Por Claudia Sheinbaum Pardo
Ayer fue dado a conocer el decreto (negociado por el PRI y el PAN) de modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía, que planean aprobar en las cámaras de Senadores y de Diputados en esta semana.
El documento de 296 cuartillas, en las 30 finales presenta lo que será la nueva redacción de los artículos constitucionales citados, además de 21 transitorios que delinean el contenido fundamental de lo que serán las leyes secundarias. Es decir, legislan de antemano en un esquema muy desaseado (¡21 transitorios en una reforma constitucional!), para que no quede espacio a ninguna modificación posterior que no sea constitucional.
Vale la pena mencionar también que es obvio que se trata de una propuesta trabajada desde hace por lo menos varios meses, como se publicó recientemente, pues cambia completamente el régimen energético actual y pretende que no quede duda del esquema, sobre todo para los inversionistas extranjeros.
En una revisión rápida y somera pueden apreciarse las siguientes modificaciones en el caso del petróleo y el gas natural:
Pemex y CFE dejarán de ser organismos descentralizados y se convertirán en empresas productivas del Estado (artículo 25).
La exploración y extracción de hidrocarburos podrán realizarla las empresas productivas del Estado mediante asignaciones o particulares, mediante contratos (artículo 27). Dichas empresas también pueden contratar con el sector privado.
Los contratos con particulares los celebrará la Secretaría de Energía y podrán ser en las modalidades de: servicios, utilidad o producción compartida o de licencia. La contraprestación por los contratos (pago) podrá ser en efectivo, como porcentaje de utilidad, como porcentaje de producción, con la transmisión onerosa de los hidrocarburos o la combinación de todos los anteriores. En cada caso los determinará la Secretaría de Energía (transitorio 4).
Pemex tiene sólo 60 días para reportar a la Secretaría de Energía todos los campos donde está actualmente explorando o produciendo con todo y acreditación de sus capacidades técnicas y operativas, para que ésta a su vez le asigne oficialmente esas zonas (transitorio 6).
En las áreas donde actualmente está explorando, la paraestatal puede seguir trabajando como máximo por cinco años. Si no cumple con un plan entregado previamente, la zona se le regresará al Estado para que éste pueda entregarla, mediante contratos, a particulares (transitorio 6).
En las zonas donde actualmente Pemex está extrayendo hidrocarburos, debe especificarse cada área, a fin de que pueda asignarse a un privado un área vecina para su explotación (transitorio 6).
Los contratos actuales y futuros de Pemex con privados para la extracción de hidrocarburos, pueden migrar (sic) a la Secretaría de Energía para su administración o licitación en caso de nuevos contratos (transitorio 6).
La refinación, la petroquímica el transporte y almacenamiento de hidrocarburos dejan de ser actividades exclusivas del Estado. Las puede realizar cualquier particular (al borrar la palabra explotación del 27 y dejar exclusivamente exploración y extracción, y borrar el tema del 28).
Los ductos y sistemas de almacenamiento de gas natural de Pemex pasarán a formar parte de un nuevo organismo (Centro Nacional de Control de Gas Natural), que podrá otorgarlos para su operación a privados (transitorio 16).
La contraprestación de los contratos (la ganancia del petróleo) se irá a un fondo que administrará un comité técnico que estará formado por tres miembros representantes del Estado y por dos miembros independientes nombrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado (transitorio 15).
En pocas palabras, de aprobarse esta reforma, las empresas privadas nacionales y extranjeras podrán establecer contratos con la Secretaría de Energía (incluso en la modalidad de licencias, que no son más que concesiones disfrazadas) para extraer petróleo y gas natural. El pago podrá ser en efectivo o en especie. Los ingresos derivados de los contratos estarán a criterio del secretario de Energía y entrarán a un fondo que administrarán tres secretarios y dos personajes independientes.
En pocas palabras la entrega de la riqueza nacional a privados nacionales y extranjeros, a criterio del presidente de la República. Más robo y más corrupción en una reforma aprobada a espaldas del pueblo de México. Eso sólo se puede llamar traición a la patria.
Fuente: La Jornada
