“En territorio mexicano agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales del Departamento de Justicia se reunieron y negociaron, en secreto, con miembros de cárteles del narcotráfico para obtener información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país”, publica El Universal.
Durante un año, el rotativo obtuvo documentos oficiales y judiciales de México y de Estados Unidos, entrevistó a más de un centenar de funcionarios en activo o retirados de ambos países; a detenidos, familiares de detenidos, especialistas, aunque sólo se incluye aquí a los que aceptaron ser identificados, de acuerdo con un reportaje firmado por Doris Gómora.
La DEA, el Departamento de Justicia, así como otras agencias estadounidenses consultadas por este medio sobre las reuniones de sus agentes con narcotraficantes, declinaron hacer comentarios al respecto.
Ninguna autoridad mexicana reportó al Congreso de la Unión esos encuentros. Hasta ahora tampoco se ha abierto en México alguna investigación sobre dichas reuniones en territorio mexicano.
El texto intitulado “Tuvo DEA puertas abiertas con FCH” se publica como la nota principal del rotativo en su edición de este lunes 6 de enero de 2014.
Documentos judiciales, cuya copia tiene El Universal, indican que el gobierno de Estados Unidos conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, para obtener información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Coincidiendo con los dos sexenios panistas, fiscales de Estados Unidos como Steve Fraga, así como agentes de la DEA como Manuel Castañón, David Herrod y Carlos Mitchem, quien era asistente del director regional, se reunieron con traficantes de droga en México.
David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en EU, autorizaron que sus agentes se reunieran con miembros de cárteles sin informarlo al gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos por escrito, que los narcotraficantes siguieran operando.
“En gran parte porque estamos ahí [México] en operación para recabar datos de inteligencia para apoyar las investigaciones en Estados Unidos. En ese sentido, he entrevistado a varios miembros de cárteles y narcotraficantes como Zambada-Niebla en México. No es como entrevistar a un fugitivo que camina en mi oficina en San Diego. En San Diego puedo arrestar al fugitivo. En México no puedo”, afirmó el agente de la DEA Manuel Castañón en su declaración por escrito integrada al proceso de Vicente Zambada Niebla en Chicago.
Al respecto, Rusty Payne, vocero de la agencia antidrogas de Estados Unidos señaló que “la DEA no hará comentario sobre estos reportes en curso. El señor (David) Gaddis no trabaja ya para la DEA”.
La DEA ha operado de la misma manera en Colombia desde los 80s, en Cambodia, en Thailandia, y desde hace más de 10 años también en Afganistán es el estándar modus operandi de la agencia, explicó Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia.
‘Claro que este modus operandi implica una violación del derecho internacional público, además de representar más gasolina al fuego de la violencia, con violaciones al debido proceso y a derechos humanos”, destacó Buscaglia.
En éste sentido, agregó que lo hecho y deshecho por la DEA viola la convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada “ya que exige que toda investigación transnacional de un Estado, dentro del territorio soberano de otro Estado, siempre se sujete al marco jurídico vigente en el territorio en donde la técnicas de investigación se implementen”.
Según el diario, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto en el gobierno de Estados Unidos se sucedían las críticas sobre el temor de que la nueva administración priista pudiera negociar con los carteles del narcotráfico, entre otras razones, para acabar con la violencia. “Sin embargo, el gobierno estadounidense ya había negociado con los cárteles”.
“Entre el año 2000 y el 2012, coincidiendo con los sexenios panistas, pero en especial entre el 2006 y 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón el gobierno de Estados Unidos estableció con el gobierno mexicano convenios de colaboración, sin precedentes en la historia del país, para el combate al narcotráfico; y en paralelo creó una guerra secreta en México a través de sus agentes que se reunieron directamente con miembros de los carteles”, se agrega.
Las reuniones de los agentes de la DEA, de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como de los fiscales del Departamento de Justicia con narcotraficantes en México fueron autorizadas desde Estados Unidos, de acuerdo con documentos judiciales.
En junio de 2009 un acuerdo entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos permitió que agentes de la DEA como del ICE tuvieran autoridad para investigar a sospechosos de narcotráfico en la frontera como a nivel internacional, terminando con ello una disputa de años entre esas agencias.
