Nestora Salgado, la líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa injustamente alrededor de tres años por supuestos secuestros, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presunta implicada en la desaparición de Hugo Alberto Wallace, lanzaron aquí una campaña internacional contra la fabricación de culpables a manos del gobierno mexicano.
Como los rostros visibles de dos casos que –denunciaron– demuestran la fabricación de culpables, Salgado y Cruz iniciaron la campaña para proyectar hacia el exterior las graves violaciones a los derechos humanos en México.
En rueda de prensa, las dos mujeres y la periodista Guadalupe Lizárraga señalaron que con ello buscan ponerle “rostro” a cientos de personas presas cuyos casos fueron basados en tortura o pruebas sembradas.
Salgado, quien salió de prisión en marzo pasado, luego de dos años y ocho meses presa, denunció que sigue siendo perseguida porque el Ministerio Público de Guerrero presentó una apelación sobre su caso, pero además, dijo, sigue siendo amenazada, y el pasado miércoles 4 la casa de su hija en Olinalá fue baleada por personas desconocidas.
A su vez, Enriqueta Cruz expondrá ante Amnistía Internacional-España el caso de su hija Brenda Quevedo, implicada en el secuestro y desaparición de Hugo Wallace mediante fabricación de pruebas, torturas y vejaciones.
Guadalupe Lizárraga, del portal Los Ángeles Press, señaló que se trata de una campaña para denunciar los casos de presos políticos y la fabricación de culpables utilizando las instituciones políticas mexicanas, y con ello documentar el estado de corrupción e impunidad imperante.
Recordó que diversas organizaciones y las redes sociales ayudaron a que la familia y la defensa de Nestora lograran focalizar la atención y presionar para que la activista de Olinalá saliera de prisión.
Salgado recordó que Naciones Unidas recomendó al gobierno mexicano su excarcelación, debido a que había una fabricación de pruebas en su acusación.
“El gobierno tiene todo el poder para encerrar a una persona, fabricarle delitos, como a mí que me acusaron de casi 60 secuestros, delincuencia organizada, asesinato, robo, pero solo yo fui acusada de todos esos delitos”, apuntó.
Comentó que las acusaciones eran tan rocambolescas que sólo a ella la acusaron de secuestros, algunos de los cuales supuestamente se cometieron de forma simultánea en sitios distintos, distantes 12 horas por tierra uno de otro.
También recordó que se le acusó de asesinato como actora material, pero Nestora demostró que cuando la acusación aseguraba que había perpetrado ese delito, ella se encontraba en una reunión con el entonces gobernador y luego dio una conferencia de prensa.
Aunque un tribunal ordenó su liberación cuando tenía 20 meses interna, las autoridades la mantuvieron un año más en un centro penitenciario donde además estaba totalmente aislada. “Fue una violación arbitraria a mis derechos y a las leyes”, acusó.
Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presunta implicada en la desaparición de Hugo Alberto Wallace, relató su testimonio sobre las acusaciones provenientes de Isabel Miranda de Wallace y cómo las autoridades se rindieron a los dictados de esta persona para inculpar a gente en el caso de su hijo.
Relató todas las inconsistencias del caso y dijo que presentó ya siete denuncias ante diversos organismos, incluidos los de derechos humanos, pero hasta ahora no tuvieron eco.
Uno de esos casos, dijo, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México en época de Raúl Plascencia, pero su causa no tuvo éxito “porque este señor Plascencia era una persona puesta ahí y apoyada por la señora Wallace”.
La madre de Brenda ofreció un emotivo relato del caso de su hija y de las torturas y vejaciones a la que fue sometida en prisión, asunto que en su momento fue publicado con amplitud por el semanario Proceso.
Explicó que tras haber desvelado –con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos de Montreal– los indicios que existen de que Hugo Alberto Wallace está vivo, fue denunciada por la señora Wallace y llevada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Ambas activistas reconocieron que tienen miedo de que esta campaña internacional pueda provocar una reacción en su contra desde las instituciones del gobierno mexicano, y subrayaron que el objetivo es visibilizar en el exterior lo que está sucediendo en México.
Fuente: Proceso
