Oscar Alejandro Pérez, un popular youtuber venezolano que sube videos de viajes, fue detenido el domingo 31 de marzo acusado de terrorismo. Pérez fue retenido durante 32 horas por un video que subió en 2023. En la grabación, señala la Torre Credicard, un edificio de Caracas que alberga los servidores que facilitan las transacciones financieras del país, y dice bromeando: “Si lanzaran una bomba contra ese edificio, todo el sistema bancario nacional colapsaría”. Fue acusado de instar a la gente a volar el edificio, algo que Pérez niega.
Su detención es la última prueba de la creciente represión del presidente de Venezuela Nicolás Maduro contra los derechos humanos y las libertades civiles, mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio.
El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, fue un presidente enormemente popular. Durante su mandato, lideró un movimiento social y político llamado “revolución bolivariana”, cuyo objetivo era abordar las desigualdades sociales, económicas y políticas mediante una serie de reformas progresistas financiadas por la enorme riqueza petrolera de Venezuela.
Chávez murió en 2013 y Nicolás Maduro (que entonces era vicepresidente) llegó al poder tras ganar por poco margen unas elecciones especiales. Al principio, Maduro gozó de la simpatía y el apoyo de muchos venezolanos leales a Chávez y a sus ideales socialistas.
Pero, desde su llegada al poder, Venezuela ha sufrido una serie de crisis económicas. La hiperinflación, la escasez de productos básicos y una profunda recesión le han hecho cada vez más impopular. Y la economía de Venezuela se ha contraído en aproximadamente un 70% bajo el liderazgo de Maduro.
Consolidación del poder
La última vez que los venezolanos acudieron a las urnas fue en 2018. La contienda estuvo tan amañada que muchos países vecinos tacharon las elecciones de ilegítimas. Dos de los candidatos más populares de la oposición fueron descalificados o se les impidió presentarse, y Nicolás Maduro ganó las elecciones en medio de denuncias de fraude electoral y otras irregularidades.
Muchos venezolanos se han desilusionado con Maduro y han salido a las calles para desahogar su ira. Ahora, al perder apoyos dentro del movimiento político chavista y del ejército venezolano, Maduro ha recurrido a grupos criminales para promover un Estado en el que los grupos armados ilegales actúan al servicio del gobierno.
Nicolás Maduro ha consolidado su poder utilizando las instituciones del Estado para silenciar a los críticos, al tiempo que comete abusos contra los derechos humanos y se beneficia de la corrupción. Ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, como torturas, secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Y, según Amnistía Internacional, entre 240 y 310 personas siguen detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Como era de esperar, unos 7.7 millones de venezolanos han huido de la represión y las dificultades económicas en su país. Aproximadamente 3 millones de los desplazados han comenzado una nueva vida en Colombia, 1.5 millones de ellos han emigrado a Perú, mientras que otros se han dirigido al norte, a Estados Unidos. En España, el mayor receptor de emigrantes venezolanos en Europa, hay casi medio millón de ellos.
La crisis migratoria venezolana se ha convertido en la mayor del mundo, y el número de desplazados supera al de Ucrania y Siria.
Silenciar la disidencia
Los venezolanos acudirán a las urnas el 28 de julio. La detención de Pérez forma parte de una estrategia más amplia destinada a silenciar a la disidencia y reforzar el control del régimen sobre su pueblo, mientras Maduro busca la reelección.
El 9 de febrero, una destacada abogada y experta militar, Rocío San Miguel, fue detenida en Caracas antes de que varios miembros de su familia desaparecieran. San Miguel es conocida por su trabajo de denuncia de la corrupción en el ejército. Cuatro días después compareció en una audiencia acusada de traición a la patria, conspiración y terrorismo por su supuesto papel en un presunto complot para asesinar a Nicolás Maduro.
Su detención desató una oleada de críticas dentro y fuera de Venezuela, entre ellas las del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Posteriormente, se ordenó el cese de las operaciones de su oficina en Caracas por considerar que promovía la oposición al país y se ordenó al personal que abandonara el país en un plazo de 72 horas. No está claro si San Miguel sigue encarcelada.
En marzo, Ronald Ojeda, exteniente del ejército venezolano de 32 años, fue hallado muerto en Chile, diez días después de su desaparición. Había protestado contra el gobierno de Maduro en las redes sociales vistiendo una camiseta con la palabra “libertad” escrita en el cuello y barrotes de prisión dibujados en el mapa de Venezuela.
Su cuerpo fue encontrado en una maleta bajo un metro de hormigón. Más tarde, los fiscales chilenos anunciaron que su secuestro y asesinato fue obra del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela.
No confíes en unas elecciones libres y justas
La represión de la sociedad civil venezolana plantea un dilema al gobierno de Joe Biden. En octubre de 2023, Maduro se aseguró un levantamiento parcial de las sanciones económicas de Estados Unidos (en vigor desde 2019) a cambio de un compromiso de celebrar elecciones presidenciales “libres y justas”, además de reformas políticas y la liberación de presos políticos.
Pero ese acuerdo se está deshaciendo rápidamente. En enero, la líder de la oposición y clara favorita en las encuestas, María Corina Machado, fue inhabilitada durante 15 años. Desde entonces, el gobierno de Biden ha reimpuesto algunas sanciones y ha amenazado con imponer otras nuevas al vital sector petrolero venezolano si no se llevan a cabo reformas políticas.
Venezuela se ha convertido en un Estado profundamente corrupto, autoritario y criminal que reprime la disidencia, obliga a huir a millones de sus ciudadanos y mata o secuestra a cualquiera que amenace al régimen. Sus ocasionales muestras de razón están motivadas únicamente por el beneficio económico.
En muchos sentidos, la represión política de Nicolás Maduro refleja su creciente temor a que su régimen tenga los días contados, lo que le lleva a tomar medidas desesperadas para forzar un destino diferente. Una vez que un dictador se afianza, resulta muy difícil desalojarlo.
Nicolas Forsans, profesor de Gestión y codirector del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Universidad de Essex.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
