por la redundancia) el mismo sistema democrático. La crítica, el escrutinio, el disenso, la investigación periodística y el periodismo como actividades de interés público son elementos indispensables de toda democracia. El análisis fino debe tomar como punto de partida qué periodismo tenemos y en qué democracia. Ahí podríamos ver algo que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo: una simulación casi perfecta. Un sistema político mediático que ante los ojos más diestros engaña flagrantemente. De ahí que políticos, medios de comunicación y periodistas afirmen con vehemencia que, a pesar de la vergüenza que representa vivir en un país con 88 periodistas asesinados y 17 periodistas desaparecidos, y centenas de agresiones de todo tipo, aun así la libertad de expresión en México está garantizada y, con ella, la democracia. La duda es: ¿de qué tipo, de democracia y prensa estamos hablando para aceptar una convivencia con tan desastrosos resultados?
El homicidio de cinco personas en la Narvarte ha cambiado la geografía del miedo. El homicidio del fotorreportero Rubén Espinosa conjuntó dos elementos que nunca antes habían concurrido. El primero, el homicidio de un periodista desplazado por miedo desde Veracruz, y, el segundo, que haya tenido lugar en el Distrito Federal. Ambos elementos han provocado una zozobra colectiva. He escuchado decenas de opiniones sobre el hecho de sentir miedo en el DF, y preguntarse si la capital ha dejado de ser un refugio seguro para decenas de periodistas que se trasladan aquí en búsqueda de seguridad. Yo digo que no. Pero todo dependerá de la certidumbre y confianza que arrojen los resultados de la PGJDF.
Durante la concentración en el Ángel de la Independencia hubo un clamor generalizado en contra de Javier Duarte. Y no es para menos, tan sólo en su gestión 14 periodistas han sido asesinados. Rubén Espinosa y Nadia Vera salieron de Veracruz por recibir amenazas. Esta última responsabilizó de su seguridad al gobernador. Todo ello alimentó el juicio sumario.
Es lamentable que Javier Duarte, teniendo uno de los peores récords del mundo, pueda seguir hablando de que la libertad de expresión está garantizada en Veracruz. No señor gobernador, no la está. El ambiente de hostilidad y persecución en el estado es real de acuerdo con testimonios recabados a periodistas que viven o han vivido ahí. Lo que ha sostenido en los medios, después del homicidio de Rubén Espinosa, oscila entre lo falso y las verdades a medias.
A la Procuraduría del DF se le ha pedido que la línea de investigación del multihomicidio, y en especial los casos de Rubén y Nadia, tengan como columna vertebral su actividad profesional y las amenazas recientes que sufrieron en Veracruz. Hasta el día de hoy, ninguna investigación de homicidio de algún periodista ha tenido como eje central su ejercicio periodístico. Ninguno. En los pocos casos que la autoridad afirma (y eso no quiere decir que sea cierto) haber resuelto, los móviles distan mucho del ejercicio profesional. La Procuraduría del DF parece seguir los mismo pasos. Aunque, hay que reconocerlo, la idea de ir a Veracruz para que el gobernador declare como testigo busca apaciguar la otra idea de que no se investigarán las amenazas en Veracruz al periodista y a la activista.
Lo que le falta a la Procuraduría del DF es reconocer que no basta con ir a hacerle unas cuantas preguntas a Javier Duarte, sino que lo urgente para tener una investigación diligente es que declaren amigos, colegas y autoridades que vivieron o tuvieron contacto con Rubén Espinosa en los últimos meses. Es decir, investigar lo que no se ha investigado, porque sólo de esta manera podrá saberse si las amenazas en Veracruz se consumaron en la colonia Narvarte. Es cierto que es inédito que un gobernador declare en el caso del homicidio de un periodista. Importante avance, sí, pero insuficiente.
El clamor por exigirle cuentas a Javier Duarte es fundado. La realidad y las estadísticas de agresiones en ese estado así lo exige. Sin embargo, nos encontramos en un laberinto que no parece tener salida, por lo menos no en lo inmediato. El primer elemento de este galimatías es la credibilidad en las investigaciones. La Procuraduría del DF necesitará ser contundentemente clara, precisa y desterrar toda duda cuando presente sus resultados. Mientras persistan dudas en el proceso de investigación y en los resultados, nunca sabremos si la ciudad es segura para los periodistas desplazados o si el multihomicidio fue un hecho —repugnante— aislado. Por lo anterior, la Procuraduría necesita no sólo decir porqué afirma que el móvil fue x o y, sino que debe explicar porqué las otras líneas de investigación, principalmente la que atañe a Veracruz, en caso de que el resultado no arroje ésta como móvil, fueron desechadas. Es decir, un ejercicio didáctico de rendición de cuentas nunca antes visto.
Estamos acostumbrados a los juicios sumarios y a los juicios mediáticos, y he de afirmar que con justa razón. La procuración e impartición de justicia suelen fallarle, en su gran mayoría, a la sociedad. La impunidad —que se traduce en falta de investigaciones diligentes, imparciales, profesionales y expeditas— es parte de nuestra realidad. Eso nos lleva al otro elemento del galimatías: alejarnos de los juicios a priori. Parece que pido lo imposible, pero me parece que si no contemplamos por lo menos la idea de que el multihomicidio puede (y ojo con esto) tener otras razones que no se originen en Veracruz, entonces la moneda, en este caso, la justicia, ya está echada. Sé que mi afirmación raya en lo naif porque toma como punto de partida la concepción de una investigación profesional. Desconozco si la tendremos. Pero tan mal hizo el Procurador en sugerir que el móvil fue un simple robo, como mal haríamos en afirmar que el multihomicidio es la consumación de las amenazas en Veracruz. Todas y todos a quienes este multihomicidio ha dejado perplejos debemos de empezar por buscar y exigir la verdad de los hechos. Porque sólo la verdad nos podrá dar, a individuos y familias, certidumbre, paz y tranquilidad.
La impunidad en los casos de violencia contra la prensa no es distinta a la reinante impunidad en todos los otros delitos. La diferencia es que la repercusión social en el derecho a la información se refleja de manera distinta. Entonces: si ante la comunidad internacional presumimos tener una ley de protección a periodistas, un mecanismo de protección y una fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión (y sus copias en algunos estados de la República), la pregunta que queda, dirigida al Estado mexicano es: ¿no pueden o no quieren resolver los crímenes contra periodistas?
Fuente: Sin Embargo
