Por Pedro Miguel
El negocio que pretende cerrar Peña no es tan fácil de legitimar porque en México el estatuto nacional de la industria petrolera es mucho más que un mandato constitucional: forma parte de la conciencia nacional mayoritaria.
Al calor de la crisis que estalló a finales de 1994 –y que fue provocada, en buena medida, por los turbios manejos económicos de su antecesor Carlos Salinas– Ernesto Zedillo y sus asesores idearon el negocio de convertir deuda privada en pública, es decir, hacer pagar al conjunto de la población enormes sumas de dinero dilapidado o robado por banqueros y otros empresarios. Éstos mantuvieron sus fortunas intactas, en tanto que el grueso de la sociedad se empobreció por efecto de la inflación, la devaluación, los recortes presupuestales y las políticas de contención salarial del sexenio; muchos perdieron total o parcialmente su patrimonio, mientras un puñado de favorecidos por el régimen multiplicaron sus fortunas en el casino con dados cargados que fue la conversión del Fobaproa en IPAB, una maniobra legislativa ejecutada por el PRI y por el PAN.
En el curso del sexenio siguiente, encabezado por Vicente Fox, el país recibió, por el incremento en los precios petroleros internacionales, recursos inesperados equivalentes a más de 70 mil millones de dólares. Con tales recursos habría podido pagarse la deuda que dejó el zedillato, pero hasta la fecha nadie ha podido explicar a cabalidad el destino de ese dinero. En cambio, es de dominio público el enriquecimiento de la familia foxista mediante, entre otros negocios, la adquisición a precios irrisorios de bienes del Fobaproa.
El ahora ex presidente Vicente Fox estudia la posibilidad de volverse narcotraficante –así lo ha ostentado de manera pública– si es que llegara a prosperar una modalidad de despenalización de la droga (apoyada, también por cierto, por Zedillo, empleado de empresas con intereses en el mercado farmacéutico) que no sería sino una transferencia de la intermediación, como la definió con sorprendente precisión el narcotraficante boliviano Roberto Suárez Gómez, ya fallecido (http://goo.gl/BZJHLI). ¿Qué sentido tiene que el régimen siga disputando territorio y poder a losnarcos tradicionales (o al revés: es lo mismo) si dispone del Congreso para transferir la intermediación a sus empresarios honorables?
Todo negocio tiene dos puntas. Así como el ex gerente de la Coca-Cola pretende hacer dinero vendiendo droga legalizada (un escenario que sería una vuelta a los orígenes para la compañía que fue su alma mater), su sucesor, Felipe Calderón, auspició la realización de enormes operaciones comerciales de carácter bélico –adquisición de armamento, sistemas de inteligencia y comando, venta de protección, compra de testigos y otras– para su guerra contra la delincuencia y el narcotráfico. La guerra de Calderón no sólo sirvió a empresas registradas (en el extranjero, sobre todo) sino que también dio margen para que los capos de la droga y el crimen organizado expandieran sus fortunas, sus zonas de control, su capacidad organizativa, su poder de fuego y su poder de compra de funcionarios. Se tiene ahora la noción de que las políticas de seguridad pública del calderonato costaron más de cien mil vidas pero no existe hasta la fecha un cálculo integral del dinero que el país perdió en eso que ha sido, al mismo tiempo, la lucha contra, y la promoción de, un sector completo de la economía nacional.
Ahora Enrique Peña Nieto intenta otra modalidad de transferencia de la intermediación: su iniciativa de reforma legal presentada ayer busca transferir a manos privadas la industria petrolera, la cual corresponde en exclusiva, de acuerdo con el estatuto constitucional y legal aún vigente, a la nación: un nuevo capítulo en el fomento al enriquecimiento de unos cuantos y en el empobrecimiento de la población en general. La renta petrolera, dinero que hoy pertenece legalmente a todos –aunque los gobernantes en turno lo privaticen en corto día a día, es decir, aunque se lo roben– iría a parar, total o parcialmente, a los bolsillos de los dueños reales del poder político.
Zedillo presentó el tema del Fobaproa en forma lo suficientemente complicada para que la mayoría no entendiera que se trataba de un robo. Fox camufló, entre mecanismos de transparencia, la desaparición de decenas de miles de millones de dólares; Calderón engatusó a algunos sectores con la mentira de la seguridad pública. El negocio que pretende cerrar Peña no es tan fácil de legitimar porque en México el estatuto nacional de la industria petrolera es mucho más que un mandato constitucional: forma parte de la conciencia nacional mayoritaria. Por eso el intento de reforma del peñato tiene que ir presentado en forma hipócrita –la palabra privatización ni siquiera se menciona– y mendaz hasta el punto de invocar al general Lázaro Cárdenas del Río como supuesto simpatizante temprano de la privatización. Negocios son negocios.
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