Por Víctor M. Quintana S.
Mal termina el sexenio del juvenicidio, el de los 7 millones de jóvenes excluidos del estudio y del empleo, cuando mal comienza el nuevo sexenio criminalizando, golpeando, encarcelando precisamente a los jóvenes que manifiestan su indignación por toda la cauda de agravios sufridos, incluyendo ahora el de un gobierno impuesto por el dinero.
El haz es el Pacto por México firmado allá en las alturas, donde apenas llega o se acalla el rumor de las inconformidades. El envés es la batalla de la Alameda, los jóvenes golpeados, detenidos, consignados en el Distrito Federal y en Guadalajara. Arriba se imponen los pactos; abajo, los impactos.
Mientras cunde la euforia por el acuerdo cupular, queda muy claro que al mismo tiempo que incluye, excluye. Quienes se incluyeron se sienten con el derecho de arremeter contra quienes no quieren o ni siquiera son tomados en cuenta para incluirse. Así, el inicio represor en las calles de la ciudad de México alienta opciones autoritarias por varios lados: envalentonado por la hegemonía priísta y el despliegue policiaco de fuerza, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanza la iniciativa de instaurar la pena de muerte para el secuestro agravado ahora que se van a unificar los códigos penales de todo el país.
En Morelos, gobernado por uno de los gobernadores pactistas, la policía estatal detiene a cuatro dirigentes de la comunidad de Jaltetelco que se oponen al proyecto del paso de un gasoducto. En las cámaras avanzan las iniciativas de reforma a la Ley Agraria y a la Ley de Administración Pública Federal que desmantelan el entramado institucional que protege la propiedad de ejidos y comunidades y abren la vía para la apropiación de sus territorios y recursos naturales por compañías mineras, turísticas, de energías renovables o inmobiliarias. Reformas legales profilácticas para que no cundan los atencos, benitojuárez, zautlas, etcétera.
En medio de este acuerdista cuanto represivo inicio de sexenio es muy significativo lo que un conglomerado de organizaciones sociales fronterizas, el grupo de Articulación Justicia en Juárez, manifiesta en un desplegado al terminar el sexenio más terrible en la historia de esta ciudad, tomada por la violencia de los criminales y de las supuestas fuerzas del orden. Primero que nada hacen constar la enorme deuda política y social con la que Calderón terminó su mandato, la enorme estela de terror, muerte e impunidad que dejó en esta ciudad y en todo el país la inútil guerra contra el narcotráfico, que, sin embargo, deja intactas las estructuras y operaciones de éste.
Este es el piso del que debe partir todo planteamiento sólido, toda convocatoria desde el nuevo gobierno: el México devastado, las decenas de miles de vidas perdidas, las innumerables personas que padecen violaciones a sus derechos humanos. La impunidad no sólo de los criminales, sino de los militares, policías y funcionarios cómplices de ellos; de quienes han aprovechado el terror de estos años para atropellar los derechos más fundamentales de las personas y de las comunidades. A estas víctimas colectivas e individuales, a ellas y no a los supuestos representantes de la nación, ungidos en clase política, es a quienes se les debe convocar antes de cualquier acuerdo o programa de gobierno.
Porque, como apuntan certeramente las organizaciones sociales juarenses: Ante el inminente relevo de la Presidencia advertimos que no aceptamos que el haiga sido como haiga sido se perpetúe como razón de Estado ante la cancelación de nuestros derechos. Le recordamos a Enrique Peña Nieto, elegido con un mínimo margen de mayoría, que la única vía para la pacificación del país y de nuestra entidad es la verdad y la justicia. Iniciativas como Todos somos Juárez ejemplifican de manera obscena la simulación gubernamental frente al reclamo ciudadano de respuestas, pero también deben alertar sobre el fracaso a que están destinados los programas en cuyo centro no se coloque a las personas y a su dignidad, o que busquen reemplazar la procuración de justicia con remedios asistencialistas.
Excelente interpelación desde la periferia del dolor hacia el centro del poder: por más que a algunos políticos y politólogos los llenen de contento, los pactos no son primero que la justicia. Nada en México sin justicia.
