Detenida arbitrariamente y enviada a un penal de alta seguridad, Nestora Salgado, jefa de la Policía Comunitaria de Olinalá, obtuvo ya la libertad… pero sólo en papel. Un juez ordenó su liberación inmediata, pero la guerrerense sigue en prisión. La tónica del gobierno federal es esa, advierte el diputado Roberto López Suárez, “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado”
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Sin mostrarle ninguna orden de aprehensión y acusándola de “delincuencia organizada” en su modalidad de secuestro, autoridades guerrerenses con apoyo de la Marina y el Ejército detuvieron el 21 de agosto de 2013 a Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Hace nueve meses un tribunal federal ordenó su inmediata liberación, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto la mantiene en una cárcel para reos de “alta peligrosidad”.
El pasado 31 de marzo el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, consideró que no puede acusarse a Nestora Salgado de “secuestro” o de “delincuencia organizada”, pues actuó conforme a las facultades de la policía comunitaria reconocidas por la propia ley de Guerrero.
Con ese argumento el magistrado federal revocó el auto de formal prisión y dictó la libertad de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá. Sin embargo, el gobierno federal se resiste a que Salgado abandone el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde ha estado recluida desde el 21 de agosto de 2013, explica a Proceso el diputado perredista Roberto López Suárez, quien forma parte de la comisión de legisladores que busca su liberación.
Quienes la demandaron (autoridades guerrerenses) recurrieron la decisión del magistrado Arroyo Alcántara y pidieron la suspensión provisional, es decir que no se liberara a Nestora, pero se les negó, agrega López Suárez.
El legislador considera que el gobierno federal está en desacato a una orden judicial, pero también que la política de la actual administración es “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado”. Como un ejemplo más recuerda la detención del líder de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles, el pasado 14 de junio, a quien recluyeron en el penal federal de alta seguridad de Tepic.
Captura del síndico
Nestora Salgado García, nacida en 1971, es la sexta de siete hijos de una familia humilde. En 1992 emigró a Estados Unidos donde tiempo después obtuvo la ciudadanía. Líder nata, la defensora de los derechos de su comunidad repartía su tiempo entre el vecino país y su tierra, lugar al cual viajaba cuatro veces al año.
“Pero en 2013 se enroló en la Policía Comunitaria para enfrentar el crimen organizado que desde 2012 intensificó su presencia secuestrando mujeres para la trata y explotación laboral mientras que a los hombres los usan para el trasiego de droga o como sicarios”, indica el reporte elaborado por la comisión legislativa el pasado 28 de mayo durante su visita al penal nayarita.
López Suárez, parte de dicha comisión, relata que en su última visita a Olinalá, en mayo de 2013, Salgado decidió quedarse más tiempo pues su comunidad la nombró coordinadora de la Policía Comunitaria del municipio.
“En agosto se dio una emboscada en la carretera a Olinalá. Resultaron muertos los ganaderos Nemesio Guevara y Carmen Guevara Rodríguez, mientras Eduardo Guevara desapareció; los familiares pidieron ayuda al síndico procurador del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, pero como no les hizo caso acudieron con la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC), Nestora Salgado”, cuenta el legislador.
La propia líder comunitaria informó el 15 de agosto de ese año que a las 15:00 horas detuvo al síndico procurador porque lo encontró “en la escena del crimen borrando evidencias. Nosotros íbamos a rescatar los cuerpos de dos ganaderos asesinados”.
En entrevista con el diario La Jornada, Salgado narró que el síndico fue trasladado a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres para que fuera juzgado conforme a la ley o, en caso contrario, conforme a las leyes de usos y costumbres de la CRAC-PC.
Cinco días después de ese hecho, relata en entrevista López Suárez, marinos y soldados la detuvieron junto con otros 30 policías comunitarios.
“Alrededor de las 18:00 horas la C. Salgado García se transportaba en una camioneta Nissan junto con su sobrino Armando Torres Salgado; durante la revisión del vehículo (Ejército, Marina, policías Estatal y Municipal) se le informó que sería detenida y trasladada a la ciudad de Chilpancingo, sin que se le explicara la razón, sin una orden judicial sin que se verificaran lo supuestos de flagrancia o caso urgente que contempla la Constitución”, se lee en el informe legislativo.
La comisión sostiene que “la trasladaron a un penal de máxima seguridad con el único propósito de aislarla, imposibilitar su defensa legal y alejarla de su familia, de su comunidad y de los juzgados que atienden su causa”, y también denuncia: “La Procuraduría General de la República la obligó a firmar un documento sin leer su contenido. Nestora presume que dicho texto es una confesión de los cargos que se le imputaron en ese momento, como el secuestro”.
Nayarit
López Suárez dice que luego de que Salgado detuviera al síndico de extracción priista, Iñaki Blanco, entonces procurador de Guerrero, pidió a un grupo de personas que la acusaran de secuestro.
El 16 de agosto de 2013 Blanco consignó la averiguación previa DGCAP/136/2013 contra Salgado por el delito de secuestro agravado “en agravio de Pedro Gil Apreza Salmerón, Betzabé Rubí Baltazar sosa, Yesenia Castillo Meza, Ramiro Santiago Martínez y Dulce Rubí Burgos Pérez . El caso fue radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal en el distrito judicial de Chilpancingo, desde donde se dio la orden de aprehensión.
