Por Iván Restrepo
Como si no les bastara lo que ya tienen, los grupos Carso, Alfa y México buscarán obtener licitaciones para explotar hidrocarburos y otras fuentes de energía. Así lo anunció el secretario del ramo, Pedro Joaquín Coldwel. Es uno de los frutos de la reciente reforma energética. Nada nuevo, pues los tres grupos llevan lustros con actividades en dichos ramos. El funcionario también dijo que directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad realizarán este mes una gira nacional acompañados de quienes presiden las cúpulas empresariales, a fin de invitar a invertir en las industrias petrolera, petroquímica y eléctrica.
Por su parte, Gustavo Hernández, director de exploración y producción de Pemex, reveló que sus preferidas para asociarse son las trasnacionales Chevron, Exxon y Shell. Todas con un largo y negro historial de daños al medio ambiente y los recursos naturales lo mismo en Perú y Ecuador que en Alaska, el Golfo de México o África. Los procesos para que paguen por ello han sido tortuosos para las poblaciones y gobiernos afectados, y una muestra del poder de las trasnacionales a la hora de fijar indemnizaciones por los crímenes ambientales que cometen.
Pero no hay que ir muy lejos para ejemplificar la tardanza en hacer justicia. Todavía no la tienen los familiares de los nueve trabajadores que murieron hace un año al perforar accidentalmente el ducto que lleva amoníaco de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Los familiares y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec se quejan de la tardanza de la Procuraduría General de la República y la del Medio Ambiente en realizar las averiguaciones correspondientes. Es de imaginar el largo proceso para sancionar a la empresa responsable de la tragedia que no termina en los siete municipios de Sonora por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas. Las autoridades federales prometieron obligar al Grupo México a pagar todos los daños ocasionados. Pero ese grupo, propiedad de la segunda fortuna más grande del país, se distingue por la impunidad que lo rodea.
Hay más noticias desalentadoras: tantas veces como en diversos sexenios el gobierno federal ha prometido evitar la extinción de la vaquita marina, tantas otras los grupos que estudian y a protegen esa especie única en el mundo alertan que está al límite. El más reciente llamado a impedir esa pérdida definitiva lo suscriben instituciones nacionales y externas. Afirman que si no se toman medidas urgentes, la vaquita marina (únicamente vive en el alto golfo de California) desaparecerá este sexenio. Ella cae incidentalmente en las redes de los pescadores que capturan camarón y tiburón. Igual sucede con la totoaba, otra especie endémica única en el planeta y en peligro de extinción. Las autoridades llevan décadas anunciado, sin éxito, su protección.
Se puede lograr que sobrevivan para siempre ambas especies con medidas estrictas que eviten las malas artes de pesca y creando empleo productivo en el Alto Golfo. Para ello bastaría el dinero que los funcionarios públicos más encumbrados y los legisladores utilizan para elogiarse con machacona publicidad en la tele y en los medios afines al poder.
A la mala noticia sobre el destino nada prometedor de la vaquita y la totoaba, se contrapone una buena iniciativa, si efectivamente se cumple: llevar el programa de uso racional del agua vigente en los predios e instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México a varios municipios de Tlaxcala, Oaxaca y Puebla. En amplias regiones de las tres entidades escasea el líquido; y en las que abunda, es mal utilizado en las poblaciones y el sector agropecuario. Las tres, igualmente, tienen contaminadas todas sus cuencas hidrográficas. Destaca la del Atoyac, basurero de las aguas negras de los centros urbanos, la industria y las actividades agropecuarias de varias entidades. En diversas ocasiones se han anunciado programas integrales para regresarle la salud ambiental a dicha cuenca. Sin embargo, cada vez está más deteriorada. Igual que la presa Valsequillo, para la que también abundan los programas de limpieza incumplidos.
Fuente: La Jornada
