Por Alejandro Nadal
La reforma en materia energética impulsada por el gobierno pretende aniquilar la autonomía patrimonial de México. Las medidas propuestas carecen de sustento jurídico y no se justifican desde el punto de vista económico. Es un paso más en la consolidación del neoliberalismo y en el sometimiento del pueblo de México a la rapacidad del capital nacional e internacional. Es el último ejemplo de la profunda crisis por la que atraviesa el Estado mexicano.
Desde el punto de vista económico, nada justifica la privatización embozada. El paquete de política macroeconómica y sectorial que constituye el alma del modelo neoliberal impuesto en México no permite crecer, ni mucho menos acercarnos al desarrollo económico y social. El tipo de inversiones que serán atraídas por la privatización no generarán un número elevado de empleos y carecerán de los eslabonamientos industriales que se requieren para dar impulsos dinámicos a la economía mexicana.
La promesa de reducciones de precios de gasolinas y luz no tiene ningún fundamento. Recuerda las promesas huecas sobre la reducción del precio de la tortilla cuando se incluyó el maíz en el TLC y la palabrería sobre la disminución en el costo de los servicios financieros cuando se privatizó y se liberalizó la banca.
En cuanto al régimen fiscal, ya sabemos que el gobierno buscará próximamente incrementar el IVA e imponerlo sobre alimentos y medicinas para compensar el agujero que dejará la privatización de Pemex.
Claro que existen alternativas para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Pero no pasan por profundizar el modelo neoliberal que está detrás de la crisis que hoy hunde a la economía mundial.
La inconstitucionalidad de la reforma propuesta es indiscutible. El gobierno pretende erigir al Congreso como un órgano revisor de la Constitución. No es la primera vez que lo hace, pero esta forma de proceder ignora que el Congreso en sus funciones normales no puede desempeñarse como revisor de las decisiones políticas fundamentales plasmadas en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien señaló Mario de la Cueva, para evitar la simulación y la destrucción de los conceptos medulares de una Constitución política, el poder revisor constitucional no puede ser ilimitado. El Congreso de la Unión no es depositario de las facultades y atribuciones que tuvo en su momento el poder Constituyente de 1917.
No hay que olvidar un hecho fundamental. El texto original del artículo 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos emanado del Constituyente de 1917 es muy claro:Tratándose del petróleo y de los carburos del hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Ningún órgano revisor puede alterar este precepto sin romper el orden constitucional.
Es cierto que las constituciones pueden modificarse, pero para hacerlo, el poder revisor debe ser ejercido exclusivamente por una instancia que pueda equipararse al Congreso Constituyente. Para ello se requieren figuras jurídico-políticas que son esencialmente distintas del Congreso en sus funciones legislativas convencionales. A contrario sensu, si el Congreso de la Unión puede arrogarse facultades que sólo competen al Constituyente, el orden político fundamental estará constantemente amenazado. La simulación y el engaño pueden erigirse en norma de gobierno, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. El caos y la violencia que hoy vivimos es en buena medida resultado de muchos años de convertir a la Constitución en un simple reglamento que fue modificado por una reforma constitucional cada vez que se le antojaba al gobierno en turno.
El poder revisor consagrado en el artículo 135 constitucional no da un cheque en blanco al Congreso para reformar la Carta Magna. Ese poder revisor está limitado. El artículo 136 constitucional define que de establecerse un gobierno contrario a los principios que la Constitución sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. ¿De qué principios fundamentales está hablando el Constituyente? Por supuesto que está refiriéndose a la Constitución del Estado republicano, con división de poderes, basado en el reconocimiento de los derechos humanos y el régimen de derecho. Pero también está haciendo referencia a los principios relacionados y emanados de las luchas del pueblo mexicano por ser dueño de su propio destino. Y no hay mejor ejemplo que la resistencia del pueblo mexicano frente a los designios del imperio económico y las tentativas de despojo. Esa es la razón de ser del artículo 27 constitucional.
El intento de llevar a cabo la privatización encubierta del petróleo mexicano es el último ejemplo de la captura de la que es objeto el gobierno mexicano por parte de las grandes corporaciones, nacionales e internacionales, desde que se impuso el modelo neoliberal. Debe ser rechazado enérgicamente por el pueblo de México.
Fuente: La Jornada
