El gobierno de Javier Duarte de Ochoa, engaña y actúa con impunidad en las investigaciones que lleva a cabo sobre el asesinato de la reportera Regina Martínez Pérez, advierte Proceso al fijar su postura sobre la sentencia que se dictó hoy contra Jorge Antonio Silva Hernández, El Silva, como supuesto homicida confeso de la corresponsal de este semanario.
En un comunicado emitido por Proceso, se ratifica la incredulidad que el cuerpo directivo y periodistas de Proceso han mantenido y mantienen sobre dichas investigaciones.
“No les creímos y no les creemos ahora que han sentenciado a quien no se puede defender”, subraya el comunicado divulgado por Proceso y que a continuación reproducimos íntegro.
La sentencia emitida por el juzgado Tercero de Primera Instancia del estado de Veracruz en contra del supuesto asesino de nuestra compañera Regina Martínez Pérez avaló la impunidad y el engaño del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Sin honrar la división de poderes propia de una democracia, la juez Beatriz Rivera Hernández siguió al pie de la letra, con todas sus inconsistencias, el expediente armado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para sentenciar a 38 años de prisión a Jorge Antonio Silva Hernández, El Silva, como supuesto asesino confeso de la corresponsal de Proceso en esa entidad.
Entre la actuación de la juez y la PGJ no hubo ninguna diferencia. Si por su parte la PGJ marginó de la investigación a la propia Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, la juez se negó, por la suya, a reconocer la coadyuvancia y desechó todas y cada una de las actuaciones promovidas por Proceso para que revisara las investigaciones de la Procuraduría.
Las inconsistencias de la investigación abundan. Basta mencionar una sola para demostrar la mentira de la PGJ y de la integrante del Tribunal Superior de Justicia del estado: Las huellas encontradas en el lugar del crimen no corresponden con las del hoy condenado, un analfabeta seropositivo que desde su primera declaración ante la juez ha alegado haber sido torturado por agentes de la Procuraduría para inculparse.
Pero ni la propia responsable de la investigación del homicidio en la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, ni la juez Rivera Hernández tomaron en cuenta ese hecho revelado por las propias pruebas periciales de la Procuraduría estatal.
Los verdaderos culpables siguen sin conocerse y la Procuraduría no logra dar con el otro supuesto asesino material, José Adrián Hernández Domínguez, un narcomenudista que se encuentra prófugo a pesar de que la propia PGJ lo detuvo tres meses después del homicidio de nuestra compañera.
No es casual que la juez Rivera Hernández se haya apresurado a emitir sentencia: Faltan 19 días para que se cumpla el primer año del agravio cometido en contra de la periodista, su familia y esta casa editorial el 28 de abril de 2012.
Javier Duarte de Ochoa no puede ocultar la descomposición en el estado que gobierna. La manera en que su administración se ha comportado ante el caso de nuestra compañera ratifica la incredulidad que el cuerpo directivo y periodistas de Proceso le hizo saber. No les creímos entonces que esclarecerían el asesinato y no les creemos ahora que han sentenciado a quien no se puede defender.
