Expertos mexicanos rechazan que el gobierno federal se una al Acuerdo de Asociación Transpacífico que violaría el derecho a la información. Demandan sacar de lo oscurito las negociaciones en material de Internet
Miriam Posada García/ La jornada
El gobierno mexicano no debe comprometerse en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) a regular el uso de Internet con el pretexto de proteger la propiedad intelectual, pues se violaría el derecho a la información y a la privacidad de los usuarios de la red, sin que se garanticen de forma real los derechos de los autores, advirtieron la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), así como consultores y académicos.
Alertaron a la Secretaría de Economía y otras entidades federales que participan en la negociación, que el Estado no puede delegar en los proveedores de servicios de Internet (PSI) su obligación de perseguir y castigar a quienes cometan cualquier tipo de delito en la red, porque es una facultad absoluta del gobierno federal.
Negociaciones públicas
Luego de que La Jornada dio a conocer el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP, que le fue confiado por Wikileaks, asociaciones y especialistas exigieron que se hagan públicas las negociaciones que se llevan a cabo en el acuerdo, que se realicen consultas y foros en los que puedan participar autores, usuarios, organizaciones de consumidores, académicos, consultores y los proveedores de servicios de Internet, porque de otra manera no hay manera de tener la información, reclamar, organizarse y diseñar propuestas sobre lo que realmente necesita México, sin que se violen derechos elementales de autores y usuarios, así como la reforma constitucional a telecomunicaciones.
Teléfonos de México (Telmex) –principal proveedor de Internet en el país– y Televisa declinaron opinar sobre el tema. A su vez, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), regulador del sector, analizaba una respuesta.
El director general de la Amipci, Julio César Vega, informó que este organismo sí ha sido convocado por la Secretaría de Economía para tratar las negociaciones sobre propiedad intelectual en el TPP, y en esos encuentros ‘‘la Amipci ha sido muy clara en que el Estado mexicano no puede delegar su obligación de perseguir y castigar los delitos cibernéticos en los PSI’’.
Señaló que debe haber equilibrio en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y no se deben transgredir derechos humanos como el de la información; alertó además que Internet se debe mantener como una herramienta de acceso libre a la educación, cultura, como herramienta de desarrollo económico y para fomentar la creatividad de los mexicanos en la generación de contenidos.
La Amipci, aseguró, está en contra de cualquier tipo de delito que se cometa en la red y está de acuerdo en que se persiga y se castigue a quien lo cometa, y no a los proveedores de servicios de Internet, los PSI, porque está fuera de su naturaleza. ‘‘No deben actuar como persecutores y al final los costos que eso les representaría repercutirían en los usuarios finales’’, lo que iría en contra de uno de los principios de la reforma constitucional que busca mejores servicios y precios para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Precisó que de acuerdo con una estimación hecha para las negociaciones del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), en 2011, y con condiciones diferentes a las del TPP, el costo para que los proveedores de servicios de Internet pudieran hacer alguna revisión de los contenidos era de 4 mil 294 millones de dólares, que sin duda serían trasladados a los consumidores.
Dijo que imponer más barreras al uso de Internet sería contraproducente en un país como México, donde la penetración de esa red es de apenas 35 por ciento de la población, contra niveles mucho más altos de los países con los que se está negociando. ‘‘Hacer que la red de proveedores de servicios sea vigilante de los contenidos generaría más incertidumbre de la que ya existe en actividades como el comercio electrónico, ya que las personas tendrían más desconfianza sobre la seguridad de sus datos personales’’.
La recomendación que la Amipci hizo a la Secretaría de Economía consiste en que sólo en el capítulo de propiedad intelectual –y en particular lo que tiene que ver con el entorno digital– se firme el acuerdo en términos generales, en el entendido que el objetivo es el combate a la piratería, y que los puntos específicos se traigan a discusión pública en la que participen todos los afectados por esta medida; también que el gobierno escuche las posiciones y propuestas y que, con base en las necesidades y la realidad del país, se adquieran compromisos.
Por su lado, el presidente de la Amedi, Agustín Ramírez, dijo que la pretensión de regular los contenidos en Internet viola el derecho a la información de los usuarios, va en contra de la reforma constitucional al sector telecomunicaciones, no es una medida válida para proteger los derechos de autor y limita la posibilidad de que en el mediano plazo más mexicanos tengan acceso a servicios de banda ancha.
Dijo que el Ifetel está obligado a informar sobre los encuentros relacionados con la negociación en los que ha participado, ya que el mandato constitucional le otorga la facultad de regular y velar por la neutralidad de la red, cuyo principio es que los proveedores de servicios de Internet den acceso libre a los contenidos, no que sean ellos quienes censuren lo que debe o no circular por sus redes. ‘‘No hay información, se debe transparentar y hacer llegar a la sociedad, porque de otra manera no podemos defendernos como usuarios ni tenemos oportunidad de protestar’’.
El académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Ramiro Tovar Landa afirmó a su vez que los compromisos que el gobierno mexicano pretende suscribir en el TPP socavan la neutralidad de contenidos en Internet, al obligar a los proveedores de servicios a que actúen como fiscalizadores de contenidos. ‘‘Es alarmante, porque trata de limitar la neutralidad de esa red para evitar los contenidos de televisión, lo cual no debe proceder no sólo porque mutila el aprovechamiento eficiente de la convergencia en servicios, sino atenta contra las libertades a acceder a contenidos y es anticompetitivo, dado que limita la oferta de competidores en contenidos de televisión’’.
Si México firma el acuerdo en los términos hasta ahora revelados, no sólo se atentará contra la neutralidad en contenidos de Internet y responsabilizaría a los operadores o concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, sino que los compromisos contraídos se convertirían en instrumentos proteccionistas en el ámbito de la información, lo que no corresponde a un acuerdo que debe tener objetivos de apertura y de competencia, dijo.
Por su parte, el director de la consultora Mediatelecom Policy&Law, Jorge Fernando Negrete, advirtió que el TPP busca proteger los derechos de los autores a costa de la privacidad de los usuarios y contradice la política de ‘‘libre flujo a la información’’. Señaló que el Senado debe pronunciarse sobre las ‘‘negociaciones ocultas’’ que atentan contra el derecho de acceso a la información y explicó que las nuevas tecnologías han potenciado, mas no restringido, ese derecho.
Internautas bajo la lupa
Alertó que en el caso de redes de propiedad estatal, como la que se busca instalar en la banda de 700 megahercios (MHz), se abre ‘‘peligrosamente’’ la posibilidad de que el Estado vigile los contenidos que circulan por la red y los censure, no sólo para atender los requerimientos de los productores, sino con fines políticos.
‘‘Lo más grave del contenido del TPP es la pérdida de privacidad de la vida digital de los usuarios, que serían observados en todo momento por los proveedores de servicios para revisar si descargan o no contenido ilícito, y pone en riesgo libertades básicas, como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión’’.
Fuente: La Jornada