El caso de la dirigente comunitaria quedó radicado finalmente en el Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo Penal en el Distrito de Tlapa.
Sin embargo Salgado fue enviada desde el 21 de agosto de 2013 al Centro Federal de Readaptación Social Noroeste, conocido como El Rincón, en Tepic.
La procuraduría guerrerense consignó una segunda acusación por el delito de secuestro y lesiones contra Eugenio Sánchez González, Benito Rosendo Sánchez, Covieli Franco Reyes, Ricardo Ernesto Villavicencio Guerrero y Juan Antonio Franco Mancilla.
“Dicha averiguación (MOR/OLI/038 /2013) se radicó el 21 de agosto de 2013 en el Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Penal del Distrito de Chilpancingo bajo la causa penal 146/2013-II. El mismo juez libró orden de aprehensión en contra de Nestora y giró exhorto al Tribunal Superior de Justicia de Nayarit para que recabe la declaración preparatoria y se pronuncie.”
Además de las dos averiguaciones que abrió Guerrero en su contra, el gobierno federal le abrió a Salgado otra causa penal. El 13 de diciembre de 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) consignó la averiguación previa PGR/GRO/CHI/V/1522/2013 ejercitando acción penal por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro.
Salgado es considerada en Estados Unidos una defensora de los derechos humanos y de las comunidades, por ello la Universidad de California, Berkeley decidió apoyarla y contrató al despacho de abogados Gómez Mont para su defensa, detalla López Suárez.
El encargado del caso es el abogado Emiliano Gómez Mont, quien apeló el auto de formal prisión que bajo la causa de la PGR se le dictó el 14 de enero de 2014. El despachó ganó la apelación el pasado 31 de marzo, cuando el Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito revocó el auto de formal prisión decretando la inmediata liberación de Nestora Salgado. Así quedó asentado en la causa penal 76/2013.
En su alegato, Arroyo Alcántara detalló: “No puede estimarse que la conducta desplegada por la sujeto activo del delito (Nestora Salgado García) haya tenido como propósito, al formar parte de la Policía Comunitaria, privar de la libertad ilegalmente a personas para obtener un rescate, en atención a que las detenciones se practicaron en el ejercicio de la función que desarrollaba como miembro de la Policía Comunitaria y no a título personal.
“Tan es así que las víctimas estuvieron en cárceles donde estaban las Casas de Justicia de la Policía Comunitaria, además se aprecia que el dinero que se exigía para la liberación de las personas detenidas, podía entenderse como un tipo de fianza que se fijaba en atención a la conducta ilícita o falta cometida.”
El juez consideró que “en la organización a la que pertenece (Policía Comunitaria) efectivamente existen niveles, funciones definidas y figuras jurídicas análogas a órganos judiciales (Casas de Justicia) y cárceles (Centros de Readaptación Social); sin embargo ésta tiene legitimación por el estado de Guerrero en términos de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero y tiene como propósito, no delinquir sino colaborar en la seguridad de las poblaciones o comunidades donde decidieron conformar la Policía Comunitaria”.
Sigue el documento: “No puede sostenerse válidamente que se trata de un grupo de delincuencia organizada pues esa organización forma parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Policía Comunitaria), por lo que los actos que se imputan a Nestora Salgado García, como son diversas privaciones ilegales de la libertad a cambio de un pago, no podrían concebirse como el propósito de una asociación delictiva, sino que se entienden como detenciones, y el pago de rescate válidamente considerado como una fianza que se fija en atención a la gravedad del delito o falta cometido.”
Negociaciones
Aunque el tribunal revocó el auto de formal prisión dictado por el juez tercero de Distrito de Nayarit el pasado 31 de marzo, la dirigente comunitaria sigue encarcelada.
Ante ello y luego de la visita al penal de alta seguridad que los legisladores hicieron a Salgado –verificaron su aislamiento, los alimentos de mala calidad que le dan, el agua contaminada, el rechazo a que participe en los talleres, el castigo para que no salga a caminar y la infección renal que padece– la comisión buscará una salida política.
Para darle una mejor calidad de vida y al no configurarse el delito federal de “delincuencia organizada” en su modalidad de secuestro, los diputados buscaron su traslado a un penal del Distrito Federal, acto al que accedió el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero; sin embargo una semana antes de que eso ocurriera tuvo lugar la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo cual detuvo el traslado.
La semana pasada, revela López Suárez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comunicó con los legisladores para decir que el gobierno estaba dispuesto a retomar el caso de Salgado y trasladarla al Distrito Federal.
En paralelo, la comisión ha sostenido tres reuniones con el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, para que su administración se “desista” de las acusaciones o que las autoridades judiciales locales resuelvan ya los recursos de impugnación y lo hagan en el mismo sentido que el magistrado federal, quien consideró inválida la acusación de secuestro.
“Para los diputados lo que procede es la urgente liberación, el desistimiento de las acusaciones; si ello no ocurre, las acciones se radicalizarán convocando a los miembros de la CRAC-PC y a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, quienes ya han dicho que se le violó el derecho al debido proceso y se ha obstaculizado deliberadamente el trabajo de la defensa”, advierte López Suárez.
Fuente: Proceso