“Sin la presencia de alguna autoridad mexicana, como lo establecen los acuerdos binacionales; sin informar al gobierno de México, los agentes de la DEA se reunieron con los miembros de los cárteles, en territorio mexicano, para obtener información de sus rivales y al mismo tiempo construyeron una red de informantes de narcotraficantes quienes firmaban acuerdos de cooperación, sujetos a resultados, para que pudieran obtener beneficios futuros, entre ellos la cancelación de cargos en Estados Unidos.
“En algunas ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones, sin citarlas, al gobierno de México para que los policías o militares mexicanos realizarán detenciones. En el sexenio de Calderón 12 de las importantes detenciones de narcotraficantes fueron producto de la DEA, esto último de acuerdo con reportes de la agencia antidrogas.
“Uno de los casos que comenzó a delatar las negociaciones entre agentes estadounidenses y cárteles mexicanos se registró a finales de noviembre del 2006, finales del sexenio de Vicente Fox, cuando el cuerpo de un hombre fue arrojado en el parque El Chamizal ubicado cerca del puente internacional Córdoba-Las Américas que comunica Ciudad Juárez, Chihuahua con El Paso, Texas”, de acuerdo con el texto de El Universal.
En la cara del hombre fueron pegadas, con cinta adhesiva, las tarjetas de presentación de los agentes antinarcóticos del ICE Raúl Bencomo y Tod Johnson, así como un dedo índice en la boca del difunto.
Los dos agentes del ICE fueron señalados durante el proceso, en Estados Unidos, de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, ubicado como informante pagado del ICE así como miembro del cártel Juárez, quien condujo a una residencia del fraccionamiento Las Acequias en Ciudad Juárez donde se encontraron 12 cadáveres en enero de 2004, la cual fue conocida como “la casa de la muerte”, reportó en su momento éste medio.
En marzo de 2010, Jesús Manuel Fierro Méndez miembro del cártel de Sinaloa y ex capitán de la policía de Ciudad Juárez, testificó en El Paso que fue portavoz del Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en reuniones personales con agentes del ICE.
“Había dos de nosotros que éramos, digamos, como portavoces. Nosotros pasábamos toda la información. Pero esta información la recibíamos, obviamente, de niveles más altos”, declaró Fierro Méndez, quien afirmó que fue El Chapo quien le autorizó reunirse con el ICE e informar de las actividades de los cárteles rivales.
La Oficina de Inmigración y Aduanas abrió una investigación sobre manejo inapropiado de fuentes por parte de agentes del ICE que se reunieron y negociaron con miembros del cartel de Sinaloa para obtener información de grupos rivales. No se hicieron públicos los nombres de los agentes.
Entre 2009 y 2011 agentes de la DEA en la oficina de Houston establecieron contactos directos con miembros importantes del cártel del Golfo y de Los Zetas para obtener información de organizaciones rivales, pero los nombres de los agentes y de los informantes no se han hecho públicos tampoco.
“El gobierno de Estados Unidos y sus varias agencias tienen una larga historia de proporcionar beneficios, permisos, e inmunidad a criminales y sus organizaciones para cometer crímenes, incluyendo asesinato, en pago por recibir información en contra de otros criminales, y otras organizaciones”, destacó la defensa de Zambada Niebla en el documento 94.
Dicha táctica, menciona, ha sido extensivamente usada por el Departamento de Justicia y su varias agencias en “la guerra contra las drogas” sin preocupación por la pérdida de vidas tanto en México como en Estados Unidos, y sin preocuparse por el continuo tráfico de drogas a territorio estadounidense o que se termine su consumo, según El Universal.
El 18 de marzo de 2009 en una habitación del Hotel Sheraton, a las 12:05 de la noche, los agentes de la DEA Manuel Castañón y David Herrod se reunieron por 30 minutos con Vicente Zambada Niebla y el abogado Humberto Loya-Castro, estos últimos ubicados en Estados Unidos y en México como miembros del cartel de Sinaloa.
“La reunión que fue planeada con tres meses de anticipación y desautorizada de último minuto por David Gaddis, director regional de la DEA con sede en la embajada de Estados Unidos en México, debido a una filtración a un periódico, finalmente no pudo ser evitada por los agentes antidrogas cuando Vicente Zambada arribó con Loya Castro. Cinco horas más tarde Zambada Niebla fue detenido por el Ejército mexicano”, cita El Universal.
