Porque el poder es ese pétreo mascarón
que resurge
cada seis años
siempre igual a sí mismo, siempre
reiterativo, ambiguo, obtuso, laberíntico
siempre equivocado
e incapaz, que para eso es el poder, de enmendar y aprender…
Jorge Hernández Campos
Por Denise Dresser
El ejercicio de la libertad de prensa en México en declive. En peligro. Amenazado. Cercado. Acorralado por la violencia contra la prensa y los defensores de derechos humanos. Cercenado por un contexto adverso a la crítica y el disenso. Restringido por un priismo que vuelve a sus viejas prácticas, a sus viejos métodos, a sus viejos recursos de hostigamiento e intimidación. Un país donde el principal perpetrador contra la prensa son las autoridades. Ya sea el gobernador o el presidente municipal o el senador o el diputado o las policías o el Coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Intimidando desde el poder aunque argumente que la violencia perpetrada proviene del crimen organizado. El Estado convertido en el peor enemigo de la prensa, en lugar de asegurar un entorno donde opere libremente.
Porque la impunidad persiste y es el elemento transversal de casos que conciernen a periodistas, columnistas, editores, y reporteros. Porque la impunidad genera miedo y arrincona e inhibe la responsabilidad de comunicar temas de interés público. Porque la ineficaz respuesta del Estado mexicano va de la mano con un incremento en las agresiones contra la prensa, como lo describe el último reporte de Artículo 19 titulado “Disentir en Silencio”. Cartas intimidatorias. Diseminación de datos personales por las redes sociales. Amenazas de muerte. Secuestros. Asesinatos. Todo lo que cualquier periodista de provincia vive de manera cotidiana. Todo lo que el Estado simula proteger con una mano mientras ataca con la otra. La máscara de la protección detrás de la cual se esconde la cara de la agresión.
La violencia contra la prensa aumentó en 2013. Hubo 330 agresiones contra periodistas, de las cuales cuatro fueron asesinatos en tanto que un reportero permanece desaparecido. En México se agrede a un periodista cada 26.5 horas. Y 50 por ciento de esas agresiones fueron llevadas a cabo por un servidor público. Policías lanzando piedras contra manifestantes, o priistas llevando a cabo campañas de desprestigio vía Twitter, o gobernadores bombardeando al periódico que los persigue. Criminalizando la protesta social. Acallando al periodismo de investigación. Generando caso tras caso de autocensura. Convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos para ser periodista, para empujar los límites de la libertad de expresión, para alzar la voz, para exigir investigaciones creíbles, contundentes y públicas sobre políticos de alto nivel.
De 100 agresiones contra trabajadores de los medios en 2013, 85 se dirigieron contra un reportero o periodista audiovisual; 10 contra directivos y otras cinco se distribuyen entre columnistas, otros empleados y caricaturistas. Eventos después de los cuales los comunicadores no pudieron retomar su trabajo al cien por ciento. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin la protección del Estado llevó a cambiar su vida profesional. O dejaron de cubrir sucesos policiacos. O se autocensuraron. O cerraron los medios. O clausuraron el portal. O recibieron amenazas cibernéticas. O padecieron campañas de desprestigio en redes sociales. O enfrentaron persecuciones judiciales de sus atacantes, que en venganza los demandaron penalmente por difamación. Cientos de plumas censuradas, cientos de voces acalladas.
Desprotegidas por un sistema judicial incapaz de resolver los crímenes cometidos contra quienes informan, denuncian, critican, escrutan. Desprotegidas por un Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación. Que depende del mismo Estado de cuyos representantes –con demasiada frecuencia– proviene la agresión. Que sirve de poco más que para proveer un botón de pánico, que se activa a través de una llamada telefónica, y en rondines de vigilancia de policías estatales y municipales. Y por ello, entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. Y el año más violento fue en 2013 con 192 agresiones. Muchas de ellas cometidas en movilizaciones. En protestas sociales. En marchas cuyo objetivo fue denunciar y ante las cuales el Estado optó por censurar.
Como el caso de Mario Segura, periodista de Tamaulipas, quien después de sobrevivir un secuestro apeló al Mecanismo de Protección y he aquí su experiencia: “No acepté que se me otorgara seguridad personal. Ya sé que es incómodo, que no sólo me podían hacer daño a mí sino a los propios policías. Prefería la opción del llamado Botón de Pánico. El dichoso botón es un programa de la Secretaría de Gobernación. Se instala en el teléfono y está conectado con las personas que podrían localizarme y darme protección en caso de emergencia. Es un instrumento en el que no confío. Y espero nunca ocuparlo. En mi caso el botón está conectado con personas que ya no trabajan en el Mecanismo desde hace varios meses. Hace un semestre que estoy en la nueva ubicación. Me han prometido los datos de la autoridad que debe atenderme en caso de riesgo, pero aún no ha sucedido”.
Y de allí el imperativo de crear protecciones reales para la libertad de expresión en el país. De modificar el Mecanismo de Protección que reproduce la incapacidad e inefectividad del sistema judicial que lo generó. De realmente prevenir, investigar, juzgar y sancionar cualquier ataque a los derechos humanos provenga de donde provenga, incluso de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados del PRI. De la integración de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. De obligar al fideicomiso público creado para aplicar medidas de infraestructura que garanticen la seguridad de periodistas –sistemas de circuito cerrado de televisión, alarmas, sistemas de monitoreo vía internet, microchips de localización, etcétera– a que ejerza el presupuesto otorgado, ya que no ha gastado un solo peso de él. De eliminar los llamados “delitos contra el honor” como la difamación, que se usan constantemente para cercenar la libertad de expresión.
Lo que ningún periodista amenazado puede o debe hacer es callar. Guardar silencio no es una opción vis a vis un Estado que se ha acostumbrado a intimidar. A hostigar. A acorralar. Ante él habrá que disentir fuerte y claro. Al pétreo mascarón que resurge cada seis años, habrá que enfrentarlo con cincelazos ciudadanos, firmes y valientes. Hoy y siempre.
Fuente: Proceso
