Por Magdalena Gómez
El caso de Nestora Salgado es emblemático de la colusión de Estado con grupos de poder para violar la ley. Como sabemos, desde hace 21 meses está confinada el Centro Federal de Readaptación Social 4 (Cefereso), ubicado en Tepic, Nayarit, aproximadamente a mil kilómetros de distancia de su comunidad de origen. Fue acusada de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y secuestro agravado. Desde un inicio campeó la arbitrariedad: como señaló su actual abogado, Leonel Rivero, fue trasladada al penal de alta seguridad, no por una orden judicial; el secretario de Seguridad Pública de Guerrero (Sergio Lara Montellanos) fue quien solicitó a la autoridad federal que fuera internada. Incluso, y como evidencia de la colusión, la solicitud fue presentada, horas antes de ser detenida.
Actualmente sigue en ese penal donde ha sufrido toda suerte de vejaciones y aislamiento, que han agravado sus problemas de salud, no obstante que ya no tiene acusación por delito federal. La Procuraduría General de la República se desistió de la acusación de secuestro al no encontrar elementos. En consecuencia, el 31 de marzo de 2014 el primer tribunal unitario del vigésimo primer circuito del Poder Judicial de la Federación, dentro del proceso penal federal, decretó libertad para Nestora Salgado en cuanto al delito de delincuencia organizada, reconoció que ella tiene la calidad de indígena tlapaneca al haberse adscrito de esa manera en su declaración preparatoria. Las acusaciones quedaron sólo por delitos del orden local; incluso y como paradoja, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, solicitó al procurador de Justicia de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, que analizara la opción del desistimiento y éste determinó que no hay lugar para ello.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado enero medidas cautelares a su favor. Entre otras, el traslado a un penal que le permita atención médica y el gobierno federal apenas este lunes celebró una reunión al respecto. Esperamos que sus resultados, aun cuando tardíos, sean positivos.
Las fallas en el debido proceso son numerosas (entre otras, la falta de asistencia consular al contar con doble nacionalidad, pues fue migrante en Estados Unidos; no le han permitido ampliar su declaración ni la realización de careos con quienes la han acusado; por ejercer actos de autoridad como comandanta conforme al sistema legalmente reconocido en Guerrero de la policía comunitaria; participó en la detención del síndico Armando Patrón Jiménez, acusado de abigeato y de presunta participación en el asesinato de dos ganaderos, quien fue trasladado a la casa de justicia regional para ser procesado).
Por todo ello Nestora optó por la huelga de hambre desde el pasado 5 de mayo y, el colmo, según denunció su hija Zaira ( La Jornada, 18/5/15) contrario a su aislamiento por casi dos años, ahora la llevan al comedor y le han tomado fotos obligada a detener una charola con alimentos, lo cual no es sólo tortura sicológica, lo hacen también para desvirtuar las pruebas en contra de las autoridades del penal.
La policía comunitaria de Guerrero ha advertido que tomará carreteras a partir del 2 de junio, hasta lograr la liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Decisión importante, aun cuando, hay que señalarlo, inexplicablemente tardía. Ante ello el gobernador de Guerrero pide impulsarel lado jurídico porque en el caso: no basta la presión política. Ahí está definido el ya consuetudinario dilema ¿esperar pasivamente a la justicia, que no es ciega, o ejercer el derecho a la protesta social frente a las violaciones a derechos humanos?
El gobernador ha mencionado también la posibilidad de que se envíe al Congreso local una iniciativa de ley de amnistía, hay materia para ello, habría que verlo; seguramente en ello operará el inminente factor electoral. Presas y presos políticos sobran. Por lo pronto, Marco Antonio Suástegui Muñoz y María de la Cruz Dorantes Zamora, Gonzalo Molina, Arturo Campos, otros presos de la CRAC y en especial la urgente necesidad de salvar a Nestora Salgado, cuyo caso, como tantos otros en Guerrero y en el país, nos muestran un patrón integral de impunidad y criminalización a líderes sociales y comunitarios, donde lamentablemente poco importa la aplicación del derecho.
Para ello juega también el racismo y la discriminación, incluso la ignorancia sobre el derecho reconocido a los pueblos indígenas. Cada vez que se habla de la posible liberación de Nestora, se incrementa la campaña de medios, en las voces de organizaciones como la del Alto al Secuestro, para darle un trato de delincuente a Nestora Salgado, antes que el de autoridad electa dentro de una institución como la policía comunitaria, reconocida legalmente. En Guerrero faltan también los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Fuente: La Jornada
