Una jueza federal negó por tiempo indefinido a Rosario Robles acceso a cuenta bancaria y tarjetas de crédito, alegando que la exfuncionaria es sujeto de una investigación por “posibles delitos internacionales”.
Blanca Lobo, jueza décimo segunda de distrito en materia administrativa, negó ayer la suspensión definitiva en el amparo promovido por Robles contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La UIF presentó ante la jueza una solicitud de asistencia internacional, sin que la versión pública de la sentencia detalle cuál fue la agencia que pidió cooperación para indagar a Robles, o de qué nacionalidad.
La Suprema Corte de Justicia ha establecido que los jueces pueden suspender los bloqueos de la UIF, salvo cuando haya solicitudes de asistencia de otros países.
Robles está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto pasado, sujeta a prisión preventiva por presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
“Suspender los actos reclamados en beneficio de la parte quejosa contravendría disposiciones de orden público, en perjuicio de las facultades de investigación que otorgan las disposiciones administrativas a la autoridad responsable en conjunto con autoridades internacionales. Es decir, se obstaculizaría, retrasaría o dificultaría la investigación de posibles delitos internacionales”, afirmó la jueza.
El caso es similar al de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex prófugo desde hace varios meses, así como varios de sus coacusados, para los cuales la UIF presentó a los juzgados oficios de funcionarios de la DEA adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México, afirmando que tienen investigaciones contra ellos.
Para Robles, la UIF presentó “copia certificada de una solicitud de asistencia internacional”, documento más formal y más ajustado al criterio de la Corte.
Lobo también considero que no procede la suspensión, porque “de una lectura preliminar de las disposiciones reclamadas no se advierte afectación a derechos fundamentales”, pese a que las dos Salas de la Corte han declarado que la facultad de la UIF para bloquear cuentas es inconstitucional.
El pasado 6 de septiembre, los bufetes Olea & Olea y Hernández Barros anunciaron que dejarán la defensa de Robles, quien les informó que no tiene dinero para pagarles.
Robles buscaba acceder a una cuenta en BBVA y tres tarjetas de crédito. En su declaración patrimonial de cierre de encargo, presentada el 7 de diciembre de 2018, informó que tenía dos cuentas bancarias, una con saldo en ceros y la otra con 180 mil 517 pesos.
La exsecretaria de Desarrollo Social también contaba con 1.7 millones de pesos del seguro de separación que tenía derecho a cobrar al salir del gobierno, mismo que se ignora si ya estaba depositado en su cuenta.
Fuente: Reforma
