Las oficinas centrales de cinco organizaciones no gubernamentales y de El Confidencial, un medio de comunicación crítico que dirige Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta nicaragüense Violeta Chamorro, fueron allanadas por la policía y confiscado el deificio luego de que el Parlamento les anuló sus personalidad juriídica.
Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de comunicación allanado en las últimas horas por la Policía de Nicaragua, denunció la “confiscación” del edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, según informa el periódico Excélsior en su versión digital.
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), dijo a periodistas que agentes policiales irrumpieron a la fuerza en sus oficinas la madrugada de este sábado, 24 horas después de haber sido allanada, y expulsaron a los vigilantes.
“Eso es una ocupación de facto, una ocupación ilegal, una toma militar”, denunció Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot.
Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Desirée Elizondo, esposa del periodista.
Denuncia pública: Policía Nacional saquea las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche
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Chamorro exigió a las autoridades que desocupen el edificio, que les devuelvan los libros contables, y los libros de actas de las sociedades anónimas que funcionan en ese local.
Anunció que se presentará a la sede de la Policía Nacional a exigir que le muestren la orden que los faculta “a cometer este acto de despojo y confiscación de un inmueble y de tres empresas que son sociedades anónimas”.
También que el lunes próximo sus abogados presentarán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, porque, según dijo, “esto no es un allanamiento, esto es un asalto armado a la propiedad y a la empresa privada”.
Según Chamorro, los oficiales han acudido en los últimos dos días a la sede de ese grupo de medios como si se tratara de la sede del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), del que fue director y al que la Asamblea Nacional quitó la personalidad jurídica, y cuyas oficinas quedan en otro lugar.
Chamorro tildó esa “ocupación de facto” como “un ataque contra medios de comunicación independientes, contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y también contra la libre empresa”.
La Policía Nacional aún no se ha referido a ese allanamiento y ocupación del edificio.
También fueron ocupadas las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y otras cuatro ONG en Managua, a las que el parlamento les retiró su personería jurídica.
En total son nueve las ONG a las que se les canceló su registro legal.
El director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrau, dijo en su cuenta de Twitter que “se acelera la cuarta fase de la represión en #Nicaragua: la consolidación de un Estado de Excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad”.
La toma de las instalaciones de Confidencial y las ONG se produjo después que el Ministerio de Gobernación emitió una resolución por las que los bienes incautados a esos organismos pasarán al Estado con el fin de “crear un fondo de Atención y Reparación Integral para las víctimas de terrorismo”.
Los registros ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
Fuente: Agencias
