La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la “falta de celeridad” del gobierno mexicano en investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al deplorar que desde diciembre de 2015 las autoridades no presentaron nuevas acusaciones en el caso y que a la fecha “no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada”.
A tres años de la noche de Iguala, subrayó el órgano interamericano, “aún no se (ha) podido establecer la verdad de lo ocurrido ni hacer justicia”, por lo que urgió al Estado a “redoblar esfuerzos en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y evitar que este caso emblemático de grave violación a los derechos humanos quede en la impunidad”.
Pese que la Procuraduría General de la República (PGR) asignó un equipo de 90 personas de forma exclusiva para dar con el paradero de los normalistas y determinar lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014, la investigación está estancada.
Las autoridades están renuentes en investigar la colusión entre el grupo criminal Guerreros Unidos y agentes públicos, entre ellos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Humberto Velázquez Delgado, excomandante de la Policía Ministerial de Guerrero, como lo documentó Apro el martes pasado.
La CIDH recordó al gobierno mexicano que es su obligación “agotar de manera diligente y exhaustiva las líneas de investigación en relación con estos hechos, incluyendo aquellas que vinculen la posible participación de agentes estatales y fuerzas de seguridad en todos los niveles, así como todas las omisiones y las posibles obstrucciones a la justicia”.
El organismo internacional, que siguió la investigación a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y más recientemente mediante el Mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, reiteró la importancia de “priorizar pruebas y diligencias” en relación con el quinto autobús, cuya pista arrojaría luz sobre el tráfico de heroína producida en Guerrero y trasegada hacia Estados Unidos.
A finales de agosto pasado, el Mecanismo visitó México y reiteró su rechazo a la desacreditada “verdad histórica” –que funcionarios federales trataron de revivir en los meses pasados–, pues recordó que “los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
En esa ocasión, el organismo pidió al gobierno mexicano que detenga los policías del municipio de Huitzcuo, presuntamente involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes y a “avanzar en la investigación de los policías federales quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos”.
Fuente: Proceso
