Una frase cambió su vida.
Hace dos años, la policía comunitaria de Olinalá, en el estado mexicano de Guerrero, detuvo a un hombre sospechoso de robar una vaca.
Nestora Salgado García era la jefa del grupo. Cuando la esposa del detenido le exigió que lo entregara a la fiscalía del estado, la mujer policía respondió:
“¿Para qué quiere que lo entregue? ¿Para que pague 20.000 pesos (unos US$1.200) y lo dejen libre?”.
Semanas después fue detenida por militares y marinos, acusada de secuestrar al detenido y a otras 50 personas, también señaladas de cometer delitos.
Uno de los argumentos para su aprehensión fue que había pedido 20.000 pesos para liberar al sospechoso de robar ganado.
“La señora cambió mis palabras”, le dice Salgado a BBC Mundo desde el hospital de la prisión donde se encuentra, en el sur de Ciudad de México.
“Al Ministerio Público le dijo que le pedí el dinero para liberar a su esposo, pero nunca lo ratificó” ante el juez.
Protestas
Desde agosto de 2013 permanece en la cárcel. Organizaciones civiles e incluso el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, han dicho que es “un caso de presos políticos”.
Y es que de acuerdo con las leyes estatales, Nestora y sus compañeros son reconocidos como agentes de seguridad.
Tenían permiso de capturar a las personas. No hubo plagio alguno, sostienen los abogados de la hoy detenida.
Diputados, senadores y activistas pro derechos humanos sostienen que el proceso es irregular.
Incluso se han realizado protestas en México y en ciudades de Europa, Australia y Estados Unidos.
El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en enero pasado solicitó al gobierno mexicano medidas cautelares para proteger la vida de la hoy presa.
Pero la presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, insiste en que el tema debe seguir los cauces legales.
“Le pedimos a los actores políticos que no se metan y que sean los jueces los que resuelvan”, le dice a BBC Mundo.
“Nosotros no sabemos si es culpable o inocente y no nos corresponde decirlo”.
Delincuentes
A Nestora Salgado le dicen “La Comandanta”, y fue la primera mujer en la historia en dirigir una policía comunitaria.
Estas corporaciones nacieron a mediados de la década de los 90 en la región montañosa de Guerrero, en el sur de México.
Vigilan sus pueblos y caminos vecinales, y desde hace más de una década tienen reconocimiento legal.
Incluso el gobierno del estado les provee de armas, camionetas y uniformes.
Ese fue el caso del grupo que a principios de 2013 fundó Salgado García, responsable de cuidar el municipio de Olinalá.
Violencia
Por esa época la región vivía una ola de secuestros, robos, extorsiones y asesinatos que no eran controlados por las corporaciones oficiales.
La policía comunitaria detuvo a varios de estos delincuentes, los que según el reglamento de la corporación fueron enviados a la Casa de Justicia del pueblo.
Algunos fueron sometidos a un proceso de reeducación y otros cumplieron su castigo con trabajo comunitario, según los usos y costumbres de la región.
Estas sanciones son aceptadas por las autoridades municipales y del estado.
Pero algunos de los detenidos por el grupo de Nestora denunciaron que en realidad fueron secuestrados y además recibieron maltrato.
La organización Alto al Secuestro acompañó a dos de ellos.
“Me meto en el caso cuando me buscan dos víctimas y, cuando llegan, ella ya tenía año y medio en la cárcel”, explica Isabel Miranda.
Juicio irregular
Organizaciones pro derechos humanos han señalado que en el proceso contra La Comandanta existen irregularidades.
Durante dos meses no se le permitió nombrar a su abogado, ni comunicarse con su familia.
Fue detenida por militares, aunque en el expediente del caso se menciona que la captura fue realizada por policías municipales.
Las personas que presuntamente fueron secuestradas por ella no han comparecido en el juicio.
De hecho un tribunal federal canceló las acusaciones por delincuencia organizada y secuestro, aunque todavía enfrenta otros procesos por homicidio.
Nestora dice que el día que se cometió el crimen ella se encontraba a cientos de kilómetros del lugar, en la ciudad de Tixtla.
“No hay pruebas contundentes que me tengan aquí”, dice en la habitación del hospital del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, donde se encuentra.
“Quieren dejarme loca”
La salud de La Comandanta se ha deteriorado en el tiempo que lleva en prisión.
Padece de neuropatía crónica que le provoca fuertes dolores y adormecimiento de piernas y brazos, especialmente en el clima frío.
Y es lo que más padece en la cárcel, dice, porque casi nunca le permiten salir a tomar el sol.
Nestora está convencida que en la policía comunitaria afectó intereses políticos de Guerrero que entorpecen su caso.
Además ha enfrentado la inconformidad de organizaciones como Alto al Secuestro y SOS ante las peticiones para que sea liberada cuanto antes.
Isabel Miranda cree que es lo único que puede hacerse. “Ni la condenamos ni la exoneramos”, subraya.
“Lo que queremos es que se le dé fin al caso, si la dejan en libertad porque es inocente no vamos a oponernos, pero que lo determine un juzgado, no un actor político”.
En eso coincide Nestora Salgado: que su juicio deje de alargarse irregularmente. “Si hubiera cometido un delito lo enfrentaría, pero no hice nada”, dice.
“Estoy cansada, a eso le apuestan. No sé qué quieren lograr. Dejarme loca tal vez. Es muy fuerte”.
Fuente: BBC Mundo
